ECONOMÍA Y RECURSOS

ECONOMÍA Y RECURSOS

1. Diseñar y aplicar un nuevo Plan Hidrológico Nacional bajo el principio de la solidaridad y el bien común. Un Plan que desde el respeto a la sostenibilidad de los recursos hídricos y de los ecosistemas, permita una gestión eficiente del agua.
2. Drástica reducción del gasto político. Eliminación de cargos y organismos duplicados, ideológicos o por cualquier otra razón prescindibles. Cerrar organismos destinados a crear estructuras paralelas al Estado, las televisiones autonómicas, defensores del pueblo, Consejos Consultivos, Agencias Meteorológicas, etcétera.
3. Fusión de ayuntamientos y significativa reducción en el número de representantes locales. Reducir al mínimo el número de asesores contratados por las diferentes administraciones públicas potenciando de esta manera la carrera profesional de los empleados públicos.
4. Simplificación de normativas, trámites y procedimientos. Derogar cinco normativas por cada una promulgada para el comercio y la industria. Eliminar todo tipo de coste público (tasas e impuestos) para la constitución y puesta en marcha de una empresa sea cual sea la forma jurídica que adopte.
5. Desarrollar un Plan de la Energía con el objetivo de conseguir la autosuficiencia energética de España sobre las bases de una energía barata, sostenible, eficiente y limpia.
6. Rebaja radical del Impuesto sobre la Renta. Aumento significativo del mínimo personal y familiar exento a 12.000 euros. Tipo único fijo del 20% hasta los 60.000 € anuales, tributando al 30% cualquier exceso sobre el mencionado límite.
7. Reducir el tipo general del Impuesto sobre Sociedades al 20% con una reducción del 5% en el caso que los beneficios no se distribuyan y se mantengan en la empresa como reservas.
8. Reducción del IVA al 4% para la compra de productos y fármacos infantiles y
   geriátricos.
9. Reducción del impuesto de sociedades para las PYMES al 15%, y minimización de los trámites burocráticos para su aprobación administrativa. Apoyar a las Pymes para que no se las penalice a la hora de recibir financiación bancaria.
10. Fomentar la reindustrialización de España en el contexto de la cooperación empresa – estado y así aumentar el peso de la industria en el PIB. Apoyar a las empresas españolas incorporando como computable, en los criterios de evaluación de los concursos públicos, que la empresa tenga su sede y que tribute en España. Apoyo a la I+D+I y a la expansión internacional de las empresas españolas. 44. Amplio sistema de beneficios fiscales para las familias, en especial para las numerosas. Reducción mínima del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para familias con hijos y exención del pago del mismo a las familias numerosas. Tratamiento conjunto de la renta familiar repartida entre los dos cónyuges, para no penalizar que uno de los miembros de la familia se dedique al cuidado de los hijos o de los dependientes.
11. Menos impuestos y costes regulados en la factura de la luz, que son los culpables de que paguemos uno de los recibos más caros de Europa.
12. Supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y Plusvalías municipales en todo el territorio nacional.
13. Liberalizar el suelo. Convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados. El mercado del suelo es especialmente rígido su regulación provoca una escasez artificial que eleva su precio.
14. Apoyo a los trabajadores autónomos. Cuota de cero euros si los ingresos no llegan al Salario Mínimo Interprofesional y, superado dicho umbral, una cuota progresiva desde los 50 euros en función de sus ingresos. Bonificación del 100% de la cuota mientras el trabajador por cuenta propia esté de baja.
15. Apoyo a los desempleados mayores de 50 años y a aquellos desempleados de larga duración mediante la reducción de un 20% de las cotizaciones de la empresa para nuevos contratos de carácter indefinido.
16. Apoyo a los trabajadores españoles mediante la reducción de un 10% de las cotizaciones de la empresa, para nuevos contratos indefinidos para trabajadores de nacionalidad española en situación de desempleo (siempre que el desempleo se sitúe por encima del 8%).
17. Crear un dispositivo de “primer empleo” que exonere de las cargas sociales en la primera contratación de jóvenes menores de 24 años y por un período máximo de dos años.
18. Las pensiones contributivas estarán exentas en el IRPF, no por doble tributación sino por justicia con quienes han tributado durante toda su vida laboral.
19. Un nuevo modelo para nuestras pensiones (mixto de capitalización y reparto). Un sistema que se base en: 1. La solidaridad: garantizando una pensión mínima que se revalorice con el coste de la vida 2. La propiedad: asegurando el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida laboral que complementen las pensiones mínimas.
20. Revisión de la Ley del Suelo y corregir sobrevaloraciones a efectos de IBI de construcciones agrarias. Fomentar la renovación del parque de maquinaria con convocatoria de planes que tengan continuidad y rebajar los impuestos directos del gasóleo agrícola (combustible, fertilizantes, herbicidas, plásticos) por encarecer los costes de producción.

Corolario: ECONOMÍA Y RECURSOS

Antonio Ruiz desplegó los planos sobre la mesa del despacho en Guadalajara. El proyecto de la conducción de agua que llevaba meses retrasado cruzaba tres comunidades y dependía de autorizaciones que no terminaban de llegar. Había aceptado revisar, junto con un ingeniero de la Confederación Hidrográfica, las líneas generales de un nuevo Plan Hidrológico Nacional que se mencionaba en los borradores electorales. El principio que lo sostenía era la solidaridad y el bien común: trasvases y obras de regulación allí donde el recurso sobraba y escaseaba, siempre dentro de los límites de sostenibilidad de los acuíferos y de los caudales ecológicos. Antonio conocía las cifras de pérdidas en las redes de distribución, superiores al 20 % en algunas cuencas, y los conflictos recurrentes entre regantes de distintas regiones. Un plan único que priorizara la eficiencia —modernización de regadíos, reutilización, desalación donde fuera rentable y conducciones interconectadas— reduciría la dependencia de la lluvia de cada año y evitaría que cada comunidad gestionara el agua como si el río terminara en su frontera. El ingeniero le mostró los mapas de déficit y de superávit. «Si no se mueve el agua de donde sobra a donde falta, seguiremos con restricciones en el sur y vertidos al mar en el norte», dijo. Antonio anotó que cualquier trasvase requeriría compensaciones ambientales y acuerdos de explotación, pero que la fragmentación actual había convertido cada obra en un pleito.

Por la tarde revisó los presupuestos de varios organismos. La segunda medida pedía una reducción drástica del gasto político: eliminación de cargos y entidades duplicadas, ideológicas o prescindibles, cierre de televisiones autonómicas, defensores del pueblo autonómicos, consejos consultivos y agencias que replicaban funciones estatales. Antonio había trabajado con pliegos en los que una misma infraestructura requería informes de la comunidad, de la diputación y del ministerio, cada uno con sus tasas y sus plazos. Calculó el coste de las televisiones autonómicas y de los entes que apenas producían dictámenes vinculantes. Suprimirlos no eliminaba la información meteorológica ni la defensa de los derechos; devolvía esas funciones a los organismos estatales ya existentes y liberaba recursos. Un compañero de Hacienda le confirmó que muchos de esos entes se nutrían de transferencias y que su desaparición no afectaría a servicios esenciales si se reasignaba el personal a tareas con demanda real.

Al día siguiente visitó un ayuntamiento de tamaño medio. El alcalde le contó que el pleno tenía veintiún concejales para un municipio de doce mil habitantes y que la plantilla de asesores superaba a la de técnicos de urbanismo. La tercera medida proponía la fusión de ayuntamientos pequeños y una reducción significativa del número de representantes locales, junto con la limitación al mínimo de los asesores externos para potenciar la carrera de los funcionarios. Antonio vio el organigrama. Varios puestos de confianza se habían creado para áreas que ya cubría el personal de plantilla. Fusionar municipios colindantes con escasa población permitiría compartir secretarios, interventores y servicios, y reducir el número de cargos electos disminuiría el coste fijo de la política local. El alcalde, que llevaba tres legislaturas, reconoció que muchos plenos se dedicaban a mociones sin efecto práctico. Una planta más reducida obligaría a priorizar la gestión sobre la representación simbólica.

La simplificación normativa ocupó una reunión con un empresario industrial. Le mostró la carpeta de permisos necesarios para ampliar una nave: evaluaciones ambientales autonómicas y estatales, licencias municipales, informes de patrimonio, de carreteras y de confederación. La cuarta medida pedía derogar cinco normas por cada una nueva en materia de comercio e industria, y eliminar tasas e impuestos para la constitución de cualquier empresa. Antonio había visto cómo una sociedad limitada tardaba semanas y costaba varios cientos de euros entre notaría, registro y publicaciones. Suprimir esos costes de entrada y establecer una regla de compensación normativa —no se aprueba una disposición sin eliminar otras de rango equivalente— reduciría el stock regulatorio que frenaba la actividad. El empresario señaló que no pedía ausencia de controles de seguridad; pedía que los controles no se multiplicaran por cada nivel administrativo.

El Plan de la Energía se discutió en una visita a una planta de ciclo combinado y a un parque solar. El objetivo de la quinta medida era la autosuficiencia sobre bases de energía barata, sostenible, eficiente y limpia. Antonio escuchó los datos de dependencia exterior y de los costes regulados que encarecían la factura. Un mix que combinara nuclear de nueva generación o prolongación de la existente, renovables con almacenamiento, y gas como respaldo, junto con interconexiones limitadas, permitiría reducir importaciones y estabilizar precios. El director de la planta le explicó que las paradas no programadas y la falta de capacidad firme obligaban a importar en picos. Un plan con horizonte de veinte años, que fijara objetivos de potencia instalada por tecnología y eliminara trabas administrativas a los proyectos viables, daría previsibilidad a la inversión. Antonio anotó que la sostenibilidad incluía la gestión de residuos y la ocupación de suelo, y que la baratura dependía de no cargar la factura con más conceptos ajenos al coste de generación.

La rebaja del IRPF apareció en la nómina de un técnico de su propia empresa. La sexta medida fijaba un mínimo personal y familiar exento de 12.000 euros, un tipo único del 20 % hasta 60.000 euros y del 30 % por encima. Antonio calculó el efecto para distintos salarios. Para la mayoría de los contribuyentes el tipo efectivo bajaría de forma notable y el mínimo exento sacaría de la base a las rentas más bajas. El argumento era que el impuesto actual desincentivaba el trabajo adicional y complicaba la planificación. Un tipo más bajo y más simple aumentaría la renta disponible y reduciría la elusión. Antonio sabía que la recaudación dependería de la respuesta de la base imponible; si la actividad crecía, parte de la bajada se compensaría. No era una certeza, pero los modelos que había consultado mostraban elasticidades positivas en tramos medios.

El Impuesto sobre Sociedades se revisó con el mismo empresario. La séptima medida reducía el tipo general al 20 % y añadía una rebaja adicional del 5 % si los beneficios no se distribuían y se quedaban como reservas. Para las pymes, la novena medida bajaba el tipo al 15 % y minimizaba los trámites. El empresario explicó que el tipo actual, sumado a los pagos fraccionados y a la complejidad de las deducciones, penalizaba la reinversión. Dejar los beneficios en la empresa para modernizar maquinaria o expandirse sería más atractivo con la reducción. Antonio vio los balances. Una parte importante de las pymes tributaba por módulos o por estimación directa simplificada; simplificar y bajar el tipo facilitaría el paso a la contabilidad real y el acceso a crédito, porque los bancos miraban la carga fiscal a la hora de evaluar riesgos.

La reducción del IVA al 4 % para productos y fármacos infantiles y geriátricos era una medida de alcance más limitado pero de efecto directo. Antonio la comentó con una farmacéutica que atendía a una residencia. Los precios finales de ciertos medicamentos y alimentos específicos bajarían y aliviarían a las familias con hijos pequeños o con mayores a cargo. No resolvía el problema del coste sanitario, pero reducía un impuesto sobre consumos de primera necesidad para esos grupos.

La reindustrialización y el apoyo a la empresa española ocuparon una visita a un polígono. La décima medida fomentaba la cooperación empresa-Estado para aumentar el peso de la industria en el PIB, incorporaba como criterio en los concursos públicos que la empresa tuviera sede y tributara en España, y apoyaba la I+D+i y la internacionalización. Antonio había visto adjudicaciones en las que el precio era el único factor y empresas extranjeras se llevaban el contrato para luego subcontratar. Valorar la tributación y el empleo local no cerraba el mercado; daba puntos adicionales a quien contribuía de forma sostenida. Los beneficios fiscales para familias numerosas —reducción mínima del 50 % en el IBI y exención para las de categoría especial, más el tratamiento conjunto de la renta repartida entre cónyuges— buscaban que tener hijos no penalizara fiscalmente. Una familia en la que uno de los miembros reducía jornada para cuidar dependientes dejaría de tributar como si ambos ingresaran de forma independiente a tipos altos.

La factura de la luz concentraba varias quejas. La undécima medida pedía menos impuestos y costes regulados, responsables de que el recibo español estuviera entre los más caros de Europa. Antonio desglosó una factura: generación, peajes, impuestos eléctricos, IVA y otros conceptos. Reducir la carga fiscal y revisar los costes que se cargaban al consumidor —primas antiguas, déficits acumulados— bajaría el precio final sin tocar necesariamente el mercado mayorista. El director de la planta le había dicho que una parte importante de lo que pagaba el usuario no llegaba al productor.

La supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, del de Sucesiones y Donaciones y de las plusvalías municipales en todo el territorio eliminaba figuras que generaban doble imposición y deslocalización de contribuyentes. Antonio conocía casos de familias que trasladaban la residencia fiscal para evitar el gravamen sobre herencias de empresas o de viviendas. Suprimirlos unificaba el tratamiento y evitaba que el ahorro acumulado se gravara de nuevo al transmitirse. Las haciendas autonómicas perderían recaudación; la medida presuponía que la actividad económica adicional y la simplificación compensarían parte de esa pérdida, o que se ajustarían otras partidas.

La liberalización del suelo convertía en urbanizable todo aquel que no estuviera protegido por razones de interés público justificadas. La decimotercera medida partía de que la rigidez normativa generaba escasez artificial y elevaba los precios. Antonio había visto solares calificados como rústicos durante décadas junto a núcleos urbanos, mientras la demanda de vivienda empujaba los precios. Ampliar la oferta de suelo, con planes que garantizaran infraestructuras y protección real de espacios valiosos, reduciría la presión sobre el precio del metro cuadrado. No era ausencia de planeamiento; era planeamiento que no convirtiera la mayor parte del territorio en no urbanizable por defecto.

El apoyo a los autónomos fijaba cuota cero si los ingresos no llegaban al salario mínimo y una cuota progresiva desde 50 euros una vez superado ese umbral, más bonificación del 100 % durante las bajas. Antonio habló con un instalador que había cerrado porque la cuota fija se comía los meses flojos. Un sistema ligado a los ingresos reales y con cobertura en enfermedad alineaba la cotización con la capacidad de pago y reducía el abandono. Para los desempleados mayores de 50 años y de larga duración, la reducción del 20 % en las cotizaciones empresariales por contratos indefinidos, y la del 10 % para trabajadores españoles cuando el paro superara el 8 %, buscaban abaratar la contratación de perfiles con más dificultad de reinserción. El dispositivo de primer empleo exoneraba de cargas sociales durante dos años en la primera contratación de menores de 24 años. Antonio vio las estadísticas de paro juvenil y de mayores de 50. Bajar el coste laboral de entrada no garantizaba el contrato, pero eliminaba una barrera que las empresas citaban en las encuestas.

Las pensiones contributivas quedarían exentas en el IRPF. La decimoctava medida lo justificaba por justicia con quienes habían cotizado durante toda la vida laboral, no solo por evitar doble tributación. Un jubilado que había pagado impuestos sobre sus rendimientos del trabajo volvería a pagarlos sobre la pensión. La exención aumentaba la renta neta de los pensionistas sin tocar el cálculo de la prestación. El nuevo modelo mixto —reparto para una pensión mínima revalorizable y capitalización para el ahorro complementario— pretendía garantizar la solidaridad básica y, al mismo tiempo, permitir que cada cotizante acumulara un fondo propio. Antonio escuchó las proyecciones demográficas. El sistema de reparto puro enfrentaba una relación cotizante-pensionista cada vez más desfavorable. Introducir un componente de capitalización, con una pensión mínima asegurada, diversificaba el riesgo y daba a los trabajadores un derecho sobre sus aportaciones acumuladas.

La última medida revisaba la Ley del Suelo para corregir sobrevaloraciones de construcciones agrarias a efectos de IBI, fomentaba la renovación de maquinaria con planes continuados y rebajaba los impuestos directos sobre gasóleo agrícola, fertilizantes, herbicidas y plásticos. Antonio visitó una explotación en la que el IBI de una nave antigua se había actualizado con valores que no reflejaban su uso real. Corregir esas valoraciones y reducir la fiscalidad de los insumos bajaba los costes de producción en un sector expuesto a la competencia internacional y a la volatilidad de precios. Los planes de renovación de maquinaria, si tenían continuidad presupuestaria, evitaban que las ayudas fueran puntuales y permitían planificar inversiones.

A lo largo de las semanas Antonio fue cruzando los datos. En la confederación vio cómo la falta de un plan nacional mantenía obras paralizadas. En los ayuntamientos contó concejales y asesores. En las empresas sumó días de trámites y tipos impositivos. En las facturas de la luz separó impuestos y peajes. En las nóminas y en las declaraciones calculó el efecto de los nuevos tipos y del mínimo exento. En el campo escuchó el coste del gasóleo y del IBI. Ninguna de las veinte medidas era aislada. Formaban un conjunto que reducía el gasto en estructuras políticas duplicadas, simplificaba la creación y el funcionamiento de empresas, bajaba la carga fiscal sobre el trabajo, el ahorro, la inversión y el consumo básico, ordenaba el agua y la energía con criterios de eficiencia y solidaridad territorial, liberalizaba suelo para aumentar oferta, abarataba la contratación de colectivos con más paro y reformaba las pensiones para hacerlas sostenibles sin dejar de garantizar un mínimo. Los costes de transición —menor recaudación inicial, resistencia de administraciones que perdían competencias o entes, necesidad de reasignar personal— eran reales. También lo eran los costes del marco vigente: proyectos de agua que no avanzaban, empresas que no se constituían o que se deslocalizaban, facturas energéticas elevadas, suelo escaso y caro, autónomos que cerraban por la cuota fija y un sistema de pensiones cuya tensión demográfica crecía cada año.

Lucía revisó con él el listado y señaló las preguntas abiertas. Cómo se financiaba la bajada de tipos si la elasticidad no compensaba todo. Cómo se ejecutaban las fusiones municipales sin conflictos locales. Cómo se garantizaba que la liberalización del suelo no afectara a espacios que sí debían protegerse. Cómo se transitaba al sistema mixto de pensiones sin perjudicar a quienes estaban cerca de la jubilación. Antonio anotó las preguntas. Respondió que las medidas partían de diagnósticos concretos —pérdidas de agua, multiplicidad de entes, stock normativo, dependencia energética, tipos marginales altos, suelo artificialmente escaso, costes laborales que frenaban contrataciones— y que su aplicación requeriría calendarios, evaluaciones de impacto y ajustes. No prometían equilibrio presupuestario automático ni ausencia de ganadores y perdedores. Prometían reducir el peso de la intermediación política y regulatoria, aumentar la renta disponible de trabajadores y empresas, y ordenar recursos básicos como el agua y la energía bajo criterios de eficiencia y de solidaridad entre territorios. En el plano de la conducción, las autorizaciones pendientes seguían marcadas en rojo. Antonio guardó las notas. El país seguiría gestionando sus recursos y su fiscalidad con las normas actuales hasta que una mayoría decidiera cambiar el marco. Las veinte medidas formulaban una dirección: menos gasto en estructuras duplicadas, menos trabas para producir, menos impuestos sobre el esfuerzo y el ahorro, más oferta de suelo y de energía, y un sistema de pensiones que combinara garantía mínima con propiedad del ahorro. Los números finales dependerían de cómo se redactaran y de cómo respondieran los agentes económicos. Antonio, de momento, tenía un proyecto de infraestructura que esperaba un plan hidrológico capaz de mover el agua sin convertir cada kilómetro en un conflicto competencial.