Elecciones Generales 2026. España, Unidad y Soberanía

ESPAÑA, UNIDAD Y SOBERANÍA

1. Suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales.
2. Ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía.
3. Dotar de la máxima protección jurídica a los símbolos de la nación, especialmente la Bandera, el Himno y la Corona. Agravamiento de las penas por las ofensas y ultrajes a España y sus símbolos o emblemas. Ninguna afrenta a ellos debe quedar impune.
4. Ninguna administración ni particular puede menospreciar la lengua común de todos, el español. Mucho menos discriminarla. Hay que cumplir estrictamente el mandato constitucional de que todos los españoles tienen derecho a utilizar el español, y el deber de conocerlo. Suprimir el requisito del conocimiento de la lengua cooficial en el acceso a la función pública de forma que se evite cualquier tipo de discriminación.
5. Supresión de las policías autonómicas y, hasta que se haga efectiva, alcanzar la equiparación salarial real entre el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y las policías autonómicas. Todas las FCSE dependerán en última instancia del Gobierno Central.
6. Transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división. Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España. Como paso previo: devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica.
7. Intensidad y determinación en las acciones diplomáticas para la devolución de Gibraltar, y el desmantelamiento de las redes de piratería, narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales que se extienden desde la colonia.
8. Plan integral para el conocimiento, difusión y protección de la identidad nacional y de la aportación de España a la civilización y a la historia universal, con especial atención a las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales.
9. Derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica. Ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado, y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el pasado para dividirnos, al contrario, hay que homenajear conjuntamente a todos los que, desde perspectivas históricas diferentes, lucharon por España.
10. Supresión del Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro y la incorporación de ambas regiones y sus Diputaciones Forales al Régimen Común.

Corolario: España, unidad y soberanía: un relato

El sol de finales de octubre caía oblicuo sobre la meseta cuando Antonio Ruiz, ingeniero de caminos de cincuenta y dos años, detuvo el coche en un mirador de la A-2, cerca de Guadalajara. Abajo, el valle se extendía en un mosaico de campos secos y pueblos blancos. Su hija Lucía, de veintisiete, había insistido en acompañarlo a la presentación de las propuestas electorales en un pueblo de la provincia. Antonio no era de mítines; prefería los planos y las obras, pero aquel año el país le pesaba en los hombros como una viga mal calculada. Llevaba meses leyendo sentencias, decretos y manifiestos que se contradecían. España parecía un edificio con cada planta gobernada por un criterio distinto, y las grietas corrían de norte a sur.

Lucía bajó del coche con el móvil en la mano. «Papá, mira esto. En Barcelona han vuelto a quemar una bandera en una plaza. Dicen que es arte». Antonio no respondió enseguida. Recordó la tarde de 2017 en que, desde su despacho en Madrid, vio las imágenes del referéndum y pensó que aquello era un pulso político más. Luego llegaron los meses de tensión, las declaraciones de ruptura, las huidas y las amnistías. Había leído los informes de los Mossos, las actas de las reuniones secretas, los mensajes interceptados. No era un episodio aislado; era un proyecto sostenido durante décadas con recursos públicos, escuelas, medios y subvenciones. Y no había terminado.

En el pueblo, el salón de actos estaba lleno. Un hombre de unos sesenta años, voz clara y sin adornos, expuso las diez medidas. Antonio escuchó en silencio. Cuando llegó a la primera —suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales—, Lucía murmuró: «Eso es imposible. Europa no lo permitiría». Antonio pensó en los informes del Tribunal de Cuentas, en las partidas desviadas, en los funcionarios que habían jurado lealtad a una Constitución y luego trabajado para derribarla. Recordó a un compañero de promoción destinado en Lérida que le contó cómo, en ciertas reuniones de obra, se hablaba de «territorio ocupado» con total naturalidad. No era un sentimiento; era una estructura.

La segunda medida hablaba de ilegalizar partidos, asociaciones u ONG que persiguieran la destrucción de la unidad territorial. Lucía levantó la ceja. «¿Y la libertad de asociación?». Antonio había leído la Constitución: el artículo 2 declaraba la indisoluble unidad de la Nación española. Había leído también los estatutos de ciertas entidades que recibían subvenciones millonarias mientras organizaban actos de desafío permanente. En Alemania o Francia, organizaciones con fines similares habían sido disueltas sin que nadie invocara el fin de la democracia. La diferencia no estaba en el derecho; estaba en la voluntad de aplicarlo.

Después del acto salieron a la plaza. Un grupo de jóvenes discutía en catalán y castellano. Uno de ellos, de unos veinte años, decía que la bandera española era un símbolo de opresión. Antonio se acercó. No gritó. Preguntó por qué el himno, la corona y la bandera merecían menos protección que cualquier otro emblema institucional. El joven respondió con una frase aprendida. Antonio le contó que su abuelo, republicano de izquierdas, había muerto defendiendo la legalidad republicana en 1936 y que, años después, su propio padre había servido en el Ejército. Ninguno de los dos había pedido que se borrara el nombre del otro. La tercera medida —máxima protección jurídica a los símbolos, agravamiento de penas por ofensas— no le parecía venganza; le parecía el mínimo para que el Estado no fuera un espacio vacío donde cualquiera pudiera escupir sin consecuencia.

Al día siguiente viajaron hacia Zaragoza. En el tren, Lucía leía un artículo sobre el catalán y el euskera en la administración. «Si suprimen el requisito de la lengua cooficial para opositar, muchos se sentirán discriminados». Antonio abrió el portátil y mostró las cifras de plazas cubiertas en la Generalitat y en el País Vasco. En algunas convocatorias, el conocimiento de la lengua cooficial pesaba más que la titulación técnica. Había médicos y profesores desplazados porque no dominaban el dialecto local a nivel C2. El artículo 3 de la Constitución establecía el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo. Durante décadas se había interpretado al revés en varias comunidades. La cuarta medida no pretendía prohibir el catalán o el euskera; pretendía que nadie fuera excluido de su propio país por no hablar la lengua que un gobierno autonómico había convertido en barrera.

En Zaragoza visitaron una comisaría. Un inspector de la Policía Nacional, de origen navarro, les explicó la diferencia de sueldos y de competencias. «Los Mossos y la Ertzaintza tienen más medios en algunos aspectos y dependen de gobiernos que a veces no colaboran en operaciones contra el terrorismo o el narcotráfico». Antonio recordó el caso de los atentados de 2017 y las tensiones posteriores. La quinta medida —supresión progresiva de las policías autonómicas, equiparación salarial mientras tanto y dependencia última del Gobierno central— no era un ataque a los agentes; era una reordenación para que la seguridad no fuera un instrumento de poder territorial. El inspector, que había trabajado en operaciones conjuntas, asintió sin entusiasmo. «Mientras dependamos de quien manda en la comunidad, hay órdenes que no se cumplen igual».

Continuaron hacia el norte. En Pamplona, Antonio se reunió con un antiguo compañero de facultad, funcionario de Hacienda. Hablaron del Concierto Económico y del Convenio Navarro. «No es solo el cupo», dijo el compañero. «Es que las diputaciones forales recaudan y luego negocian. El resto de España no tiene esa capacidad. Cuando hay crisis, el Estado central asume la deuda y ellos mantienen privilegios fiscales». La décima medida proponía incorporar ambas regiones al régimen común. Antonio sabía que la reforma no sería sencilla; había sentencias del Tribunal Constitucional y pactos históricos. Pero también sabía que la solidaridad interterritorial estaba en la Constitución y que el sistema actual generaba resentimiento medible en las balanzas fiscales. Su compañero, navarro de toda la vida, no defendía el privilegio eterno; defendía que las reglas fueran las mismas para todos.

En Bilbao visitaron un centro de salud. Una enfermera de Burgos les contó que había pedido traslado y que la oposición valoraba el euskera por encima de la experiencia. «No es que odie la lengua», dijo. «Es que trabajo doce horas y no puedo estudiar de noche para un nivel que solo sirve aquí». La sexta medida —transformar el Estado autonómico en un Estado unitario, con devolución inmediata de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia— aparecía como el núcleo. Antonio había visto cómo los currículos escolares diferían tanto que un niño de Sevilla y otro de Gerona aprendían historias casi incompatibles. Había leído informes sobre listas de espera sanitarias que no se comparaban porque cada comunidad medía de forma distinta. La justicia, con normas procesales divergentes, generaba inseguridad jurídica. Un solo gobierno y un solo parlamento no eliminaban la administración local; eliminaban la capacidad de legislar en contra del conjunto.

La conversación derivó hacia Gibraltar. Lucía preguntó por la colonia. Antonio recordó los informes de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil sobre el contrabando de tabaco, el blanqueo y las redes de narcotráfico que usaban el Peñón como base. La séptima medida pedía intensidad diplomática para la devolución y el desmantelamiento de esas redes. No era nostalgia imperial; era control de una frontera que España no controlaba del todo y desde la que salían flujos que dañaban el Campo de Gibraltar y más allá. En La Línea habían visto los efectos: desempleo, economía sumergida, violencia. Un acuerdo con el Reino Unido que no resolviera la soberanía y el control de las actividades ilícitas solo perpetuaba el problema.

De regreso hacia Madrid pararon en Ávila. Allí, en un colegio público, Antonio habló con una profesora de Historia. La octava medida —plan integral para el conocimiento y difusión de la identidad nacional y de la aportación de España a la civilización— le interesaba especialmente. La profesora le mostró los libros de texto. En algunos, la Reconquista aparecía como un episodio menor o problemático; la conquista de América, como un genocidio sin matices; la Guerra de Independencia, como un conflicto interno. No pedía propaganda; pedía que se contaran las gestas, los descubrimientos, las leyes de Indias, la Escuela de Salamanca, la resistencia contra Napoleón, con el mismo rigor con que se contaban los errores. Había héroes anónimos y conocidos cuyos nombres apenas se mencionaban. Un plan de difusión no era adoctrinamiento; era equilibrio frente a décadas de omisión selectiva.

La novena medida, la derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica, surgió en una conversación con un historiador jubilado en Segovia. El hombre había investigado archivos de ambos bandos. «La ley dice quiénes fueron los buenos y los malos de forma permanente», explicó. «Impide que se investigue con libertad y convierte el pasado en arma política». Antonio recordó a su abuelo republicano y a familiares carlistas. Ninguno de los dos había pedido que el Estado borrara al otro. La ley había financiado exhumaciones selectivas, cambiado nombres de calles y generado listas de apellidos sospechosos. Derogarla no era negar los crímenes; era impedir que un parlamento de turno definiera la verdad histórica para todos. El historiador citó a otros países que habían cerrado guerras civiles sin convertirlas en religión de Estado.

En Madrid, Antonio y Lucía cenaron con amigos de distintas procedencias: una abogada catalana que había votado a partidos independentistas en su juventud y luego se había marchado; un médico vasco; un profesor andaluz. La conversación fue larga. La abogada dijo que la suspensión de la autonomía le parecía desproporcionada, pero admitió que las estructuras del procés seguían financiadas y que muchos de sus antiguos compañeros no aceptaban la derrota judicial. El médico vasco defendía el concierto por tradición, pero reconoció que las cifras de presión fiscal no eran equivalentes. El profesor andaluz habló de la lengua: en su pueblo, los niños aprendían castellano sin problema, pero en algunas zonas del norte el derecho a usarlo en la administración se había convertido en un trámite humillante.

Antonio no pretendía convencer a nadie en una noche. Sabía que cada medida tenía costes. Suspender una autonomía generaría protestas y recursos ante tribunales europeos. Ilegalizar organizaciones requeriría pruebas sólidas y respeto al debido proceso. Proteger símbolos no debía convertirse en censura de la crítica política. Eliminar requisitos lingüísticos no significaba prohibir lenguas. Centralizar competencias exigía una administración estatal eficiente, no un retorno al centralismo decimonónico. La devolución de Gibraltar dependía de negociación internacional. Un plan de identidad nacional debía basarse en hechos verificables, no en mitos. Derogar la Ley de Memoria exigía sustituirla por criterios de investigación libre. Integrar el País Vasco y Navarra en el régimen común requería transiciones fiscales cuidadosas.

Pero también sabía que la situación actual tenía costes mayores y más silenciosos. Había visto obras públicas retrasadas por competencias solapadas. Había leído sentencias contradictorias entre comunidades. Había conocido a funcionarios que renunciaban a plazas porque el idioma se había convertido en filtro ideológico. Había seguido el rastro del dinero público destinado a entidades que negaban la existencia misma del Estado que las financiaba. Y había escuchado a ciudadanos que se sentían extranjeros en su propio país cuando hablaban castellano en ciertas oficinas.

Lucía, que había empezado el viaje escéptica, preguntó al final de la cena: «¿Y si estas medidas se aplican y la gente se radicaliza más?». Antonio respondió con la experiencia de las obras: a veces hay que detener una estructura que se derrumba para reforzar los cimientos, aunque el andamio moleste. No prometió un país perfecto. Prometió un país donde las reglas fueran las mismas, donde el castellano no fuera un obstáculo, donde los símbolos no se quemaran impunemente, donde la seguridad no dependiera de lealtades territoriales y donde el pasado no se convirtiera en arma permanente.

Semanas después, Antonio volvió al mirador de Guadalajara. El paisaje era el mismo, pero las noticias hablaban de encuestas que reflejaban un cansancio creciente con la fragmentación. No sabía si las diez medidas se aprobarían ni en qué orden. Sabía que cada una respondía a un problema concreto que había visto con sus propios ojos: en los pliegos de condiciones de las obras, en las oposiciones de sus colegas, en las conversaciones con agentes, en los libros de texto de su hija, en las balanzas fiscales que estudiaba por trabajo. España no era un contrato temporal entre territorios; era una nación con siglos de historia común, con una lengua que había unido a millones y con un ordenamiento jurídico que, cuando se aplicaba, había demostrado capacidad de integrar.

El relato no terminaba en un mitin ni en una victoria electoral. Terminaba en la mesa de un despacho donde Antonio revisaba un proyecto de infraestructura que cruzaba tres comunidades autónomas. En el margen del plano había anotado, con lápiz, las competencias que deberían estar unificadas para que la obra no se retrasara otros dos años. Abajo, Lucía había dejado un libro de historia abierto por la página de la Constitución de 1812. Ninguno de los dos creía que el pasado resolviera el presente. Ambos sabían que ignorarlo o manipularlo solo agravaba las grietas.

Las medidas propuestas no eran un programa mágico. Eran un intento de restablecer la primacía de la ley común sobre los privilegios territoriales, de la lengua común sobre las barreras administrativas y de la soberanía nacional sobre los proyectos de ruptura financiados con dinero público. Su aplicación exigiría rigor jurídico, proporcionalidad y capacidad de gestión. Su rechazo prolongaría una situación en la que partes del Estado trabajaban, de hecho, contra el conjunto. Antonio no era historiador ni político. Era un ingeniero que había aprendido que las estructuras mal diseñadas terminan por caer, y que reforzar los pilares comunes no es nostalgia: es cálculo.

En los meses siguientes, las conversaciones se multiplicaron en bares, universidades y centros de trabajo. Unos veían en las medidas el fin de la convivencia. Otros, la única forma de recuperarla sobre bases iguales. Antonio siguió trabajando. Cada vez que un proyecto se retrasaba por un conflicto de competencias, anotaba el dato. Cada vez que un compañero renunciaba a una plaza por el idioma, lo registraba. Cada vez que veía una bandera quemada o un himno silbado sin consecuencia, pensaba en la protección jurídica que faltaba. No necesitaba que nadie le convenciera de la urgencia. La urgencia estaba en los números, en las sentencias y en las vidas concretas de quienes seguían creyendo que España era algo más que la suma de sus desacuerdos.

El relato continúa porque el país continúa. Las diez medidas no resuelven todas las tensiones históricas, pero responden a desequilibrios medibles y a desafíos concretos a la unidad y a la soberanía. Quienes las proponen asumen que el Estado debe tener capacidad efectiva para defender su integridad territorial, su lengua común, sus símbolos y su igualdad ante la ley. Quienes las rechazan asumen que la fragmentación actual es sostenible o deseable. Entre ambas posiciones, millones de ciudadanos siguen yendo a trabajar, pagando impuestos y educando a sus hijos en un marco que, en demasiados aspectos, ya no es el mismo para todos. Antonio Ruiz, desde su despacho, sigue calculando. El país, desde sus plazas y sus fronteras, sigue decidiendo.

En una tarde de noviembre, Antonio acompañó a Lucía a una librería de viejo en el barrio de Salamanca. Buscaban ediciones antiguas de la Constitución de Cádiz y de los decretos de las Cortes. Entre estanterías polvorientas encontraron un volumen de 1812 con anotaciones al margen de un lector anónimo del siglo XIX. Lucía leyó en voz alta un pasaje sobre la soberanía nacional. Antonio recordó la primera medida. Suspender la autonomía catalana no era una ocurrencia reciente. Era la consecuencia lógica de un proceso en el que instituciones autonómicas habían utilizado sus competencias para organizar un referéndum ilegal, declarar la independencia y mantener estructuras paralelas durante años. La depuración de responsabilidades no se limitaba a los líderes visibles; alcanzaba a funcionarios, jueces y responsables educativos que habían incumplido órdenes judiciales. En el libro de 1812, la soberanía residía en la nación, no en una parte de ella. Antonio pensó que restablecer esa primacía exigía, primero, neutralizar las herramientas que se habían usado para negarla.

Días más tarde, en una reunión de trabajo en Valencia, un colega catalán le contó que varias asociaciones culturales seguían recibiendo subvenciones mientras organizaban actos en los que se pedía la ruptura. La segunda medida aparecía aquí con nombres concretos. No se trataba de perseguir ideas; se trataba de impedir que entidades con financiación pública tuvieran como fin estatutario la destrucción del Estado que las sostenía. Antonio preguntó por los criterios jurídicos. El colega respondió que en otros países europeos se habían disuelto organizaciones por fines similares cuando existían pruebas de actividad continuada. La conversación no terminó en acuerdo, pero ambos coincidieron en que la opacidad de ciertas subvenciones dificultaba el control.

La protección de los símbolos surgió de forma inesperada durante una visita a un cuartel en Madrid. Un sargento le mostró a Antonio las imágenes de varios incidentes en los que la bandera había sido ultrajada sin que las sanciones superaran multas simbólicas. El agravamiento de penas no buscaba convertir cada crítica en delito; buscaba que la ofensa pública y reiterada tuviera consecuencias reales. Antonio recordó que en la mayoría de democracias consolidadas los emblemas nacionales gozan de protección específica. La diferencia en España no era cultural; era la tolerancia acumulada durante años de desafección institucional.

En el tema de la lengua, Antonio recopiló datos de varias oposiciones. En una convocatoria de maestros en Cataluña, el catalán era requisito eliminatorio mientras que el castellano se daba por supuesto. En el País Vasco ocurría lo mismo con el euskera. La cuarta medida proponía eliminar ese requisito para el acceso a la función pública de forma que no se discriminara a quienes no lo dominaban. Antonio no negaba el valor de las lenguas cooficiales; negaba que se convirtieran en barrera para ejercer derechos constitucionales. En una conversación con una opositora de Extremadura que había suspendido por el idioma, escuchó que ella no pedía la desaparición del catalán; pedía poder trabajar en su país sin que una lengua regional la excluyera.

La cuestión de las policías autonómicas se concretó en un informe que Antonio recibió de un amigo destinado en la Guardia Civil. Las diferencias salariales y de medios eran notables. Además, en operaciones contra el crimen organizado, la coordinación dependía a veces de la voluntad política de los gobiernos autonómicos. La quinta medida establecía una dependencia última del Gobierno central y una equiparación mientras se avanzaba hacia la integración. Antonio pensó en la seguridad como competencia esencial del Estado. Fragmentarla había generado duplicidades y, en algunos casos, deslealtades operativas. No se trataba de despreciar el trabajo de los agentes autonómicos; se trataba de que la cadena de mando no pudiera ser utilizada para fines ajenos a la ley común.

El proyecto de Estado unitario ocupó varias cenas. Lucía, que estudiaba Derecho, planteó objeciones sobre la descentralización eficiente. Antonio respondió con ejemplos de competencias solapadas: educación con currículos incompatibles, sanidad con sistemas de información no interoperables, justicia con normas procesales divergentes. La sexta medida proponía devolver al Estado Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia como paso previo a una reforma más amplia. Un solo gobierno y un solo parlamento no eliminaban ayuntamientos ni diputaciones; eliminaban la capacidad de legislar en sentido contrario a la igualdad de los ciudadanos. Antonio había visto cómo un mismo contrato de obra pública requería autorizaciones distintas según la comunidad, con plazos y criterios diferentes. La unidad no era uniformidad estética; era coherencia normativa.

Gibraltar apareció en una conversación con un economista del Campo de Gibraltar. Las redes de contrabando y blanqueo no eran un mito. Informes oficiales documentaban flujos de tabaco, drogas y capitales que utilizaban la colonia como plataforma. La séptima medida pedía acción diplomática sostenida para la devolución y el desmantelamiento de esas redes. Antonio no esperaba una solución inmediata; esperaba que España dejara de tratar el tema como un asunto secundario. Cada año de inacción consolidaba intereses que luego resultaban más difíciles de deshacer.

El plan de identidad nacional se discutió en una universidad. Un profesor de Historia Contemporánea mostró cómo ciertos manuales reducían la aportación española a una sucesión de violencias. La octava medida proponía un plan de conocimiento y difusión basado en fuentes primarias, no en narrativas de parte. Antonio recordó la Escuela de Salamanca, las leyes de Indias, la expedición de Magallanes-Elcano, la resistencia de 1808. No se trataba de ocultar errores; se trataba de que los aciertos y las gestas tuvieran el mismo espacio que los fracasos. Un país que no transmite su historia común termina por no reconocerse.

La Ley de Memoria Histórica surgió en una visita a un archivo. El historiador jubilado explicó que la norma establecía categorías jurídicas permanentes sobre el pasado y limitaba la investigación libre. La novena medida pedía su derogación inmediata. Antonio escuchó que otros países habían gestionado guerras civiles sin convertirlas en doctrina oficial. Derogar la ley no borraba los crímenes; impedía que un parlamento monopolizara la interpretación histórica y excluyera a quienes no compartían esa interpretación. El archivo contenía documentos de ambos bandos. Ninguno de ellos pedía ser el único relato.

Finalmente, el Concierto y el Convenio ocuparon una reunión con técnicos de Hacienda. Las cifras mostraban diferencias de presión fiscal y de capacidad de endeudamiento. La décima medida proponía la incorporación al régimen común. Antonio sabía que la transición requeriría cálculos precisos y compensaciones temporales. También sabía que mantener privilegios fiscales indefinidos generaba desigualdades entre ciudadanos que pagaban los mismos impuestos nacionales pero recibían servicios con reglas distintas. La igualdad no era uniformidad de paisajes; era uniformidad de derechos y obligaciones.

A lo largo de los meses, Antonio fue anotando cada conversación. No buscaba adeptos; buscaba datos. Las diez medidas no formaban un catecismo. Formaban un conjunto de respuestas a problemas concretos de unidad y soberanía. Su aplicación exigiría leyes, recursos y tiempo. Su rechazo dejaría intactas las estructuras que habían permitido el desafío permanente. En el despacho, el plano de la infraestructura seguía sobre la mesa. Las anotaciones al margen crecían. España, como cualquier obra compleja, necesitaba pilares comunes capaces de sostener el conjunto. Las medidas propuestas pretendían reforzar esos pilares. El relato de Antonio Ruiz no era una profecía; era el registro de un ciudadano que había decidido medir las grietas en lugar de ignorarlas.

En Barcelona, semanas más tarde, Antonio se reunió con un antiguo compañero de universidad que había permanecido en la ciudad. Caminaron por el Eixample. El compañero le mostró locales que habían sido centros de coordinación durante el procés y que seguían funcionando como espacios de activismo. La primera medida, la suspensión de la autonomía, aparecía aquí como una herramienta temporal para desmantelar redes que no habían aceptado las sentencias. No se trataba de castigar a la población; se trataba de impedir que instituciones públicas siguieran financiando la ruptura. Antonio preguntó por las consecuencias prácticas. El compañero respondió que muchos funcionarios estaban cansados de la doble lealtad y que una intervención temporal, con garantías jurídicas, podría permitir una depuración basada en hechos y no en sospechas.

En una asociación cultural de las afueras, Lucía escuchó a varios jóvenes explicar que su objetivo era la independencia y que recibían ayudas públicas para actividades «culturales». La segunda medida se concretaba en esos estatutos y en esas subvenciones. Antonio no proponía prohibir el debate; proponía que las entidades con fines de destrucción territorial no pudieran utilizar recursos del Estado que pretendían destruir. La distinción entre opinión y organización subvencionada era jurídica, no moral.

En una comisaría de los Mossos, un agente le contó a Antonio, fuera de micrófono, que ciertas órdenes de colaboración con la Policía Nacional se retrasaban cuando afectaban a personas vinculadas al independentismo. La quinta medida, la dependencia última del Gobierno central, respondía a ese tipo de fricciones. No todos los agentes compartían esa experiencia, pero los que la habían vivido coincidían en que la cadena de mando autonómica introducía variables políticas en operaciones que deberían ser técnicas.

En un hospital de San Sebastián, una médico de Logroño explicó que había tenido que aprender euskera para una plaza fija y que el tiempo dedicado al idioma le había restado horas de formación clínica. La cuarta medida eliminaba ese requisito eliminatorio. Antonio escuchó que la lengua cooficial podía enseñarse y usarse sin convertirse en filtro de acceso a empleos públicos pagados por todos los españoles. La igualdad de oportunidades no exigía monolingüismo; exigía que el castellano, lengua oficial del Estado, no fuera un obstáculo.

En una reunión con técnicos de educación en Valladolid, se compararon currículos. En algunas comunidades, la historia de España aparecía fragmentada o minimizada. La octava medida proponía un plan de difusión basado en hechos documentados. Antonio no pedía un relato único; pedía que las gestas —la defensa de Cartagena de Indias, la expedición Malaspina, la contribución a la independencia americana mediante las leyes liberales— tuvieran espacio junto a los episodios críticos. Un país que omite sistemáticamente sus aportaciones termina por no comprenderse a sí mismo.

La derogación de la Ley de Memoria se discutió con un archivero en Salamanca. El hombre mostró cómo ciertas solicitudes de investigación habían sido denegadas o condicionadas por la interpretación oficial del pasado. La novena medida restablecía la libertad de investigación. Antonio recordó que la historia no pertenece a los parlamentos; pertenece a los documentos y a quienes los estudian sin consigna previa.

En Pamplona, un empresario navarro explicó las ventajas del Convenio y también sus límites. Cuando el Estado asumía costes comunes, la capacidad fiscal foral generaba diferencias de trato. La décima medida buscaba la incorporación gradual al régimen común. Antonio no ignoraba la historia foral; observaba que los derechos históricos no podían perpetuar desigualdades entre ciudadanos del mismo Estado.

Gibraltar volvió a aparecer en un informe que Antonio recibió sobre incautaciones en el Estrecho. Las redes utilizaban la colonia como nodo. La séptima medida pedía que la diplomacia española priorizara el control efectivo y la soberanía. No era una reivindicación romántica; era una cuestión de seguridad y de economía ilegal que afectaba a ciudadanos españoles.

Cada escena añadía un dato, una conversación, una observación. Antonio no escribía un programa electoral; anotaba las consecuencias de la fragmentación. Las diez medidas eran su forma de responder a esas anotaciones. No prometían la desaparición de los desacuerdos; prometían que los desacuerdos no pudieran utilizar las instituciones del Estado para negar la existencia misma del Estado. En el plano de la infraestructura, las líneas que cruzaban comunidades seguían requiriendo autorizaciones múltiples. Antonio seguía calculando. El país, mientras tanto, seguía eligiendo qué pilares quería reforzar y cuáles estaba dispuesto a dejar que se agrieten.

El relato de las medidas no es un manifiesto cerrado. Es el registro de un ciudadano que ha recorrido España midiendo distancias entre la ley escrita y la ley aplicada, entre la igualdad proclamada y la igualdad efectiva, entre la soberanía declarada y la soberanía ejercida. Las propuestas responden a esa medición. Su debate corresponde a los ciudadanos. Su aplicación, si llega, corresponderá a las instituciones. Antonio Ruiz, ingeniero, sigue trabajando con los datos que tiene. España, nación, sigue decidiendo con los votos que emite. La unidad y la soberanía no son consignas; son condiciones para que el edificio común no se derrumbe por el peso de sus propias contradicciones internas. En el mirador de Guadalajara, el paisaje permanece. Las grietas, también. La decisión de repararlas o de convivir con ellas pertenece a quienes habitan el edificio.