MOTIVACIÓN
Elecciones Generales 2026
Hay momentos en la vida de un país en los que el silencio deja de ser prudencia y se convierte en complicidad. España atraviesa uno de esos momentos. No es una crisis más de las que se resuelven con un cambio de gobierno o con un paquete de medidas coyunturales. Es una erosión lenta y deliberada de los fundamentos que permiten que una nación exista como algo más que un espacio administrativo: la unidad de su territorio, la igualdad de sus ciudadanos ante la ley, la capacidad de decidir su propio destino y la transmisión de una cultura que ha dado forma a continentes. Quien escribe estas páginas lo hace desde la convicción de que esa erosión no es inevitable y de que las elecciones de 2026 pueden marcar el punto de inflexión si una mayoría suficiente de españoles decide dejar de administrar la decadencia y empezar a reconstruir.
No escribo como político profesional ni como portavoz de sigla alguna. Escribo como ingeniero que ha dedicado décadas a calcular estructuras para que no se derrumben, como alguien que ha estudiado matemáticas lo suficiente para saber que los números no mienten cuando se les deja hablar, y como ciudadano que ha observado, año tras año, cómo decisiones tomadas en nombre del progreso producían resultados medibles de fragmentación, inseguridad e impotencia. La motivación de este libro no nace de la nostalgia ni del resentimiento. Nace de la evidencia acumulada y de la negativa a aceptar que España deba resignarse a ser menos de lo que ha sido y de lo que todavía puede ser.
Durante demasiado tiempo se nos ha dicho que hablar de unidad nacional es propio de otro siglo, que defender la soberanía es egoísmo, que exigir que la ley se aplique por igual es falta de sensibilidad y que recordar lo que España ha aportado a la civilización es arrogancia. Mientras tanto, las instituciones autonómicas han utilizado competencias transferidas para construir proyectos de ruptura, las fronteras se han convertido en filtros selectivos que no filtran, la justicia ha visto cómo sus sentencias se negociaban o se ignoraban, la educación ha dejado de garantizar el dominio de la lengua común y el conocimiento de una historia compartida, y la economía ha soportado un entramado de duplicidades, subvenciones ideológicas y regulaciones que castigan a quien produce. Estos no son eslóganes. Son hechos documentados en presupuestos, en sentencias, en estadísticas de criminalidad, en resultados educativos y en balanzas fiscales. Ignorarlos no los hace desaparecer; solo aplaza el momento en que sus consecuencias se vuelven imposibles de gestionar.
La motivación central de las páginas que siguen es sencilla de enunciar y difícil de ejecutar: devolver al Estado español la capacidad efectiva de cumplir las funciones que justifican su existencia. Eso implica, en primer lugar, restablecer la primacía de la soberanía nacional sobre cualquier proyecto parcial que pretenda disolverla. Cataluña no es un caso aislado ni un malentendido cultural. Es el ejemplo más avanzado de un proceso en el que recursos públicos, sistemas educativos y medios de comunicación se han puesto al servicio de la negación de la nación que los financia. Suspender la autonomía hasta que el golpismo sea derrotado sin paliativos y las responsabilidades depuradas no es un castigo colectivo; es la recuperación de las herramientas que el propio ordenamiento jurídico prevé cuando una institución autonómica incumple de forma grave y reiterada la Constitución. Ilegalizar a quienes tienen como fin estatutario la destrucción de la unidad territorial no vulnera la libertad de pensamiento; impide que esa libertad se financie con el dinero de quienes no comparten ese fin. Proteger los símbolos nacionales con el máximo rigor jurídico no es sacralizar trapos o músicas; es reconocer que una comunidad política necesita signos visibles de pertenencia que no puedan ser ultrajados impunemente. Y garantizar que el español sea la lengua vehicular y de conocimiento obligatorio en todo el territorio no es imponer uniformidad; es cumplir el mandato constitucional de que todos los españoles tienen el derecho a usarla y el deber de conocerla, sin que ninguna administración pueda convertir una lengua cooficial en barrera de acceso a la función pública o a la educación.
Estas medidas no nacen del deseo de humillar a nadie. Nacen de la constatación de que la convivencia solo es posible cuando las reglas son las mismas para todos y cuando nadie puede utilizar las instituciones para negar la existencia de la comunidad que las sostiene. Quien crea que se puede mantener indefinidamente un sistema en el que partes del Estado trabajan contra el conjunto se equivoca en el cálculo. Las grietas se ensanchan. Los ciudadanos que se sienten extranjeros en su propio país terminan por desentenderse o por responder con la misma lógica de confrontación. La alternativa no es la represión permanente; es la restauración de un marco en el que la lealtad a la ley común sea la condición para ejercer el poder autonómico o local.
En materia de inmigración la motivación es igualmente concreta. España tiene derecho a decidir quién entra, quién se queda y en qué condiciones. Ese derecho no es teórico. Cuando se permite la entrada irregular masiva, cuando las órdenes de expulsión no se ejecutan, cuando el arraigo convierte la estancia ilegal en vía de regularización y cuando se financia con dinero público a quien colabora con las mafias, se está renunciando a ese derecho. Deportar a quien ha entrado ilegalmente, expulsar a quien, teniendo permiso, reincide en delitos, perseguir con penas reales a las redes y a sus colaboradores, cerrar de por vida la regularización a quien cruzó de forma irregular y condicionar la ayuda al desarrollo a la cooperación en retornos no son medidas de crueldad. Son la condición para que la inmigración legal, ordenada y vinculada a las necesidades de la economía y a la capacidad de integración pueda funcionar. Privilegiar nacionalidades con las que compartimos lengua y lazos históricos no es discriminación arbitraria; es reconocer que la integración no es un proceso mágico y que las diferencias culturales y lingüísticas tienen costes reales. Quien sostenga que estas políticas son imposibles por razones humanitarias o europeas deberá explicar por qué otros países las aplican y por qué España debe asumir en solitario las consecuencias de no aplicarlas.
La seguridad y la defensa siguen la misma lógica de recuperación de capacidades. Cerrar mezquitas donde se predica el integrismo, el menosprecio a la mujer o la yihad, exigir reciprocidad y rechazar financiación extranjera de lugares de culto, fortalecer las fronteras de Ceuta y Melilla con medios reales y amparo legal, incrementar el presupuesto de Defensa para lograr autonomía operativa y exigir a Marruecos el reconocimiento de la soberanía española sobre las dos ciudades no son obsesiones. Son respuestas a amenazas que ya se han materializado en atentados, en saltos masivos y en presiones migratorias utilizadas como arma. Publicar los datos de nacionalidad y origen en las estadísticas de delitos, participar en misiones de combate contra el yihadismo según nuestros intereses y suspender Schengen mientras no haya garantías de que no sirve de vía de escape para criminales o de entrada para mafias son medidas de transparencia y de eficacia. Un Estado que no controla sus fronteras ni protege a sus ciudadanos de amenazas internas y externas ha dejado de cumplir su función primordial.
En economía la motivación es liberar la capacidad productiva que hoy está lastrada por duplicidades, por gasto político superfluo y por una fiscalidad que castiga el esfuerzo. Un Plan Hidrológico Nacional basado en la solidaridad y la eficiencia, la eliminación de organismos y televisiones autonómicas prescindibles, la fusión de ayuntamientos y la reducción de asesores, la simplificación normativa con la regla de derogar cinco normas por cada una nueva, un plan energético orientado a la autosuficiencia, una rebaja radical del IRPF con mínimo exento alto y tipos únicos, la reducción del Impuesto de Sociedades, la supresión de Patrimonio, Sucesiones y plusvalías, la liberalización del suelo y el apoyo a autónomos y a la reindustrialización no constituyen un programa de regalo fiscal. Constituyen el reconocimiento de que el Estado ha crecido en estructuras que no producen valor y ha gravado en exceso a quienes sí lo producen. Las familias numerosas, los trabajadores y las empresas necesitan más renta disponible y menos trabas. Las pensiones requieren un modelo mixto que garantice el mínimo y permita la capitalización. Estas reformas tienen costes de transición y exigen rigor en el gasto. También tienen el beneficio de alinear los incentivos con la creación de riqueza en lugar de con la captura de renta pública.
La sanidad y la educación siguen el criterio de unidad y de prioridad. Tarjeta sanitaria única, cartera de servicios común, compras centralizadas y limitación del acceso gratuito pleno a quien no tiene vínculo estable con el país buscan equidad y sostenibilidad. En educación, el cheque escolar, el español como lengua vehicular obligatoria, el PIN parental, los exámenes nacionales, las becas exigentes y el mecenazgo cultural con atención al patrimonio y a las tradiciones responden a la necesidad de que los padres recuperen capacidad de elección, de que el nivel educativo sea medible y comparable, y de que la cultura común no quede subordinada a proyectos de ingeniería social. Proteger la tauromaquia y la caza como patrimonio y actividad rural, y combatir las desigualdades de infraestructuras y servicios entre el campo y la ciudad, forman parte de la misma lógica: no abandonar a quienes mantienen formas de vida y territorios que el modelo actual margina.
En vida y familia la motivación es reconocer que la natalidad no se recupera con discursos y que la infancia requiere protección real. Derogar la ley de violencia de género para sustituirla por una norma de violencia intrafamiliar que proteja sin distinción de sexo, crear un Ministerio de Familia, establecer prestaciones por hijo, ampliar permisos y facilitar la conciliación, defender la vida desde la concepción con alternativas reales de apoyo y adopción, prohibir los vientres de alquiler y establecer la custodia compartida como regla general son medidas que parten de una evidencia demográfica y de una concepción de la familia como institución anterior al Estado. No se trata de imponer un modelo único de vida privada. Se trata de dejar de penalizar fiscal y culturalmente a quienes deciden tener y criar hijos, y de proteger a los menores de contenidos y prácticas que los cosifican.
En justicia y libertades el objetivo es que la ley vuelva a ser igual para todos y que el poder político no capture las instituciones. Acabar con las subvenciones a partidos, sindicatos y organizaciones ideológicas, aprobar una ley de memoria y dignidad para las víctimas del terrorismo que impida homenajes a asesinos, tipificar la ocupación como delito con desalojo inmediato, eliminar la prescripción de los crímenes terroristas, depurar responsabilidades por negociaciones con bandas, oír a las víctimas en todas las fases, restablecer el rigor penal incluida la prisión permanente, recuperar la prevalencia de las sentencias españolas, eliminar privilegios penitenciarios a terroristas e irregulares, elegir los órganos judiciales por méritos entre los propios jueces, tipificar el despilfarro y suprimir el jurado responden a fallos concretos del sistema actual. Un Estado de derecho no puede financiar a quienes trabajan contra él, no puede tolerar que las viviendas se ocupen durante meses, no puede permitir que los crímenes más graves prescriban o se beneficien de revisiones externas automáticas, y no puede mantener un Poder Judicial cuya cúpula depende de pactos de partidos.
En Europa e internacional la motivación es recuperar margen de maniobra. Impulsar un nuevo tratado que refuerce la soberanía y el peso de España, reducir el gasto político europeo y las agencias que invaden competencias nacionales, revisar la PAC para que llegue a los agricultores reales, priorizar la bilateralidad, crear una agencia de apoyo a minorías cristianas y poner en marcha un plan de cooperación con la comunidad hispana que ordene inversiones y migración son pasos hacia una política exterior que sirva a los intereses españoles en lugar de diluirlos. La Unión Europea puede ser un marco útil de cooperación; deja de serlo cuando se convierte en un aparato que impone normas contrarias a la capacidad de decisión de sus miembros sobre fronteras, identidad o economía.
Todas estas medidas comparten una misma raíz: la negativa a seguir aceptando que España sea el único país que no puede defender con normalidad su unidad, sus fronteras, su lengua, su cultura, su economía y su justicia. Otros Estados europeos aplican políticas de control migratorio, de protección de símbolos, de exigencia lingüística y de rigor penal sin que se les acuse de abandonar la democracia. España puede hacer lo mismo. La diferencia no está en la imposibilidad técnica o jurídica; está en la voluntad política que hasta ahora ha faltado.
La motivación de este libro es contribuir a que esa voluntad se forme y se exprese en 2026. No prometo soluciones mágicas ni un país sin conflictos. Prometo que es posible detener la fragmentación, recuperar el control de las fronteras, simplificar la economía, unificar los servicios esenciales, proteger a la familia y a la infancia, y devolver a la justicia su capacidad de actuar con independencia y rigor. Para ello hace falta una mayoría que entienda que la solidaridad real solo existe entre iguales, que la libertad solo se sostiene con orden y que la soberanía no es un concepto abstracto sino la condición para que las decisiones que afectan a los españoles las tomen los españoles.
Quien lea estas páginas encontrará propuestas concretas agrupadas por áreas. Cada una puede discutirse, mejorarse o rechazarse. Lo que no puede discutirse es el diagnóstico de partida: España lleva demasiado tiempo gobernada por la lógica de la cesión permanente, de la financiación de quien la niega y de la renuncia a ejercer las competencias que le corresponden. Esa lógica tiene fecha de caducidad. Las elecciones de 2026 serán una de las últimas oportunidades de cambiarla antes de que los costes de no haberlo hecho se vuelvan irreversibles en demografía, en cohesión territorial y en capacidad de acción exterior.
Escribo desde la responsabilidad de quien ha visto cómo se calculan mal las estructuras y luego se pagan las consecuencias. España no es una estructura abstracta. Es el resultado de siglos de historia compartida, de una lengua que hablan cientos de millones y de un ordenamiento jurídico que, cuando se aplica, ha demostrado capacidad de integrar. Merece que se la defienda con la misma precisión con la que se diseña un puente o se resuelve una ecuación: identificando las cargas reales, reforzando los apoyos necesarios y eliminando los elementos que la debilitan. Esa es la motivación. El resto es trabajo de ciudadanos que decidan, con su voto y con su acción cotidiana, que el mantenimiento de lo común vale más que la satisfacción de las partes que pretenden disolverlo.
En las páginas que siguen se detallan las medidas. Aquí solo queda decir que no hay nada radical en querer que la ley se cumpla, que las fronteras se controlen, que los hijos se eduquen en la lengua común, que las familias que tienen hijos no sean penalizadas y que los terroristas y los delincuentes graves cumplan sus condenas. Lo radical ha sido normalizar lo contrario durante tanto tiempo. 2026 puede ser el año en que esa normalización termine. Depende de que suficientes españoles consideren que su país merece el esfuerzo de reconstruirlo sobre bases de unidad, igualdad y soberanía. Este libro es una contribución a ese esfuerzo. Nada más y nada menos.
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