EUROPA E INTERNACIONAL

EUROPA E INTERNACIONAL

1. Impulsar en Bruselas un nuevo tratado europeo, en la línea que defienden los países del grupo de Visegrado en cuanto a fronteras, soberanía nacional y respeto por los valores de la cultura europea y que aumente considerablemente el peso de España en la toma de decisiones, al menos tanto como lo hacía el tratado de Niza.
2. Reducción del gasto político europeo, eliminar duplicidades y agencias que se inmiscuyan en la soberanía nacional. Exclusividad del Estado, en lo que se refiere a relaciones internacionales (art. 149 de la Constitución). Supresión de toda representación política exterior de regiones o municipios.
3. Revisar el modelo de aplicación de la PAC de forma que las ayudas lleguen en mayor medida a quienes gestionan directamente las explotaciones agrícolas y viven principalmente de ello. Fomentar que las ayudas conduzcan a la mejora y optimización de la explotación.
4. Incidir en la bilateralidad en las relaciones internacionales, abandonando organismos supranacionales si son contrarios a los intereses de España. Reevaluación de la contribución española a dichos organismos. Creación de una Agencia para la ayuda a las minorías cristianas amenazadas, imitando la iniciativa de Hungría.
5. Impulsar un gran Plan Nacional de Cooperación Internacional con las naciones de la comunidad histórica hispana para la ordenación de las inversiones, ayuda a las empresas españolas, garantizar la seguridad jurídica en los países de acogida y ordenar el flujo migratorio.

Corolario: EUROPA E INTERNACIONAL

Antonio Ruiz aterrizó en Bruselas un martes de otoño. Había acompañado a un grupo de empresarios agrícolas que iban a una reunión sobre la reforma de la Política Agrícola Común. En el taxi desde el aeropuerto el conductor comentó que las instituciones europeas ocupaban ya varios barrios y que cada año se anunciaban nuevas agencias. Antonio tenía en la carpeta las cinco medidas que se debatían para las próximas elecciones españolas en materia europea e internacional. La primera pedía impulsar un nuevo tratado que siguiera la línea de los países del grupo de Visegrado en fronteras, soberanía nacional y respeto a los valores de la cultura europea, y que devolviera a España un peso en las decisiones al menos equivalente al que tenía con el Tratado de Niza. En la reunión, un funcionario de la Comisión explicó que cualquier cambio de tratado requería unanimidad y que las propuestas de reforzar el control nacional de las fronteras o de limitar competencias compartidas encontraban resistencia en varios Estados. Antonio escuchó a los agricultores españoles que pedían que las decisiones sobre inmigración y sobre normas ambientales no se tomaran sin tener en cuenta la capacidad real de cada país. Un nuevo tratado que elevara los umbrales de voto o que devolviera ciertas materias a la unanimidad aumentaría la capacidad de España para bloquear o condicionar normas que considerara contrarias a sus intereses, como había podido hacer con mayor facilidad antes de las sucesivas ampliaciones y cambios de ponderación. El funcionario reconoció que el peso relativo de España había disminuido y que recuperar márgenes de soberanía en fronteras y en identidad cultural formaba parte de las demandas de varios gobiernos del Este. Antonio anotó que impulsar ese tratado significaba buscar alianzas con esos países y aceptar que el proceso sería largo y que podría no prosperar.

Por la tarde visitó una de las agencias europeas que tenía sede en la ciudad. El organigrama mostraba unidades que elaboraban recomendaciones sobre políticas lingüísticas, sobre igualdad y sobre memoria histórica que luego se trasladaban a los Estados. La segunda medida pedía reducir el gasto político europeo, eliminar duplicidades y agencias que se inmiscuyeran en la soberanía nacional, reafirmar la exclusividad del Estado en las relaciones internacionales conforme al artículo 149 de la Constitución y suprimir toda representación política exterior de regiones o municipios. Antonio había visto en España oficinas autonómicas en Bruselas que actuaban como embajadas paralelas y que a veces transmitían posiciones distintas de las del Gobierno. Suprimir esas representaciones y concentrar la acción exterior en el Estado eliminaba la posibilidad de que una comunidad autónoma negociara o presionara por su cuenta. Reducir agencias y gasto político significaba revisar cuáles de esas estructuras producían normas o informes que condicionaban legislaciones nacionales sin que los parlamentos estatales hubieran decidido ceder esa competencia. Un técnico de la agencia le explicó que muchas de sus funciones eran de coordinación o de estudio. Antonio respondió que la coordinación podía hacerse entre ministerios sin necesidad de un aparato permanente que generara su propia agenda. La medida no proponía salir de la Unión; proponía adelgazar la parte política e ideológica del entramado y devolver al Estado la exclusividad de la voz exterior.

Al día siguiente, en la reunión sobre la PAC, los agricultores mostraron los datos de reparto. Una parte significativa de las ayudas llegaba a propietarios que no explotaban directamente la tierra o a grandes tenedores, mientras que explotaciones familiares recibían cantidades que no cubrían los costes crecientes de cumplimiento normativo. La tercera medida revisaba el modelo para que las ayudas llegaran en mayor medida a quienes gestionaban directamente las explotaciones y vivían principalmente de ellas, y para que se orientaran a la mejora y optimización de la explotación. Antonio escuchó a un productor de cereal que había tenido que vender parte de la cosecha por debajo de coste mientras veía cómo una sociedad patrimonial cobraba derechos históricos. Condicionar los pagos a la actividad real y a planes de mejora —modernización de riego, reducción de insumos, relevo generacional— cambiaría el destino de los fondos. El funcionario europeo señaló que los criterios actuales ya incluían cierta condicionalidad ambiental. Los agricultores respondieron que esa condicionalidad a menudo beneficiaba a quien podía pagar asesorías y perjudicaba a quien trabajaba la tierra todos los días. Antonio anotó que la revisión requería negociar dentro del marco comunitario, pero que España podía defender un modelo que primara al agricultor profesional frente al rentista.

De vuelta en Madrid, Antonio se reunió con un diplomático que había estado destinado en varios organismos internacionales. La cuarta medida proponía incidir en la bilateralidad, abandonar organismos supranacionales cuando fueran contrarios a los intereses de España, reevaluar la contribución española a esos organismos y crear una Agencia para la ayuda a las minorías cristianas amenazadas, siguiendo el modelo húngaro. El diplomático le contó que en algunos foros España votaba resoluciones o contribuía a presupuestos que luego se utilizaban para criticar políticas nacionales o para financiar proyectos alejados de las prioridades españolas. Priorizar los acuerdos bilaterales permitiría negociar caso por caso —comercio, pesca, seguridad— sin quedar vinculado a paquetes decididos por mayorías en organismos donde el peso español era reducido. Reevaluar las contribuciones significaba calcular el retorno real y reducir o retirar fondos cuando el organismo actuara contra intereses concretos. La Agencia para minorías cristianas replicaría la iniciativa húngara de apoyar a comunidades perseguidas en Oriente Medio, África o Asia mediante proyectos de reconstrucción, educación o asilo temporal. Antonio preguntó por los criterios de selección. El diplomático respondió que se trataría de situaciones documentadas de violencia o discriminación por motivo religioso, y que la agencia tendría un presupuesto acotado y mecanismos de control para que la ayuda llegara a los destinatarios. La medida no excluía otras formas de cooperación; añadía un instrumento específico para un colectivo que, según los informes que manejaba el diplomático, sufría persecución en varios países y recibía menos atención que otras causas.

El Plan Nacional de Cooperación Internacional con las naciones de la comunidad histórica hispana ocupó una comida con empresarios que operaban en América Latina. La quinta medida impulsaba ese plan para ordenar las inversiones, ayudar a las empresas españolas, garantizar la seguridad jurídica en los países de acogida y ordenar el flujo migratorio. Uno de los empresarios explicó que había tenido que cerrar una filial porque un cambio normativo retroactivo había anulado una concesión, y que la embajada había tenido capacidad limitada para intervenir. Un plan que coordinara la acción del Estado —diplomacia, seguros de inversión, acuerdos de protección recíproca— daría más respaldo a las empresas que tributaban y empleaban en España. Al mismo tiempo, incluiría mecanismos para ordenar la migración: convenios de contratación en origen, reconocimiento de titulaciones y compromisos de readmisión. Antonio escuchó que varios países de la comunidad hispana tenían interés en recibir inversión y en canalizar la emigración de forma regular, pero que la falta de un marco español unificado dejaba las iniciativas en manos de cada empresa o de cada comunidad autónoma. El plan nacional centralizaría esa relación, priorizaría los países con mayores lazos lingüísticos e históricos y condicionaría parte de la cooperación al respeto de la seguridad jurídica y a la colaboración en materia migratoria. Un empresario del sector energético señaló que, sin garantías de que no se cambiarían las reglas a mitad de contrato, prefería invertir en otros mercados. El plan buscaba precisamente ofrecer esas garantías mediante tratados bilaterales reforzados y un acompañamiento institucional constante.

Durante los días siguientes Antonio cruzó las informaciones. En Bruselas había visto agencias que producían recomendaciones sobre materias que el artículo 149 reservaba al Estado y oficinas autonómicas que mantenían agendas propias. Había escuchado a agricultores que recibían menos ayudas que propietarios absentistas. Había hablado con un diplomático que calculaba el coste de permanecer en organismos cuyas resoluciones perjudicaban posiciones españolas. Y había oído a empresarios que pedían un marco más sólido para operar en los países de lengua española. Las cinco medidas no diseñaban una política exterior completa. Proponían impulsar un tratado europeo que reforzara la soberanía nacional y el peso de España en la línea de las demandas de Visegrado, reducir el gasto y las agencias políticas europeas y eliminar las representaciones exteriores autonómicas, reorientar la PAC hacia los agricultores profesionales y la mejora de las explotaciones, priorizar la bilateralidad y crear una agencia de apoyo a minorías cristianas, y poner en marcha un plan de cooperación con la comunidad hispana que ordenara inversiones, seguridad jurídica y flujos migratorios.

Un colega que había trabajado en la Representación Permanente le planteó las dificultades prácticas. Cambiar los tratados requería el acuerdo de todos los Estados miembros y podía abrir una negociación en la que España perdiera en otros capítulos. Suprimir agencias y representaciones autonómicas generaría resistencia interna y acusaciones de recentralización. Revisar la PAC dentro del marco comunitario tenía límites si otros países defendían el status quo. Abandonar organismos internacionales podía reducir la capacidad de influencia en lugar de aumentarla. Y un plan con Iberoamérica dependía de la voluntad de los gobiernos de aquellos países, que cambiaban con frecuencia. Antonio reconoció cada objeción. También señaló lo que había observado: un peso decreciente en las votaciones europeas, agencias que emitían informes sobre políticas lingüísticas o educativas nacionales, ayudas agrícolas que no siempre llegaban a quien trabajaba la tierra, contribuciones a organismos que luego criticaban decisiones soberanas y empresas españolas que operaban en América sin un respaldo institucional coordinado. Las medidas formulaban una dirección: recuperar márgenes de decisión en Europa mediante un nuevo tratado y una reducción del aparato político, concentrar la acción exterior en el Estado, orientar los fondos agrícolas al productor real, evaluar la permanencia en organismos según el interés nacional y construir una relación más estructurada con los países de la comunidad hispana que incluyera inversión, seguridad jurídica y migración ordenada.

En el vuelo de regreso Antonio revisó las notas. El nuevo tratado que se proponía no estaba redactado; era una orientación hacia mayor control nacional de fronteras y de identidad cultural y hacia una ponderación de votos más favorable a España. La reducción de gasto europeo y la supresión de representaciones autonómicas podían empezar por decisiones internas y por la negociación del próximo marco financiero. La revisión de la PAC requería propuestas concretas en el Consejo. La bilateralidad y la agencia de minorías cristianas podían ponerse en marcha con presupuesto nacional y con acuerdos específicos. El plan con la comunidad hispana necesitaba un diseño de instrumentos —tratados de protección de inversiones, ventanilla única para empresas, convenios migratorios— y una dotación estable. Ninguna de las cinco medidas garantizaba resultados inmediatos. Todas partían de la constatación de que el marco actual había reducido la capacidad de España para decidir sobre sus fronteras, había multiplicado instancias que intervenían en competencias estatales, había distribuido las ayudas agrícolas con criterios que no siempre premiaban la actividad, había mantenido contribuciones a organismos de escaso retorno y había dejado la relación con Iberoamérica más fragmentada de lo que permitían los lazos históricos. Antonio guardó la carpeta. En Madrid le esperaba el informe de los agricultores sobre el reparto de la PAC y la lista de oficinas autonómicas en el exterior que seguían funcionando. Las decisiones sobre cuánto peso quería España en Europa, cuántas agencias estaba dispuesta a financiar y qué tipo de relación quería con los países de su comunidad histórica seguirían tomándose con las reglas vigentes hasta que se cambiara el rumbo. Las cinco medidas proponían un rumbo en el que la soberanía nacional, la bilateralidad y los vínculos con el mundo hispano tuvieran más peso que la expansión del aparato europeo y la dispersión de la acción exterior.