INMIGRACIÓN

INMIGRACIÓN

1. Deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen.
2. Deportación de los inmigrantes que estén de forma legal en territorio español pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido algún delito grave.
3. Revisión de los tipos penales (y endurecimiento de sus penas) para combatir a las mafias de la inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, ya sean ONGs, empresas o particulares.
4. Acabar con el efecto llamada: cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España estará incapacitado, de por vida, a legalizar su situación y por lo tanto a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración.
5. Persecución efectiva de las mafias de comercio callejero, no solo los vendedores, también la producción y distribución.
6. Suprimir la institución del arraigo como forma de regular la inmigración ilegal. Revocación de las pasarelas rápidas para adquirir la nacionalidad española.
7. Elevar la exigencia en nivel de idioma, tributación e integración para la adquisición de la nacionalidad. Posibilidad de perder la nacionalidad adquirida por actividades contra la soberanía, seguridad o independencia nacional.
8. Ayudar a los países en desarrollo, víctimas también de las mafias de tráfico de personas, que debilitan sus naciones extrayendo sus recursos humanos y económicos para ofrecerlos luego como esclavos en Europa. Condicionar la ayuda al desarrollo a que los países acepten la repatriación de inmigrantes ilegales y delincuentes.
9. La inmigración se afrontará atendiendo a las necesidades de la economía española y a la capacidad de integración del inmigrante. Se establecerán cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades que comparten idioma e importantes lazos de amistad y cultura con España.

Corolario: INMIGRACIÓN

Antonio Ruiz llegó al puerto de Algeciras poco después del amanecer. El ferry acababa de atracar y los controles se alargaban. Un agente de la Policía Nacional le hizo un gesto para que esperara a un lado mientras revisaban a un grupo que había desembarcado sin documentación completa. Antonio no iba por trabajo; había aceptado acompañar a un conocido del ministerio que quería mostrarle, sobre el terreno, cómo funcionaban los procedimientos actuales y qué cambiaría si se aplicaran las medidas que circulaban en los borradores electorales. El conocido, inspector jefe destinado en extranjería, le explicó en voz baja que aquella mañana habían identificado a doce personas sin permiso de entrada. Tres de ellas tenían antecedentes por delitos contra el patrimonio en España. Las otras nueve alegaban distintas historias de persecución que aún no se habían contrastado.

La primera medida —deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen— se discutía desde hacía meses en los despachos y en los bares del Campo de Gibraltar. El inspector le contó que las expulsiones efectivas eran una fracción de las órdenes dictadas. Faltaban acuerdos de readmisión con varios países de origen, faltaban vuelos, faltaban plazas en los centros y, sobre todo, faltaba voluntad política sostenida cuando las imágenes de las devoluciones generaban protestas. Antonio preguntó por los casos en los que el país de origen no colaboraba. El inspector respondió que, sin cooperación, la orden se quedaba en papel y la persona permanecía en territorio español, a menudo en situación irregular durante años. La propuesta pretendía invertir esa lógica: priorizar los acuerdos de readmisión, condicionar otras relaciones bilaterales y ejecutar las expulsiones de forma sistemática cuando no existiera protección internacional acreditada. No era una novedad jurídica; era una cuestión de recursos y de prioridad.

Mientras hablaban, llegó un furgón con tres detenidos. Uno de ellos, según el atestado que el inspector le mostró de reojo, había sido condenado dos veces por hurtos y una por lesiones leves en los últimos cuatro años. Tenía permiso de residencia por arraigo. La segunda medida proponía la deportación de quienes, aun estando de forma legal, reincidieran en delitos leves o cometieran alguno grave. Antonio recordó las estadísticas que había leído: en determinadas tipologías delictivas la proporción de extranjeros no comunitarios superaba su peso en la población. No todos los inmigrantes delinquían; la mayoría no lo hacía. Pero la reincidencia de una minoría generaba costes en seguridad, en percepción ciudadana y en cohesión. La medida buscaba que el permiso de residencia no fuera un escudo permanente frente a conductas reiteradas. El inspector señaló que ya existían causas de extinción del permiso por condena, pero que su aplicación era desigual y lenta. Endurecer y automatizar ciertos supuestos reduciría los casos en los que alguien con varias sentencias seguía en la calle con papeles en regla.

Por la tarde visitaron una nave en el polígono donde se habían intervenido, meses atrás, documentos falsos y rutas organizadas. La tercera medida pedía revisar los tipos penales y endurecer las penas para las mafias de inmigración ilegal y para quienes colaboraran con ellas, fueran ONG, empresas o particulares. El inspector le mostró un expediente en el que una asociación había facilitado alojamiento y transporte a personas que sabían que habían entrado de forma irregular, y otra en la que una empresa de trabajo temporal había contratado a decenas sin verificar la situación administrativa. Las penas actuales por favorecimiento de la inmigración ilegal existían, pero las condenas solían ser leves cuando no había ánimo de lucro claro o cuando se alegaba finalidad humanitaria. La propuesta buscaba distinguir mejor entre la ayuda humanitaria puntual y la colaboración sistemática que sostenía las redes. Antonio preguntó dónde estaba la línea. El inspector contestó que la línea ya estaba en el Código Penal; el problema era la interpretación laxa y la falta de medios para investigar las estructuras, no solo a los últimos eslabones.

Al día siguiente Antonio habló con el dueño de un bar en La Línea. El hombre le contó que había contratado, años atrás, a un chico que había entrado en patera. Al principio trabajaba bien. Luego empezaron los problemas con la documentación y, cuando quiso regularizarse, descubrió que el procedimiento era largo. La cuarta medida —acabar con el efecto llamada mediante la incapacidad de por vida para legalizar la situación de quien hubiera entrado ilegalmente, y por tanto para recibir ayudas— pretendía eliminar ese horizonte. Si la entrada irregular cerraba de forma permanente la vía de la regularización y de las prestaciones, el cálculo de quienes pagaban a las mafias cambiaba. Antonio conocía el argumento contrario: que dejar a personas en situación irregular perpetua generaba economía sumergida y marginación. El dueño del bar, que había visto cómo algunos de sus antiguos empleados acababan en redes de venta ambulante, dijo que la alternativa actual tampoco integraba; solo aplazaba el problema y mantenía el incentivo. La medida no resolvía qué hacer con quienes ya estaban; buscaba que el mensaje hacia fuera fuera inequívoco.

En Málaga, dos días después, Antonio acompañó a una patrulla que intervenía en la venta ambulante. Los agentes identificaron a varios vendedores y, al rastrear la mercancía, llegaron a un almacén donde se almacenaban productos falsificados traídos en contenedores. La quinta medida pedía la persecución efectiva de las mafias de comercio callejero, no solo de los vendedores, sino de la producción y la distribución. El responsable del dispositivo le explicó que detener al que está en la manta era sencillo y poco disuasorio; al día siguiente había otro. Desmantelar los almacenes, las rutas de entrada de la mercancía y las estructuras de blanqueo requería investigación patrimonial y coordinación con aduanas y con otros países. Antonio vio cómo se precintaba un local. Dentro había cajas con etiquetas de marcas conocidas y facturas de sociedades instrumentales. La propuesta no inventaba un delito nuevo; pedía que los recursos se dirigieran a los niveles superiores de la cadena en lugar de limitarse a las sanciones administrativas a los vendedores.

La institución del arraigo ocupó una conversación con una abogada de extranjería en Sevilla. Ella defendía que el arraigo social, laboral o familiar había permitido regularizar a personas que llevaban años trabajando y tenían vínculos. La sexta medida proponía suprimirlo como vía de regularización de la inmigración ilegal y revocar las pasarelas rápidas para adquirir la nacionalidad. Antonio escuchó los números: miles de expedientes al año se resolvían por arraigo. La abogada argumentó que cerrar esa vía dejaría a mucha gente en la irregularidad. El inspector, que había llegado más tarde, respondió que precisamente esa vía actuaba como incentivo para permanecer ilegalmente el tiempo suficiente hasta poder solicitarla. Suprimirla no impedía otras formas de inmigración legal; eliminaba un mecanismo que convertía la estancia irregular prolongada en un derecho eventual. Sobre las pasarelas rápidas de nacionalidad, ambos coincidieron en que los plazos reducidos por residencia o por matrimonio habían generado casos de fraude documental. Elevar los controles no era cerrar la nacionalidad; era asegurarse de que quien la obtenía cumplía requisitos reales de integración.

En Madrid, Antonio se reunió con un funcionario del registro civil que llevaba años tramitando expedientes de nacionalidad. La séptima medida pedía elevar la exigencia de nivel de idioma, de tributación y de integración, y contemplar la posibilidad de perder la nacionalidad adquirida por actividades contra la soberanía, seguridad o independencia nacional. El funcionario le mostró, sin nombres, expedientes en los que el conocimiento del español se acreditaba con certificados de academias de dudosa solvencia, y otros en los que la actividad económica declarada no cuadraba con las cotizaciones. También le habló de casos, pocos pero existentes, en los que personas nacionalizadas habían participado después en redes de radicalización o en actividades de apoyo a organizaciones que negaban la integridad territorial. La pérdida de nacionalidad por esos motivos ya estaba prevista en algunos supuestos; la medida buscaba precisarlos y hacerlos efectivos cuando se acreditara la conducta. Antonio preguntó por las garantías. El funcionario contestó que cualquier privación debía ir precedida de procedimiento con audiencia y recurso, pero que mantener la nacionalidad a quien la utiliza para actuar contra el Estado que se la concedió vaciaba de sentido el vínculo.

La ayuda al desarrollo apareció en una comida con una cooperante que había trabajado en el Sahel. Ella describió cómo las mafias reclutaban en pueblos enteros, cobraban por el viaje y dejaban a las familias endeudadas. La octava medida proponía ayudar a los países de origen, víctimas también de esas redes, pero condicionar la ayuda a que aceptaran la repatriación de inmigrantes ilegales y de delincuentes. La cooperante reconoció que algunos gobiernos se resistían a las readmisiones porque la emigración funcionaba como válvula de escape y como fuente de remesas. Condicionar los fondos no era castigar a la población; era exigir que el Estado receptor colaborara en el control de sus fronteras y en la reintegración de sus nacionales. Antonio había leído informes en los que parte de la ayuda acababa desviada o no llegaba a los proyectos de empleo local que podrían reducir la presión migratoria. La medida buscaba alinear los incentivos: cooperación real a cambio de apoyo real.

La última medida —afrontar la inmigración según las necesidades de la economía española y la capacidad de integración, con cuotas que privilegiaran nacionalidades con idioma y lazos culturales— se discutió en una reunión con empresarios agrícolas y de hostelería en Almería. Uno de ellos explicó que necesitaba mano de obra temporal y que prefería trabajadores que ya hablaran español y conocieran las normas básicas, porque la formación y la rotación salían más caras. Otro señaló que las cuotas actuales se cubrían a veces con perfiles que luego no se quedaban en el sector o que generaban conflictos de convivencia en los municipios pequeños. La propuesta no cerraba la inmigración; la ordenaba. Establecer cupos según vacantes reales y priorizar orígenes con mayor facilidad de integración lingüística y cultural reducía los costes de acogida y aumentaba las probabilidades de que la estancia fuera temporal o, si se prolongaba, compatible con la cohesión. Antonio preguntó por los sectores que decían no encontrar trabajadores. Los empresarios respondieron que, cuando las condiciones y los salarios eran adecuados, la oferta nacional y la de países próximos cubría buena parte de la demanda; el problema aparecía cuando se pretendía mantener sueldos bajos con una rotación constante de personas en situación precaria.

Durante las semanas siguientes Antonio fue anotando lo que veía. En un centro de menores habló con educadores que describían la dificultad de integrar a adolescentes llegados solos, sin lengua y con trayectorias de violencia en origen. En un barrio de una ciudad mediana escuchó a vecinos que habían dejado de usar ciertas calles por la venta de droga vinculada a redes de origen extranjero. También habló con inmigrantes regularizados desde hacía años que trabajaban, pagaban impuestos y se quejaban de que la imagen de su comunidad se viera lastrada por quienes delinquían o por quienes permanecían en la irregularidad. Uno de ellos, peruano, le dijo que había esperado siete años para la nacionalidad y que le parecía razonable que se exigiera más idioma y más trayectoria fiscal; otro, marroquí, defendía que cerrar el arraigo empujaría a más gente a la clandestinidad. Antonio no descartaba ninguna de las dos lecturas. Registraba que las medidas propuestas respondían a problemas concretos: entradas irregulares que no se revierten, reincidencia que no extingue el permiso, redes que operan con relativa impunidad, vías de regularización que premian la estancia ilegal, comercio ilegal organizado, requisitos de nacionalidad fáciles de eludir y una política de cooperación que no siempre obtiene contrapartidas en materia de retornos.

Lucía, que había seguido parte de los viajes, le planteó una tarde las objeciones que había leído. Que las deportaciones masivas chocaban con la capacidad logística y con el derecho internacional cuando existía riesgo real. Que endurecer las penas a colaboradores podía afectar a organizaciones que prestaban auxilio básico. Que incapacitar de por vida a quien entró irregularmente creaba una población permanente sin derechos y sin incentivos para salir de la sombra. Que suprimir el arraigo y elevar los requisitos de nacionalidad alargaba la exclusión. Que condicionar la ayuda podía perjudicar a poblaciones que no controlaban a sus gobiernos. Que las cuotas por afinidad cultural podían considerarse discriminatorias. Antonio escuchó y anotó cada punto. Respondió con lo que había visto: órdenes de expulsión que no se ejecutaban, condenas leves a facilitadores, personas que calculaban el tiempo de arraigo antes de salir de su país, expedientes de nacionalidad con pruebas de idioma insuficientes, y remesas que sostenían economías mientras las mafias vaciaban de jóvenes determinadas regiones. No afirmó que las nueve medidas fueran de aplicación inmediata ni exentas de costes. Afirmó que el marco actual producía resultados medibles —presión sobre determinados servicios, percepción de inseguridad en algunos barrios, fraude en los procedimientos y dificultad para ejecutar las resoluciones de expulsión— y que las propuestas buscaban alterar esos incentivos.

En el viaje de regreso pasaron por un control en el que detuvieron a dos personas que viajaban con documentación falsificada. El agente les explicó que el documento se había obtenido a través de una red que cobraba varios miles de euros y prometía trabajo y papeles. Antonio pensó en la tercera y en la cuarta medida juntas: penas más altas para la red y cierre de la vía de regularización para quien utilizara esa entrada. No garantizaban que las mafias desaparecieran; reducían el margen de beneficio y el horizonte de recompensa. Más adelante, en un pueblo de Andalucía, vieron cómo un grupo de temporeros con contrato en origen terminaba la jornada y se dirigía al alojamiento que la empresa había dispuesto. El empresario les dijo que prefería ese sistema, con selección previa y retorno asegurado, a la contratación irregular que había utilizado años atrás. La novena medida apuntaba a generalizar ese modelo: necesidades reales de la economía, capacidad de integración y preferencia por orígenes con menores barreras.

Antonio no escribió un informe. Siguió trabajando en sus proyectos de infraestructura y, cuando surgía el tema, contaba lo que había observado sin añadir consignas. Sabía que cualquier cambio en la política de inmigración afectaría a personas concretas, a acuerdos internacionales y a sectores económicos que dependían de mano de obra flexible. También sabía que mantener las reglas actuales tenía costes que ya se estaban pagando en comisarías, en juzgados, en barrios y en las cuentas de la cooperación. Las nueve medidas no constituían un sistema cerrado ni una solución definitiva. Eran un conjunto de ajustes —en las expulsiones, en las consecuencias de la reincidencia, en las penas a las redes, en el cierre de ciertas vías de regularización, en el control del comercio ilegal, en los requisitos de nacionalidad, en la condicionalidad de la ayuda y en la ordenación de los flujos legales— destinados a que la inmigración respondiera a decisiones del Estado receptor y no principalmente a las estrategias de las mafias o a la inercia de los procedimientos. En el puerto de Algeciras, el día que había empezado el recorrido, el inspector le había dicho que las herramientas jurídicas existían en buena parte; lo que faltaba era aplicarlas de forma consistente y cerrar las puertas que convertían la irregularidad en una etapa transitoria hacia la residencia. Antonio había visto suficientes expedientes, suficientes almacenes precintados y suficientes contratos temporales bien gestionados como para entender por qué esas propuestas estaban sobre la mesa. El resto —si se aprobaban, cómo se redactaban y qué efectos producirían— dependería de las mayorías que salieran de las urnas y de la capacidad de la administración para ejecutarlas sin generar nuevos problemas mayores que los que pretendían resolver. El país, mientras tanto, seguía recibiendo llegadas, tramitando expedientes y debatiendo, en cada barrio y en cada puerto, dónde estaba el equilibrio entre la capacidad de acogida, la seguridad y la cohesión.