PRÓLOGO
Un prólogo debería servir para explicar por qué un libro existe y qué puede esperar de él quien lo abre. En este caso la explicación es directa: existe porque España se encuentra ante una disyuntiva que ya no admite más aplazamientos, y porque las elecciones de 2026 serán probablemente una de las últimas ocasiones en las que todavía sea posible corregir el rumbo con las herramientas ordinarias de la democracia. No escribo estas páginas para sumar un título más a la bibliografía política del momento ni para ofrecer un catálogo de agravios. Las escribo porque, después de años de observar cómo se adoptan decisiones cuyos resultados son previsibles y se niegan sistemáticamente, he llegado a la conclusión de que el silencio técnico o la distancia irónica ya no son posiciones defendibles.
Quien firma este prólogo es ingeniero de formación y de oficio. Ha calculado estructuras, ha revisado proyectos y ha comprobado, en más de una ocasión, que cuando se ignoran las cargas reales o se debilitan los apoyos esenciales, la construcción termina por mostrar grietas que ninguna capa de pintura consigue ocultar. Esa misma lógica de observación y de cálculo es la que aplica aquí a la situación de España. Los datos de fragmentación territorial, de presión migratoria irregular, de resultados educativos, de presión fiscal, de listas de espera sanitarias, de ocupación de viviendas, de sentencias que no se ejecutan y de presupuestos que financian a quienes niegan la nación que los aprueba no son opiniones. Son magnitudes. Y las magnitudes, cuando se acumulan en la misma dirección durante suficiente tiempo, indican una trayectoria. La trayectoria actual conduce a una pérdida progresiva de capacidad de acción del Estado, a una mayor desigualdad real entre ciudadanos según el territorio en el que viven y a una disminución de la cohesión que hace posible cualquier política común.
El libro que el lector tiene en las manos recoge un conjunto de medidas agrupadas por ámbitos. No pretende ser un programa electoral cerrado ni el catecismo de ninguna organización. Pretende ser un inventario razonado de lo que habría que hacer si se decidiera que España debe recuperar el control sobre sus fronteras, sobre su educación, sobre su justicia, sobre su gasto y sobre su lugar en Europa y en el mundo. Cada capítulo desarrolla propuestas concretas: desde la suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota efectiva del proyecto rupturista y la depuración de responsabilidades, hasta la reforma del sistema electoral para que el voto de cada español tenga un valor más igual; desde la deportación de quienes entran o permanecen ilegalmente y la persecución de las mafias, hasta la unificación de la tarjeta sanitaria y de la cartera de servicios; desde la rebaja de impuestos y la simplificación normativa, hasta la protección de la familia, la custodia compartida como regla general y la prohibición de los vientres de alquiler; desde el refuerzo de las fronteras de Ceuta y Melilla y el aumento del presupuesto de Defensa, hasta la recuperación de la prevalencia de las sentencias españolas frente a revisiones externas en los delitos más graves. Todas ellas responden a problemas que ya están cuantificados. Ninguna de ellas requiere inventar un ordenamiento jurídico nuevo; la mayoría exige aplicar con voluntad el que ya existe o reformarlo en puntos precisos donde se ha demostrado insuficiente.
La razón por la que estas medidas aparecen reunidas es que los problemas a los que responden están conectados. No se puede mantener un Estado del bienestar generoso si las fronteras son permeables y las expulsiones no se ejecutan. No se puede hablar de igualdad de oportunidades si en unas comunidades el español es lengua vehicular y en otras se reduce a asignatura optativa de facto. No se puede exigir esfuerzo fiscal a los ciudadanos mientras se mantienen televisiones autonómicas, organismos duplicados y subvenciones a entidades cuyo fin es la negación de la unidad nacional. No se puede proteger a la infancia si los contenidos escolares sobre sexualidad o valores se imparten sin autorización parental expresa y si la legislación trata de forma desigual a las víctimas según su sexo. No se puede tener una justicia previsible si la ocupación de viviendas se tramita como conflicto civil durante meses, si los crímenes terroristas prescriben y si los órganos de gobierno de los jueces se designan por pactos de partidos. Y no se puede influir en Europa si se acepta un marco en el que el peso de España ha disminuido y en el que agencias y recomendaciones invaden competencias que la Constitución reserva al Estado.
Estas conexiones no son teóricas. Se observan cada día en los juzgados, en los ambulatorios, en las aulas, en las comisarías de Ceuta y Melilla, en las explotaciones agrícolas que reciben menos ayudas que los propietarios absentistas y en las empresas que calculan si les compensa seguir produciendo en España o trasladar actividad. El libro las recoge porque ignorarlas ha sido precisamente una de las causas de la situación actual. Durante años se ha gobernado como si cada problema pudiera aislarse y gestionarse con gestos, con transferencias competenciales adicionales o con financiación extraordinaria. El resultado ha sido la multiplicación de administraciones que no se coordinan, de normativas que se solapan y de incentivos que premian la fragmentación y la permanencia irregular.
El prólogo no es el lugar para desarrollar cada medida; eso corresponde a los capítulos. Sí es el lugar para aclarar el criterio que las une. Ese criterio es la recuperación de la capacidad del Estado para cumplir las funciones básicas que justifican su existencia: garantizar la seguridad interior y exterior, mantener la igualdad de los ciudadanos ante la ley, asegurar la transmisión de una lengua y de una cultura comunes, ordenar los flujos migratorios según las necesidades y la capacidad de integración del país, y crear un marco fiscal y regulatorio que no castigue sistemáticamente a quien trabaja, emprende o forma una familia. Nada de esto es incompatible con la descentralización administrativa allí donde resulta eficiente. Sí es incompatible con un modelo en el que las comunidades autónomas pueden utilizar sus competencias para construir identidades enfrentadas a la nación, en el que las fronteras se gestionan de forma que las mafias calculan con precisión los incentivos, y en el que el gasto público financia estructuras cuyo objetivo declarado es la disolución del marco constitucional.
Tampoco se trata de proponer un retorno a un centralismo uniformador del siglo XIX. Se trata de distinguir entre la administración de proximidad, que puede y debe existir, y la capacidad legislativa y política de actuar contra el interés general. Un solo Gobierno y un solo Parlamento para las competencias esenciales —educación, sanidad, seguridad, justicia, relaciones exteriores— no impide que los ayuntamientos gestionen servicios locales ni que existan políticas de desarrollo rural. Impide que haya diecisiete currículos escolares incompatibles, diecisiete sistemas de compras sanitarias que pagan precios distintos por el mismo producto, y diecisiete interpretaciones de hasta dónde llega la lealtad al ordenamiento común. La solidaridad entre territorios solo es sostenible cuando las reglas de contribución y de recepción son claras y cuando nadie puede utilizar la autonomía para sustraerse a ellas o para financiar la ruptura.
En el ámbito europeo e internacional el mismo criterio se aplica. España puede y debe cooperar con otros Estados. No puede aceptar que esa cooperación se traduzca en una pérdida permanente de capacidad de decisión sobre sus fronteras, sobre su política agrícola o sobre la ejecución de sus propias sentencias en materia de terrorismo y criminalidad grave. Impulsar un nuevo tratado que recupere peso y soberanía, reducir el gasto político de las instituciones europeas, revisar la PAC para que llegue a quien realmente explota la tierra, priorizar los acuerdos bilaterales cuando los multilaterales perjudican y construir una relación más estructurada con los países de la comunidad hispana son opciones disponibles. Requieren voluntad y alianzas. No requieren salir de ningún marco; requieren dejar de tratar como irreversible lo que es el resultado de negociaciones anteriores que pueden renegociarse.
El lector encontrará en los capítulos argumentos, datos y propuestas desarrolladas. Encontrará también el reconocimiento de que ninguna medida es gratuita ni de aplicación instantánea. Suspender una autonomía, reformar el sistema electoral, cambiar el modelo de pensiones hacia uno mixto, centralizar compras sanitarias o eliminar subvenciones a partidos y sindicatos genera resistencias y periodos de ajuste. Esas resistencias no invalidan el diagnóstico. Simplemente indican que el coste de no actuar también existe y que, a diferencia del coste de las reformas, se paga de forma difusa y creciente: en forma de menor crecimiento, de mayor inseguridad percibida, de peores resultados educativos, de familias que retrasan o renuncian a tener hijos y de una administración de justicia que pierde credibilidad cuando las sentencias no se cumplen o cuando las viviendas no se recuperan.
Este prólogo se escribe en un momento en el que todavía es posible elegir. La demografía, la acumulación de deuda implícita en el sistema de pensiones, la consolidación de redes de economía irregular vinculadas a la inmigración no controlada y la erosión de la autoridad del Estado en partes del territorio no son procesos que se puedan revertir con la misma facilidad dentro de diez o quince años. 2026 no es una fecha mágica. Es simplemente la próxima ocasión en la que los españoles podrán decidir, mediante el voto, si prefieren continuar con el marco actual de cesiones, duplicidades y renuncias o si prefieren un marco en el que el Estado recupere herramientas para garantizar la unidad, la seguridad, la igualdad ante la ley y la sostenibilidad de los servicios esenciales.
No hay en estas páginas llamamientos a la épica ni promesas de transformación milagrosa. Hay un inventario de medidas que un gobierno con mayoría suficiente podría poner en marcha, con mayor o menor graduación, para invertir la trayectoria descrita. Algunas requieren reformas legales ordinarias. Otras necesitan mayorías más amplias o cambios constitucionales. Todas ellas parten de la premisa de que los problemas actuales no se resuelven con más diálogo indefinido ni con más financiación a quienes los agravan. Se resuelven con decisiones que restablezcan incentivos alineados con el interés general: que entrar ilegalmente no conduzca a la regularización, que delinquir de forma reiterada extinga el permiso de residencia, que ocupar una vivienda tenga respuesta policial inmediata, que el español sea la lengua de la escuela en todo el territorio, que los padres autoricen los contenidos sensibles que reciben sus hijos, que las sentencias firmes se cumplan, que el gasto político superfluo se reduzca y que la familia que tiene hijos no sea tratada fiscalmente peor que otras formas de convivencia.
El autor de este libro ha dedicado parte de su vida profesional a que las cosas funcionen: a que un puente soporte las cargas previstas, a que un sistema de ecuaciones tenga solución coherente, a que un relato o una partitura mantengan su estructura interna. Aplica el mismo criterio a la política. Una nación no se mantiene por la suma de buenas intenciones ni por la repetición de palabras como diversidad o progreso. Se mantiene cuando sus instituciones cumplen las funciones para las que fueron creadas y cuando los ciudadanos perciben que el esfuerzo y el cumplimiento de la ley tienen recompensa, mientras que su incumplimiento tiene consecuencias. España ha demostrado a lo largo de su historia capacidad para rehacerse después de periodos de fragmentación y de crisis. No hay ninguna razón estructural que le impida hacerlo de nuevo. Hay, eso sí, una razón política: la ausencia, hasta ahora, de una mayoría dispuesta a aplicar las medidas necesarias aunque generen oposición ruidosa.
Este prólogo termina donde empieza el trabajo del lector. Las páginas siguientes detallan qué podría hacerse en cada ámbito. Corresponde a cada cual valorar si el diagnóstico es correcto y si las propuestas responden a él de forma proporcionada. Corresponde también decidir, cuando llegue el momento de votar, si se prefiere continuar administrando las consecuencias de las decisiones de las últimas décadas o si se prefiere cambiar el marco para que esas consecuencias dejen de producirse. El libro no sustituye esa decisión. Solo pretende que se tome con la mayor cantidad posible de información concreta sobre lo que está en juego y sobre lo que podría hacerse de otro modo.
España no está condenada a la fragmentación ni a la pérdida de control sobre sus fronteras ni a la resignación demográfica ni a una justicia que no se ejecuta. Está, simplemente, gobernada por un conjunto de reglas e incentivos que producen esos resultados. Cambiar las reglas y los incentivos es posible. Requiere claridad sobre el objetivo, precisión en las medidas y voluntad para sostenerlas frente a quienes se benefician del marco actual. Ese es el propósito de las páginas que siguen. Que el lector juzgue si las medidas propuestas sirven a ese propósito o si considera que existen otras mejores. En cualquier caso, el tiempo para seguir tratando los síntomas sin tocar las causas se está agotando. 2026 será una de las ocasiones en las que todavía se pueda elegir con conocimiento de causa. Este libro aspira a contribuir a que esa elección se haga con los datos y las alternativas sobre la mesa.
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