El juicio popular a Begoña
Novela de ficción
Capítulo 1
La sala olía a café rancio, madera vieja y aire acondicionado que no acababa de vencer el calor de Madrid. Nueve sillas alrededor de una mesa rectangular. Nueve ciudadanos que no se conocían de nada y que, durante las horas siguientes, tendrían que decidir si la mujer del presidente del Gobierno había cometido tráfico de influencias y malversación.
El presidente del jurado, un madrileño de cincuenta y pico años llamado Javier Moreno, camarero jubilado de Chamberí, golpeó la mesa con los nudillos.
—Bien. Ya hemos oído al juez, a la acusación popular, a la Fiscalía y a la defensa. Ahora nos toca a nosotros. Primera votación, a mano alzada, para ver por dónde vamos. ¿Culpable?
Se levantaron cinco manos: los dos madrileños, los dos ceutíes y el valenciano.
Javier miró a los otros cuatro.
—¿Absolución?
Los dos vascos y las dos catalanas alzaron la mano al mismo tiempo, como si se hubieran puesto de acuerdo en el pasillo.
Ander Etxebarria, electricista de Sestao, de sesenta y dos años, voz grave y acento que no disimulaba, habló el primero:
—Yo no voto condenar a nadie por ser la mujer de. Eso no es un delito. Si hay pruebas, que las pongan encima de la mesa. Hasta ahora he visto recortes de periódico, una cátedra que se creó en tres meses y un software que nadie sabe muy bien de quién es.
Núria Soler, profesora de instituto en Terrassa, lo apoyó de inmediato:
—Exacto. La Fiscalía pide la absolución. Eso no es menor. Si el ministerio público, que es quien representa al Estado, dice que no hay delito, ¿nosotros vamos a ser más papistas que el Papa?
Paco Ramírez, funcionario de Correos en Ceuta, se recostó en la silla y cruzó los brazos.
—La Fiscalía también pedía el archivo de otros casos que luego acabaron en condena. No me fío. Esta señora se reunió con el rector en Moncloa. En Moncloa. Y a los tres meses tenía una cátedra a su nombre. ¿Eso le pasa a cualquier ciudadana?
Fatima El Haddadi, comerciante de Ceuta, asintió.
—En Ceuta sabemos lo que es que te abran o te cierren puertas según quién eres. Aquí no se trata de política. Se trata de si usó el cargo de su marido.
El valenciano, Toni Ferrer, taxista de Burjassot, interrumpió:
—A mí me da igual de dónde sea cada uno. Lo que veo es que cobró de la universidad cada vez más dinero después de que se creara esa cátedra. Y que su asesora de Moncloa le hacía recados privados. Eso, en mi pueblo, se llama aprovecharse.
Javier, el presidente, levantó las dos manos.
—Tranquilos. Esto no es un mitin. Vamos a ir punto por punto. Empezamos por el tráfico de influencias.
La deliberación había empezado.
Capítulo 2
Ander pidió la palabra otra vez.
—El rector declaró que la conoció “por los medios, obviamente, porque es la mujer del presidente”. Eso lo dijo él. ¿Eso es prueba de presión? ¿O es que en este país todo el mundo sabe quién es la mujer del presidente y eso ya te convierte en delincuente?
Jordi Puig, arquitecto de Barcelona, que hasta entonces había estado callado tomando notas, levantó la vista.
—En Cataluña hemos visto cómo se usan las instituciones contra determinadas personas. Yo no digo que Begoña Gómez sea santa. Digo que el listón de la prueba tiene que ser el mismo para todos. Aquí la acusación popular pide trece años. Trece. Eso no es justicia, es ajusticiamiento.
Miren Urrutia, enfermera de Donostia, intervino con calma:
—Yo trabajo en un hospital público. Si yo usara a una auxiliar para que me organizara un máster particular, me echarían. Pero también sé que hay que demostrar dolo. ¿Dónde está el mensaje, el audio, el testigo que diga “hazle la cátedra o te quedas sin presupuesto”?
Paco, el ceutí, golpeó la mesa suavemente.
—No hace falta un audio. El influjo moral existe. La Audiencia de Madrid lo dijo: parece verosímil que logró el influjo desde su posición privilegiada. No es un invento mío.
Lourdes Vega, la otra madrileña, administrativa de un centro de salud en Carabanchel, habló por primera vez:
—Yo vivo en un barrio donde la gente no consigue ni cita con el especialista. Y resulta que la mujer del presidente consigue una cátedra extraordinaria en tiempo récord, con empresas grandes colaborando y un software que después parece que se queda en su ámbito. Perdón, pero a mí eso me huele.
Toni, el valenciano, añadió:
—Y no cobró “cero euros”, como dicen algunos. Las retribuciones subieron. De cantidades residuales a casi quince mil euros en un curso. Eso está en el auto.
Núria Soler replicó con sequedad:
—Quince mil euros al año por dirigir un máster y una cátedra no es un botín. Es un sueldo académico bajo, de hecho. Si eso es malversación, medio profesorado universitario de este país está en el banquillo.
El ambiente se fue cargando. Ya no era solo el caso. Empezaban a salir las heridas territoriales.
Capítulo 3
Javier intentó recentrar el debate.
—Hablemos del software. Eso es lo que más les duele a la universidad. Ciento trece mil euros de perjuicio, dicen.
Ander se rió por lo bajo.
—La universidad se personó cuando olieron el escándalo. Antes no dijeron nada. El software se desarrolló con recursos de la cátedra y colaboración de empresas. ¿Eso lo convierte automáticamente en patrimonio personal de Begoña Gómez? Porque yo no he visto la escritura de propiedad a su nombre.
Fatima insistió:
—Lo usó. Lo puso a disposición de su actividad. Y su asesora de Moncloa, que cobra del Estado, le ayudaba en gestiones de la cátedra. Eso es usar lo público para lo privado.
Jordi Puig se inclinó hacia adelante.
—¿Y cuántos altos cargos, esposas, cuñados y amigos de políticos de todos los colores han hecho exactamente lo mismo durante décadas? ¿Por qué este caso sí y los otros no? Porque es ella. Porque es ahora. Porque hay un juez que ha convertido esto en su última cruzada antes de jubilarse.
Lourdes le cortó:
—Eso es lo que dice Moncloa. “Persecución judicial”. Muy cómodo. Cada vez que investigan a alguien del entorno, es lawfare. Cuando investigan a los otros, es justicia.
Miren, la vasca, levantó la voz por primera vez con cierta dureza:
—En Euskadi también hemos tenido nuestros casos. Y también hemos visto instrucciones que parecían más políticas que jurídicas. Yo no voy a condenar a una mujer porque su marido sea presidente. Si las pruebas son débiles, son débiles. Punto.
Paco Ramírez no se calló:
—Las pruebas no son débiles. Hay una secuencia: reunión en Moncloa, cátedra exprés, empresas que colaboran, software, asesora pública trabajando en asuntos privados, retribuciones al alza. Eso no es coincidencia. Eso es un patrón.
Toni Ferrer, que hasta entonces había estado más contenido, soltó:
—A mí lo que me jode es el cinismo. Mientras la gente hace colas en Sanidad y no llega a fin de mes, resulta que hay quien usa la residencial oficial como despacho de negocios. Da igual el partido. Da igual la región. Eso es privilegio.
La discusión se enredó durante más de una hora. Se repasaron declaraciones del rector, del vicerrector, informes de la UCO, escritos de la Fiscalía y de la acusación popular. Cada uno interpretaba los mismos papeles de forma distinta.
Capítulo 4
Hacia el mediodía el presidente del jurado propuso un receso. Nadie quería receso. El aire estaba demasiado cargado.
Jordi Puig rompió el silencio:
—Voy a decir algo que igual no gusta. En Cataluña mucha gente mira este juicio y ve otra cosa: ve a Madrid juzgando. Ve a un juez de instrucción que ha ido sumando delitos y luego la Audiencia le ha ido recortando. Ve a una acusación popular de cierto signo. Y se pregunta si esto habría llegado tan lejos si el apellido no fuera Gómez y el marido no se llamara Sánchez.
Javier Moreno, el madrileño presidente, se puso rojo.
—No empieces con el victimismo periférico. Aquí no se juzga a Cataluña ni al País Vasco. Se juzga a una persona concreta por hechos concretos ocurridos en Madrid, en una universidad madrileña, con recursos que en parte son de todos.
Ander replicó:
—Y sin embargo los que más rápido habéis levantado la mano para condenar sois los de Madrid, Ceuta y Valencia. Casualidad.
Fatima El Haddadi no se amilanó.
—En Ceuta no tenemos el lujo de verlo todo como una guerra de relatos. Nosotros vivimos en una ciudad donde el Estado o está o no está. Y cuando alguien usa el Estado para su proyección personal, lo notamos. No es odio a Begoña Gómez. Es cansancio de ver siempre las mismas puertas abiertas para los mismos.
Núria Soler apoyó la barbilla en la mano.
—El problema es que habéis mezclado el caso con vuestra rabia general. Rabia contra el Gobierno, contra el presidente, contra “los de siempre”. Eso no es un veredicto. Eso es un ajuste de cuentas.
Lourdes Vega contestó:
—¿Y vosotros no estáis mezclando el caso con vuestra rabia contra “Madrid”, contra “el Estado”, contra “la derecha judicial”? También es un relato.
El valenciano, Toni, que había escuchado más de lo que había hablado en esa ronda, dijo algo que dejó la sala en silencio unos segundos:
—A lo mejor los dos tenéis razón. A lo mejor este juicio no es solo sobre Begoña Gómez. Es sobre si en este país todavía creemos que la mujer de un presidente puede ser juzgada como cualquier otra o si automáticamente se convierte en símbolo. Y los símbolos no se juzgan bien.
Capítulo 5
Volvieron al software y a la asesora. Fue el tramo más técnico y, paradójicamente, el más visceral.
Paco Ramírez leyó en voz alta fragmentos que había apuntado:
—La universidad reclama 113.000 euros. El software se desarrolló con fondos de la cátedra. Hay indicios de que se pretendía un uso o titularidad que no era estrictamente universitaria. La asesora de Moncloa participó en gestiones. Eso, para mí, es malversación en concurso con tráfico de influencias.
Ander contestó punto por punto.
—Indicios. Pretendía. Parece. La Fiscalía no ve delito. La defensa dice que el software nunca salió del ámbito académico de la forma que se cuenta. Y la asesora también tenía funciones de apoyo a la actividad institucional de la esposa del presidente, que no es una ciudadana anónima. Se puede criticar el modelo, se puede decir que es feo, que es opaco, que huele mal. Pero feo no es automáticamente delito.
Miren Urrutia añadió:
—Yo he visto en la sanidad pública cómo se usan recursos para proyectos que luego quedan en un cajón o se desvirtúan. No por eso imputamos a todo el mundo. Hace falta apropiación consciente y perjuicio claro. Aquí el perjuicio lo cuantifica ahora la universidad, cuando el escándalo ya está montado.
Jordi Puig fue más lejos:
—Si condenamos con este nivel de prueba, estamos diciendo que cualquier persona cercana a un cargo público que consiga una colaboración universitaria o empresarial en tiempo récord es delincuente. Eso no es Estado de derecho. Eso es sospecha generalizada.
Lourdes no cedió.
—No es cualquier persona. Es la esposa del presidente que se reúne en la residencia oficial con el rector y al poco tiene la cátedra. El contexto no se puede borrar. El contexto es parte del hecho.
Toni Ferrer, cada vez más cansado, resumió su posición:
—Yo distingo dos cosas. Una: si esto es elegante o no. No lo es. Dos: si está probado más allá de duda razonable que cometió los dos delitos. En el tráfico de influencias yo veo más sombra que luz. En la malversación, sobre todo por el uso de la asesora y el destino del software, veo más sustancia. Por eso voto culpable.
Fatima asintió.
—Exacto. No hace falta que se haya llevado un maletín con dinero. El privilegio también se malversa.
Capítulo 6
A última hora de la tarde el presidente propuso una segunda votación informal. El resultado no se movió: cinco a cuatro.
Javier Moreno, visiblemente irritado, dijo:
—Esto no puede quedar en empate eterno. Tenemos que argumentar de verdad, no repetir eslóganes de Twitter.
Ander Etxebarria se levantó y se paseó detrás de su silla.
—Yo no voy a cambiar el voto por cansancio. Si me convencéis con un hecho nuevo, lo cambio. Hasta ahora lo que oigo es: “es la mujer de”, “se reunió en Moncloa”, “la cátedra salió rápido”, “huele mal”. Todo eso puede ser verdad y aun así no ser delito. El Derecho penal no funciona por olfato.
Núria Soler lo secundó:
—Y hay un riesgo enorme. Si este jurado condena con pruebas tan discutidas, el mensaje que se lanza no es “nadie está por encima de la ley”. El mensaje es “depende de quién seas y de qué viento político sople”.
Paco Ramírez se plantó.
—El mensaje contrario es peor: que hay un círculo intocable. Que si eres esposa de presidente, las reuniones en Moncloa son “protocolo”, las cátedras exprés son “mérito” y el uso de asesores públicos es “apoyo institucional”. Eso también destruye la igualdad.
Lourdes Vega, más emocional que al principio, confesó:
—Yo entré aquí cabreada. Lo admito. Cabreada con el Gobierno, con el tono de superioridad, con la sensación de que siempre hay una explicación para los suyos. Pero he intentado leer los papeles. Y cuanto más los leo, menos me parece una coincidencia inocente.
Miren Urrutia contestó con una frase que cortó el aire:
—Pues yo entré aquí desconfiada. Desconfiada de un juez que ha ido inflando la causa, de una acusación popular con agenda, de un clima de linchamiento. Y cuanto más oigo a algunos de vosotros, más claro tengo que parte de este juicio no es sobre Begoña Gómez. Es sobre Pedro Sánchez. Y yo no he venido a votar contra el presidente a través de su mujer.
Jordi Puig cerró el círculo catalán-vasco:
—Exacto. Si hay que condenarla, que sea porque los hechos lo imponen, no porque representa a un Gobierno que a muchos les sobra.
El valenciano, Toni, miró a unos y a otros.
—Entonces estamos igual que al principio. Cuatro veis persecución. Cinco vemos privilegio. Y Begoña Gómez está en medio.
Capítulo 7
La última ronda fue más corta y más tensa. Ya no se discutían tanto los folios como lo que cada uno estaba dispuesto a asumir.
Javier Moreno, como presidente, planteó la votación definitiva.
—Tráfico de influencias y malversación. Culpable o no culpable. Uno por uno.
Javier Moreno (Madrid): Culpable.
Lourdes Vega (Madrid): Culpable.
Paco Ramírez (Ceuta): Culpable.
Fatima El Haddadi (Ceuta): Culpable.
Toni Ferrer (Valencia): Culpable.
Ander Etxebarria (Euskadi): No culpable.
Miren Urrutia (Euskadi): No culpable.
Jordi Puig (Cataluña): No culpable.
Núria Soler (Cataluña): No culpable.
Cinco a cuatro.
Javier respiró hondo.
—Hay veredicto de culpabilidad por mayoría. Ahora la pena. La acusación pedía mucho más. Nosotros tenemos margen. Propongo cinco años. Ni el máximo ni una simbólica. Cinco años.
Los cinco que habían votado culpable asintieron, unos con más convicción que otros. Los cuatro restantes se negaron a entrar en el debate de la pena.
Ander dijo solo:
—No participo en dosificar una condena que considero injusta.
Núria añadió:
—Queda constancia de nuestro voto particular.
El presidente recogió el resultado. La sala se quedó en silencio. Fuera se oía el tráfico de Madrid. Dentro, solo el ruido del bolígrafo al firmar el acta.
Nueve personas. Cuatro abstenciones morales. Cinco votos de condena. Begoña Gómez, en aquella ficción de sala cerrada, quedaba condenada a cinco años de prisión.
Epílogo
Cuando salieron, ya era de noche. No se miraron mucho. Cada uno volvió a su tren, a su avión, a su autobús, a su vida.
En Euskadi y en Cataluña, al día siguiente, muchos hablaron de linchamiento político y de jurado partido por el mapa. En Madrid, Ceuta y Valencia, otros hablaron de que por fin alguien del entorno del poder había pagado.
Begoña Gómez, en esta novela, escuchó la sentencia con el rostro tenso y el mismo silencio con el que había seguido casi todo el proceso. Cinco años. El número que los cinco jurados de la mayoría habían pactado como término medio entre su enfado y su prudencia.
Fuera de la ficción, el caso real seguía su camino judicial, con la Fiscalía pidiendo la absolución, la acusación popular pidiendo una pena mucho mayor y la Audiencia pendiente de fijar fechas. Dentro de estas páginas, sin embargo, el juicio popular ya había terminado.
Nueve ciudadanos. Dos países emocionales dentro de uno solo. Una mujer en el centro. Y una condena que, como casi todo en aquella España, unos llamaron justicia y otros llamaron venganza.
Fin.
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