Educación y Cultura

Educación y Cultura

1. Exigir el debido reconocimiento de la lengua española a nivel internacional, conforme a su importancia como segunda lengua más hablada del mundo. Empezando por la UE.
2. Implantar el sistema de cheque escolar. Devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos, empezando por la elección del colegio.
3. Garantizar el derecho a ser educado en español en todo el territorio nacional.
4. El español debe ser legua vehicular obligatoria y las lenguas cooficiales como opcionales. Los padres deben tener derecho a elegir la lengua de escolarización de sus hijos.
5. Instaurar el PIN Parental y Autorización Expresa con objeto que se necesite consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales.
6. Implantar exámenes de control a nivel nacional (incluyendo uno de nivel de conocimiento de la lengua española) al finalizar la educación primaria, la secundaria obligatoria y el bachillerato. Homogeneizar las oposiciones para una igualdad efectiva de oportunidades.
7. Implantar un generoso y exigente sistema de becas para las familias con menos recursos.
8. Impulsar una ley de mecenazgo, para que particulares y empresas puedan participar en la creación cultural, aumentando la deducción fiscal de las aportaciones así como en la restauración y protección del extenso patrimonio cultural nacional. A nivel cultural fomento del arraigo a la tierra, manifestaciones folclóricas y tradiciones de España y de sus pueblos dentro de la óptica de la Hispanidad
9. Impulsar una ley de protección de la tauromaquia, como parte del patrimonio cultural español.
10. Se protegerá la caza, como actividad necesaria y tradicional del mundo rural. Promoción de una licencia única a nivel nacional eliminando el sistema de licencias autonómicas e inter autonómicas.
11. Combatir las desigualdades de oportunidades que separan a los ciudadanos del medio rural y del urbano. Desigualdad digital (acceso de calidad a internet), de infraestructuras (transporte, energía y agua), educativa, cultural y asistencial sanitaria. Incentivos para los profesionales del mundo rural y potenciar cursos de formación.

Corolario: Educación y Cultura

Antonio Ruiz aparcó frente al colegio de su sobrino en un pueblo de la provincia de Guadalajara. El niño tenía nueve años y la clase se impartía en castellano, pero en la biblioteca había carteles en los que se invitaba a usar «la lengua propia» en determinadas actividades. La madre del niño, hermana de Antonio, le había contado que en la reunión de padres alguien había propuesto que las circulares salieran solo en la lengua cooficial de la comunidad, aunque en aquel municipio casi nadie la hablaba como primera lengua. Antonio entró a recoger al sobrino y vio en el tablón el anuncio de una actividad extraescolar sobre «diversidad familiar y roles de género» para la que no se pedía autorización previa. La quinta medida —instaurar el PIN parental y la autorización expresa para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales— respondía exactamente a esa situación. Los padres tendrían que dar consentimiento específico; sin él, el alumno no participaría. Antonio preguntó a la tutora cómo se organizaba. Ella respondió que hasta ahora se informaba por la plataforma y se consideraba aceptado si no había objeción. El PIN parental convertiría la omisión en negativa y obligaría a recabar el sí expreso.

En el coche, de vuelta, la hermana de Antonio le dijo que había mirado otros colegios concertados y privados de la capital, pero que el coste era inasumible y que la plaza pública más cercana con proyecto distinto estaba a cuarenta kilómetros. La segunda medida —implantar el sistema de cheque escolar— devolvería a los padres la capacidad de elegir centro llevando consigo la financiación pública que ya les correspondía. Antonio había leído los modelos de otros países en los que el cheque o la bonificación seguía al alumno. En España permitiría que una familia del medio rural o de un barrio con un solo centro público pudiera optar por otro proyecto educativo sin pagar dos veces. La hermana señaló que el cheque no resolvía la falta de oferta en los pueblos pequeños, pero que al menos no obligaba a aceptar el único modelo disponible. Antonio anotó que el sistema requeriría reglas de admisión claras y financiación suficiente para que los centros pudieran sostenerse, y que la libertad de elección incluía tanto la de los padres como la de los centros para definir su carácter propio dentro de la ley.

Días después Antonio visitó un instituto en Cataluña donde un conocido tenía a su hija. La niña recibía la mayor parte de las asignaturas en catalán. Cuando preguntaba en castellano, algunos profesores respondían, pero los materiales y las explicaciones principales estaban en la otra lengua. La tercera y la cuarta medida garantizaban el derecho a ser educado en español en todo el territorio y establecían el español como lengua vehicular obligatoria, dejando las cooficiales como opcionales y el derecho de los padres a elegir la lengua de escolarización. Antonio escuchó a la niña leer un texto en castellano con fluidez y otro en catalán con más dificultad. El padre le dijo que no se oponía a que aprendiera catalán, pero que no quería que el castellano quedara reducido a una asignatura. Hacer del español la lengua vehicular obligatoria aseguraba que todos los alumnos, con independencia de la comunidad, alcanzaran el dominio pleno de la lengua común, y dejaba a las familias la decisión de añadir o priorizar la cooficial. Antonio recordó las sentencias que ya reconocían el derecho a la escolarización en castellano y que se cumplían de forma desigual. La medida buscaba que ese derecho no dependiera de la voluntad de cada administración educativa.

En Madrid, Antonio asistió a la presentación de resultados de unas pruebas de diagnóstico que algunas comunidades realizaban y otras no. Las diferencias de nivel en comprensión lectora y en matemáticas eran notables entre territorios y entre centros. La sexta medida implantaba exámenes de control a nivel nacional —incluido uno de conocimiento de la lengua española— al final de primaria, de secundaria y de bachillerato, y homogeneizaba las oposiciones docentes. Antonio habló con una profesora que había corregido exámenes de acceso a la universidad con criterios distintos según la comunidad. Un examen nacional común permitiría conocer el nivel real al terminar cada etapa y comparar centros y territorios con la misma vara. Homogeneizar las oposiciones —mismos temarios, mismas pruebas, mismos baremos— evitaría que la dificultad o el contenido variaran según la comunidad y facilitaría la movilidad del profesorado. La profesora señaló que las pruebas nacionales no sustituían la evaluación continua del centro, pero daban una referencia externa que ahora faltaba. Antonio anotó que habría que decidir el peso de esos exámenes en la titulación y en el acceso a la siguiente etapa para que no se convirtieran en un filtro único.

La séptima medida —un generoso y exigente sistema de becas para las familias con menos recursos— se concretó en una conversación con el director de un colegio de un barrio con renta baja. Actualmente las becas cubrían comedor y algunos materiales, pero rara vez permitían elegir un centro distinto o cubrir actividades que otros alumnos daban por supuestas. Un sistema más amplio, condicionado a resultados y a asistencia, ampliaría las opciones de esas familias y exigiría compromiso a cambio. El director le mostró los expedientes de alumnos que habían abandonado actividades extraescolares por coste. Ampliar las becas y vincularlas al rendimiento buscaba que el origen económico no determinara de forma tan rígida las oportunidades, sin convertir la ayuda en un derecho automático desligado del esfuerzo.

Por la tarde Antonio visitó un museo pequeño de una capital de provincia. El director le contó que dependían casi exclusivamente de la subvención pública y que los trámites para recibir aportaciones privadas eran complejos y con escasa deducción. La octava medida impulsaba una ley de mecenazgo que aumentara la deducción fiscal de las aportaciones de particulares y empresas, tanto para la creación cultural como para la restauración del patrimonio, y que fomentara el arraigo a la tierra, las manifestaciones folclóricas y las tradiciones de España y de sus pueblos dentro de la óptica de la Hispanidad. Antonio vio el estado de una ermita cercana cuyo retablo necesitaba intervención. Con una deducción más alta, empresas locales y particulares podrían financiar la obra y obtener un beneficio fiscal real. El fomento de las tradiciones y del folclore no excluía otras expresiones; daba apoyo específico a aquellas que formaban parte del patrimonio común y que a menudo quedaban fuera de los circuitos subvencionados por criterios contemporáneos. El director señaló que el mecenazgo no sustituía la responsabilidad pública sobre los grandes monumentos, pero multiplicaba los recursos para el patrimonio disperso.

La protección de la tauromaquia apareció en una conversación en un pueblo de Salamanca donde aún se celebraban festejos. Un ganadero le explicó a Antonio que las ordenanzas municipales y las normativas autonómicas habían ido restringiendo los encierros y las corridas, y que algunas declaraciones de figuras públicas pedían su prohibición. La novena medida impulsaba una ley de protección de la tauromaquia como parte del patrimonio cultural español. Antonio había leído los argumentos que la consideraban maltrato y los que la defendían como tradición con siglos de presencia en la cultura, la literatura y la economía de determinadas comarcas. La ley de protección fijaría un marco nacional que impidiera prohibiciones locales o autonómicas discrecionales y reconocería su carácter cultural. No obligaba a nadie a asistir; impedía que se eliminara por decisión administrativa lo que una parte de la población mantenía como expresión propia.

En el mismo viaje, Antonio habló con un cazador que tenía que renovar licencias distintas para cazar en dos comunidades limítrofes. La décima medida protegía la caza como actividad necesaria y tradicional del mundo rural y creaba una licencia única nacional que eliminara el sistema de licencias autonómicas. El cazador le mostró los permisos y las tasas que pagaba por duplicado. Una licencia única simplificaría la gestión y reconocería que la actividad cumple funciones de control de poblaciones en muchas zonas. Antonio escuchó también las críticas de quienes pedían más restricciones. La medida no eliminaba la regulación de especies o de periodos; unificaba el título administrativo y afirmaba el carácter tradicional y útil de la caza en el medio rural. El cazador señaló que sin esa actividad algunas especies se descontrolaban y los daños a la agricultura aumentaban.

La última medida —combatir las desigualdades entre el medio rural y el urbano en acceso digital, infraestructuras, educación, cultura y sanidad, con incentivos para profesionales y formación— se hizo visible en el propio pueblo. La conexión a internet fallaba por las tardes, el médico pasaba consulta dos días a la semana y el instituto más cercano estaba a treinta kilómetros. Antonio habló con una enfermera que se había marchado a la capital porque no encontraba incentivos para quedarse, y con un joven que quería hacer un ciclo formativo pero tenía que desplazarse cada día. La medida proponía inversiones específicas en conectividad y en transporte, incentivos económicos y de carrera para médicos, profesores y otros profesionales que trabajaran en zonas rurales, y programas de formación adaptados. Antonio vio la antena que daba servicio irregular. Mejorar la infraestructura digital y ofrecer complementos salariales o de puntuación en oposiciones por destino rural reduciría la brecha que empujaba a la población joven a marcharse. No igualaba de un día para otro las oportunidades de una gran ciudad, pero atacaba las diferencias más acusadas en servicios básicos.

A lo largo de las semanas Antonio fue reuniendo escenas. En el colegio de su sobrino vio una actividad sobre valores que se realizaba sin autorización individualizada. En el instituto catalán comprobó que el castellano no era la lengua principal de enseñanza. En las pruebas de diagnóstico constató diferencias de nivel que no se medían con el mismo instrumento. En el museo pequeño escuchó la dificultad de atraer dinero privado. En el pueblo salmantino oyó las restricciones crecientes a los festejos taurinos y la multiplicidad de licencias de caza. En el medio rural contó los días sin médico y las horas de desplazamiento al instituto. Las once medidas no agotaban la política educativa y cultural. Establecían un marco en el que el español tenía reconocimiento internacional y era lengua vehicular obligatoria, los padres elegían centro mediante el cheque y lengua de escolarización, autorizaban expresamente los contenidos sensibles, existían exámenes nacionales de referencia, las becas ampliaban oportunidades con exigencia, el mecenazgo facilitaba la participación privada en la cultura y el patrimonio con atención a las tradiciones y a la Hispanidad, la tauromaquia y la caza recibían protección específica como patrimonio y actividad rural, y se actuaba sobre las brechas entre el campo y la ciudad.

Lucía le acompañó a una de las visitas y planteó las objeciones que había encontrado. Que el cheque escolar podía concentrar alumnos en determinados centros y dejar otros vacíos. Que garantizar el castellano como vehicular y dejar las cooficiales como opcionales reducía la presencia de estas últimas. Que el PIN parental limitaba la autonomía de los centros para tratar ciertos temas. Que los exámenes nacionales podían estrechar el currículo. Que proteger la tauromaquia y la caza chocaba con sensibilidades crecientes sobre el trato animal. Que los incentivos rurales tenían un coste presupuestario y no garantizaban que los profesionales se quedaran. Antonio anotó cada punto. Respondió con lo que había observado: padres que no podían elegir otro modelo, alumnos cuya lengua común quedaba en segundo plano, actividades sobre valores que se impartían sin consentimiento específico, niveles educativos que no se comparaban, patrimonio que dependía de subvenciones escasas, tradiciones rurales que se restringían por normativas dispersas y pueblos que perdían servicios. No presentó las medidas como exentas de efectos redistributivos o de debate. Las presentó como respuestas a una situación en la que la elección de las familias estaba limitada por la oferta y por la financiación, en la que el derecho a la educación en español no se ejercía de forma homogénea, en la que los contenidos sensibles se introducían sin autorización expresa, y en la que el medio rural y determinadas expresiones culturales tradicionales recibían menos apoyo que otras prioridades.

En el colegio del pueblo, al recoger otra tarde al sobrino, Antonio vio que la actividad sobre diversidad se había realizado. Varios padres habían preguntado después por el contenido. Con el PIN parental habrían tenido que autorizarla antes. Antonio no sabía si las once medidas llegarían a aplicarse. Sabía que cada una tocaba una decisión concreta sobre quién elegía la educación de los hijos, en qué lengua se impartía, cómo se medía el nivel, cómo se financiaba la cultura y cómo se mantenía la vida en los pueblos. Su puesta en marcha requeriría cambios normativos, financiación del cheque y de las becas, acuerdos sobre el peso de los exámenes nacionales y definición de los incentivos rurales. Mientras tanto, en las aulas, en los museos pequeños y en los pueblos seguían aplicándose las reglas vigentes, con sus diferencias territoriales y con sus limitaciones de elección. Antonio arrancó el coche. El sobrino contó que en clase habían hablado de un tema que no entendía del todo. La conversación sobre si los padres debían haberlo autorizado de antemano quedó para la cena.