Ley Electoral y Transparencia

LEY ELECTORAL Y TRANSPARENCIA

1. Reforma del sistema electoral para que valga lo mismo el voto de todos los españoles y los Diputados respondan ante los electores y no tanto ante los partidos políticos. Una parte de los Diputados serán elegidos en distrito único nacional.
2. Supresión de las cuotas (por sexo o por cualquier otra causa) en las listas electorales. Cada partido las elaborará de acuerdo a las decisiones de sus militantes.
3. Control de los cargos públicos antes, durante y después de su mandato. Reforzar normativa incompatibilidades de los políticos tras el abandono de los cargos públicos y la exigencia de devolución de los caudales públicos.

Corolario: Ley Electoral y Transparencia

Antonio Ruiz aparcó frente a la sede del colegio electoral a las ocho y media de la mañana. Llevaba el DNI en la mano y una lista mental de las tres propuestas que habían circulado en las últimas semanas. No era la primera vez que votaba, pero aquel año el sobre le pesaba de otra manera. Dentro irían tres papeletas: una para el Congreso, otra para el Senado y la del referéndum municipal que nadie había pedido pero que el ayuntamiento había colado. En el vestíbulo, dos interventores de partidos distintos discutían en voz baja sobre el reparto de las mesas. Antonio pasó de largo. Había leído los informes del Tribunal de Cuentas sobre los gastos de campaña y los del CIS sobre la percepción de utilidad del voto. Sabía que en su provincia un escaño costaba casi el doble de votos que en otra más pequeña, y que varios diputados de la lista cerrada habían cambiado de grupo parlamentario a los seis meses sin consultar a nadie que hubiera puesto su nombre en la urna.

En la cola, una mujer de unos cuarenta años le comentó que había tachado el nombre de la cabeza de lista porque «no se presentaba ni en el pueblo». Antonio asintió sin responder. Recordaba la reforma que se debatía: parte de los diputados elegidos en distrito único nacional, de modo que el voto de un ciudadano de Teruel y el de uno de Madrid tuvieran el mismo peso relativo en esa porción de la Cámara, y que los electores pudieran señalar preferencias dentro de la lista en lugar de tragarse el orden cerrado que decidían las ejecutivas. No era un sistema perfecto; ningún sistema lo es. Pero el actual, con sus circunscripciones provinciales y el método D’Hondt aplicado de forma estricta, convertía a millones de votos en restos que no elegían a nadie y premiaba a los partidos que concentraban fuerza en pocas provincias. Antonio había hecho las cuentas con los resultados de las últimas elecciones: un partido con el 15 % nacional podía quedarse sin representación en varias comunidades mientras otro con menos votos totales obtenía escaños gracias a su implantación territorial. La primera medida buscaba corregir esa distorsión sin eliminar del todo las circunscripciones, manteniendo una parte territorial y abriendo otra nacional donde cada papeleta contara igual.

Después de votar se sentó en un banco de la plaza. Abrió el móvil y leyó el borrador de la propuesta. El texto decía que los diputados debían responder ante los electores y no tanto ante los partidos. En la práctica eso significaba listas desbloqueadas o con voto preferencial en el tramo nacional, de forma que un candidato pudiera adelantar a otro si los ciudadanos lo señalaban más veces. Antonio pensó en el diputado de su provincia que había prometido en campaña defender una infraestructura y que, una vez en Madrid, había votado en contra porque la dirección del grupo se lo había ordenado. Nadie le había preguntado a los electores. El sistema actual protegía la disciplina de partido por encima de la rendición de cuentas individual. Un distrito único parcial no resolvería todos los problemas de representatividad, pero reduciría el poder de las cúpulas para colocar en puestos de salida a personas que apenas pisaban la circunscripción.

Lucía llegó media hora más tarde. Había votado en otra mesa y traía el justificante. Se sentaron juntos. Ella había leído la segunda medida: supresión de las cuotas por sexo o por cualquier otra causa en las listas. Cada partido elaboraría las candidaturas según decidieran sus militantes. Lucía, que había militado brevemente en una organización universitaria, recordaba las asambleas en las que se discutía el orden de la lista y alguien proponía intercambiar nombres para cumplir el porcentaje. «A veces el que mejor preparaba los argumentos quedaba por detrás porque hacía falta una mujer o un hombre en esa posición», dijo. Antonio no tenía una opinión cerrada sobre la composición ideal de un parlamento, pero sí sobre quién debía decidirla. Si los militantes de un partido querían listas paritarias, podían aprobarlas en sus congresos. Si preferían otro criterio, también. Imponerlo por ley a todos convertía una preferencia organizativa en obligación estatal y abría la puerta a otras cuotas futuras por origen, edad o cualquier variable que el legislador de turno considerara relevante. La medida no prohibía la paridad; devolvía la decisión a quienes formaban el partido y asumían las consecuencias electorales de sus listas.

Caminaron hacia el centro. En un bar vieron en la televisión a un exministro que había fichado por una empresa regulada seis meses después de dejar el cargo. El tertuliano comentaba que no había incumplido la normativa vigente porque el periodo de incompatibilidad era corto y las excepciones numerosas. Antonio recordó la tercera medida: control de los cargos públicos antes, durante y después de su mandato, refuerzo de las incompatibilidades y exigencia de devolución de los caudales públicos. Había seguido varios casos en los que altos cargos pasaban a consejos de administración de compañías que habían recibido contratos o subvenciones durante su etapa en el gobierno. Las declaraciones de bienes existían, pero su verificación era limitada y las sanciones por omisión o falsedad rara vez llegaban a la inhabilitación efectiva. La propuesta pedía ampliar los plazos de incompatibilidad, exigir autorizaciones previas más estrictas para actividades privadas relacionadas con el sector regulado y establecer mecanismos ágiles para reclamar la devolución de cantidades indebidamente percibidas. No se trataba de impedir que un político trabajara después de dejar el cargo; se trataba de que el paso por lo público no se convirtiera en un acelerador de ingresos privados gracias a información o contactos obtenidos con dinero de todos.

Por la tarde Antonio revisó los datos de participación. En su mesa había votado el 68 %. En otra provincia pequeña, con menos escaños en juego, la cifra era similar, pero el valor marginal de cada voto difería. Sacó una hoja y recalculó, con los resultados de 2019 y 2023, cuántos escaños cambiarían si una parte de la Cámara se eligiera en distrito único. El ejercicio era aproximado, pero mostraba que partidos con voto disperso ganarían representación y que algunos escaños provinciales dejarían de ser seguros para las fuerzas locales. Lucía, que estudiaba el sistema desde la facultad, señaló que el distrito único nacional completo podría debilitar el vínculo territorial. La propuesta no lo eliminaba; lo combinaba. Una parte de los diputados seguiría eligiéndose en provincias, manteniendo la cercanía, y otra en la circunscripción nacional, donde el voto de cada ciudadano pesaría igual. Antonio anotó la objeción. Cualquier reforma tendría que fijar el porcentaje de escaños de cada tramo y el método de reparto para evitar que una de las dos lógicas anulara a la otra.

Al día siguiente recibió un mensaje de un antiguo compañero de oposición que había entrado en una lista por cuota y luego había dimitido a los cuatro meses. «Me colocaron porque hacía falta el perfil», escribió. «Cuando quise hablar de un tema que no estaba en el argumentario, me dijeron que no era el momento». Antonio guardó el mensaje. La supresión de cuotas no garantizaba mejores candidatos, pero eliminaba un criterio externo a la voluntad de los militantes y a la valoración de los electores. Si un partido decidía internamente priorizar la experiencia, la formación o cualquier otro mérito, podría hacerlo sin tener que reordenar la lista para cumplir un porcentaje legal. Si los votantes preferían otro tipo de representación, lo expresarían en las urnas o en las primarias, si el partido las celebraba. La ley electoral no tenía por qué sustituir esas decisiones.

La cuestión del control posterior ocupó una conversación con un inspector de Hacienda jubilado. El hombre había participado en revisiones de declaraciones de altos cargos y describió las dificultades: plazos cortos, falta de cruce automático con registros mercantiles y sanciones que se quedaban en multas administrativas. «Hay casos en los que el patrimonio aumenta de forma difícil de explicar y, cuando se investiga, el interesado ya está en otro país o la prescripción está cerca», dijo. La medida proponía alargar los periodos de incompatibilidad para sectores relacionados, crear un registro público más detallado de actividades posteriores y establecer un procedimiento sumario para la devolución de cantidades cuando se acreditara enriquecimiento vinculado al cargo. Antonio preguntó por las garantías. El inspector respondió que cualquier sistema de control debía respetar la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, pero que la opacidad actual favorecía a quien tenía recursos para litigar durante años. Reforzar las normas no era presumir culpabilidad; era reducir el incentivo para usar el cargo como plataforma de negocio privado.

Durante la semana siguiente Antonio asistió a dos actos informativos. En uno, un catedrático de Derecho Constitucional explicó que el sistema vigente cumplía con la Constitución pero generaba desproporciones conocidas desde hacía décadas. Varios informes del Consejo de Estado y del Congreso habían señalado la posibilidad de introducir elementos de proporcionalidad nacional sin romper el modelo. En el otro acto, una exdiputada contó que había votado en contra de una enmienda que consideraba razonable porque la dirección del grupo amenazó con no incluirla en la siguiente lista. «El elector me puso allí», dijo, «pero quien decide si repito es la ejecutiva». La combinación de distrito único parcial y mayor capacidad de los electores para alterar el orden de la lista reduciría ese poder de veto interno. No lo eliminaría del todo —los partidos seguirían seleccionando candidatos—, pero introduciría una presión adicional desde fuera.

Lucía preparó un cuadro comparativo. En un lado puso el sistema actual: circunscripciones provinciales, listas cerradas y bloqueadas, cuotas legales, incompatibilidades de dos años en muchos casos con excepciones. En el otro, las tres medidas: tramo nacional con voto de igual valor, elaboración de listas por los militantes sin cuotas impuestas, y control reforzado antes, durante y después con devolución efectiva de caudales. Debajo anotó las objeciones que había escuchado: posible nacionalización excesiva de la campaña, riesgo de que los partidos pequeños desaparezcan del tramo provincial, dificultad práctica de verificar todas las declaraciones patrimoniales, y la posibilidad de que la ausencia de cuotas redujera la presencia de mujeres si los militantes no las priorizaban. Antonio añadió una columna de respuestas posibles: mantener un porcentaje mínimo de escaños provinciales, exigir primarias o votaciones internas auditadas, crear una agencia independiente de control de patrimonio con acceso a bases de datos fiscales, y dejar que los resultados electorales y las decisiones de los afiliados determinaran la composición. Ninguna respuesta era definitiva. Servían para ordenar el debate.

Un viernes por la tarde fueron a ver a un concejal de un pueblo cercano que había dejado el acta después de descubrir que el alcalde desviaba fondos de una subvención. El concejal había denunciado y, meses después, el dinero no se había recuperado porque el procedimiento era lento y el responsable alegaba prescripción parcial. «Si la norma obligara a devolver de forma automática cuando hay sentencia firme y facilitara el embargo preventivo, otro gallo cantaría», dijo. La tercera medida apuntaba exactamente a ese punto: no solo prevenir el conflicto de intereses futuro, sino recuperar lo indebidamente gastado o apropiado. Antonio tomó nota de los plazos que el concejal consideraba razonables y de las dificultades que había encontrado al intentar acceder a la documentación.

En casa, por la noche, Antonio volvió a abrir la hoja de cálculo. Introdujo los resultados de las últimas generales y simuló un reparto en el que el 30 % de los escaños se asignaran en distrito único nacional con listas desbloqueadas y el 70 % restante en las provincias actuales. Los números cambiaban. Algunos partidos ganaban dos o tres escaños; otros perdían en provincias donde su voto estaba muy concentrado pero por debajo del umbral efectivo. No era una predicción; era una ilustración de que el valor del voto dejaría de depender tanto de la provincia en la que se depositara, al menos para esa fracción de la Cámara. Lucía señaló que habría que regular cómo se presentaban las candidaturas nacionales para evitar que solo los partidos con más recursos pudieran competir en todo el territorio. Antonio escribió la observación al margen. Cualquier reforma debía incluir reglas de financiación y de acceso a medios que no convirtieran el distrito único en una barrera nueva.

La segunda medida apareció de nuevo cuando un amigo le envió la composición de una lista autonómica reciente. De los primeros diez nombres, seis respondían a la cuota legal y cuatro a la decisión de la dirección después de ajustar los porcentajes. Dos de los ajustados tenían menos experiencia que candidatos que habían quedado más abajo. El amigo, militante, había votado en la asamblea un orden distinto que luego fue modificado para cumplir la norma. «No es que esté en contra de que haya mujeres», escribió. «Es que el orden lo decidimos nosotros y luego nos lo cambian». Antonio respondió que la supresión de la cuota legal devolvería esa competencia a la asamblea o al órgano que el partido estableciera en sus estatutos. Si los afiliados querían paridad, la aprobarían. Si no, asumirían el resultado. La ley dejaría de ser el árbitro de la composición interna.

El control de los cargos ocupó la última conversación larga de la semana. Un abogado especializado en derecho administrativo le explicó a Antonio las vías actuales de incompatibilidad y las sentencias que habían limitado su alcance. Muchos supuestos dependían de que el nuevo empleador estuviera directamente relacionado con decisiones concretas del ex cargo, un vínculo difícil de probar cuando habían pasado meses y las decisiones eran colegiadas. La propuesta de reforzar la normativa buscaba objetivar algunos supuestos —sectores regulados, empresas adjudicatarias, fundaciones beneficiarias de subvenciones— y alargar los plazos de forma graduada según el nivel del cargo. También pedía que las cantidades cobradas de forma irregular o las indemnizaciones excesivas pudieran reclamarse con un procedimiento más ágil que el civil ordinario. Antonio preguntó por el riesgo de arbitrariedad. El abogado contestó que cualquier ampliación de controles debía ir acompañada de motivación reforzada, recurso efectivo y revisión judicial plena. El objetivo no era impedir la vida profesional posterior, sino evitar que el paso por la administración se convirtiera en una inversión con retorno garantizado a costa del interés general.

El domingo siguiente Antonio volvió a pasar por el colegio electoral. Ya no había cola. Las mesas estaban recogidas y los interventores se habían marchado. Se quedó un momento en la puerta. Pensó en las tres medidas como piezas de un mismo mecanismo: hacer que el voto pese más igual, que las listas reflejen mejor las decisiones de quienes las componen y de quienes las votan, y que quien ocupa un cargo sepa que habrá escrutinio antes, durante y después, con consecuencias patrimoniales reales si se acredita el uso indebido de fondos o de información. Ninguna de las tres garantizaba por sí sola un parlamento mejor o una administración más limpia. Juntas reducían algunos de los incentivos que alejaban a los representantes de los electores y acercaban a algunos cargos a intereses privados. Antonio no esperaba que se aprobaran tal cual. Sabía que cualquier cambio en la ley electoral requiere mayorías amplias y que los partidos en el poder suelen preferir las reglas con las que han ganado. Pero también sabía que las distorsiones actuales —valor desigual del voto según la provincia, disciplina de lista por encima de la preferencia del elector, cuotas impuestas y puertas giratorias con escaso retorno de caudales— eran medibles y llevaban años documentadas en informes oficiales y en sentencias.

Lucía le esperaba en el coche. Había impreso el cuadro comparativo y había añadido una fila final: «Efectos previsibles a cinco años». En ella había escrito, con lápiz, tres líneas. Para la reforma electoral: mayor proporcionalidad en el tramo nacional y posible aumento de la competencia interna en los partidos. Para las cuotas: variación en la composición de las listas según la demografía y las preferencias de cada militancia, sin obligación legal uniforme. Para el control de cargos: reducción del número de fichajes inmediatos en sectores regulados y mayor recuperación de cantidades en casos con sentencia firme. Debajo había dejado un espacio en blanco. Antonio lo miró y escribió: «Depende de la redacción concreta, de los recursos de control y de si los electores utilizan las nuevas herramientas». Cerró la carpeta. El país seguiría votando con las reglas vigentes hasta que una mayoría decidiera cambiarlas. Las tres medidas estaban sobre la mesa como una posibilidad entre otras. Quienes las defendían argumentaban que acercaban el sistema a la igualdad del voto, a la autonomía de los partidos y a la responsabilidad patrimonial de los cargos. Quienes las criticaban advertían de riesgos de desconexión territorial, de posible retroceso en presencia de ciertos perfiles y de dificultades prácticas de aplicación. Antonio había escuchado ambos lados. Había hecho números con los resultados reales y había hablado con quienes habían estado dentro de las listas y de las instituciones. El relato de esas conversaciones no terminaba en una conclusión única. Terminaba en la puerta del colegio electoral, con el DNI todavía en el bolsillo y la certeza de que el valor del voto, la forma de las listas y el control de quienes gobiernan no son detalles técnicos: son las condiciones con las que los ciudadanos aceptan delegar el poder durante cuatro años. Mientras esas condiciones sigan generando restos sin representación, órdenes de voto que nadie ha consultado y patrimonios que crecen sin explicación suficiente, las propuestas de reforma seguirán circulando. Antonio arrancó el coche. Lucía guardó el cuadro. En la radio hablaban de la próxima sesión de investidura. Ninguno de los dos cambió de emisora.