SALUD

SALUD

1. Una concepción integral de la Sanidad. Tarjeta sanitaria única, calendario de vacunación único, gestión integral de las listas de espera y cartera de servicios única en todo el territorio nacional.
2. Suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud (cambio de género, aborto…) Las vacunas infantiles serán obligatorias y gratuitas.
3. Incluir Odontología Pediátrica en la Seguridad Social hasta el recambio de dentición temporal.
4. Establecimiento de un Sistema de Compras centralizado, mediante el uso de Internet, que permita optimizar la eficiencia y la garantizar la transparencia de las decisiones económicas. Análisis de la suficiencia de los medios y dotaciones de los hospitales.
5. Eliminación del acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales y copago para todos los residentes legales que no tengan un mínimo de 10 años de permanencia en nuestro suelo. Se cubrirán únicamente servicios de urgencia.

Corolario: SALUD

Antonio Ruiz esperaba en la sala de consultas del ambulatorio con el volante de su madre en la mano. Llevaban cuarenta minutos más de la hora citada. En la pantalla las listas de espera de dermatología y de traumatología parpadeaban con cifras distintas según la comunidad de origen del paciente. Su madre, de setenta y ocho años, tenía cita en una comunidad y el seguimiento en otra porque había pasado temporadas con una hija. Cada vez que cambiaba de residencia debía volver a acreditarse. El médico que finalmente les atendió reconoció que no podía ver el historial completo porque los sistemas no hablaban entre sí. Antonio anotó la escena. La primera medida —tarjeta sanitaria única, calendario de vacunación único, gestión integral de las listas de espera y cartera de servicios única— buscaba precisamente eso: que un ciudadano pudiera moverse por el territorio sin que su derecho a la atención dependiera del código postal ni de la administración que hubiera digitalizado mejor sus archivos.

El médico le explicó que las listas de espera se medían con criterios diferentes y que algunas comunidades derivaban a la privada mientras otras acumulaban meses. Una cartera única establecería qué prestaciones estaban cubiertas en todo el país y cuáles no, y un sistema centralizado de listas permitiría derivar al paciente al centro con menor demora en lugar de mantenerlo en la cola de su comunidad. Antonio preguntó por la resistencia autonómica. El médico respondió que cada servicio de salud defendía su presupuesto y sus prioridades, y que la fragmentación había creado diecisiete velocidades. Unificar la tarjeta y el calendario de vacunación no eliminaba la gestión diaria de los centros; eliminaba la duplicidad de registros y la inequidad de acceso.

Días después Antonio acompañó a un conocido a una consulta de endocrinología. En la sala de espera se hablaba de una intervención de reasignación que se había programado en un hospital público. La segunda medida proponía suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud, entre ellas el cambio de género y el aborto, y establecer que las vacunas infantiles fueran obligatorias y gratuitas. Antonio escuchó los argumentos de quienes defendían que esas prestaciones formaban parte de la cartera porque respondían a demandas sanitarias o a derechos. También escuchó a profesionales que distinguían entre patologías que comprometían la función o la vida y procedimientos electivos cuya indicación era principalmente identitaria o de elección personal. La medida partía de que los recursos públicos finitos debían concentrarse en lo que restauraba o preservaba la salud física en sentido estricto, y de que el aborto y las cirugías de reasignación podían realizarse en el ámbito privado si así se decidía. Sobre las vacunas, el pediatra con el que habló después le mostró las coberturas. En algunas comunidades habían bajado y habían reaparecido brotes. Hacerlas obligatorias y gratuitas buscaba recuperar la inmunidad de grupo sin depender de la voluntad individual ni de la capacidad de pago. Antonio anotó que la obligatoriedad requeriría un régimen de excepciones médicas tasadas y un sistema de registro único para saber quién estaba vacunado.

En una clínica dental privada, una madre le contó que había pagado de su bolsillo las revisiones y los empastes de sus dos hijos porque la seguridad social solo cubría extracciones de urgencia. La tercera medida incluía la odontología pediátrica hasta el recambio de la dentición temporal. Antonio vio el presupuesto que le habían dado: varios cientos de euros por niño y año si se quería prevención real. Incorporar esas prestaciones a la cartera pública, limitadas a la edad en la que se forma la dentición definitiva, reduciría desigualdades y evitaría que problemas leves se convirtieran en tratamientos más caros de adultos. El odontólogo le explicó que la prevención en esa etapa tenía alto retorno y que actualmente solo llegaba a quien podía pagarla. La medida no cubría ortodoncia estética ni tratamientos de adultos; cubría lo básico mientras los dientes de leche daban paso a los permanentes.

El sistema de compras centralizado se discutió en el almacén de un hospital. El jefe de suministros le mostró a Antonio las diferencias de precio del mismo fármaco o del mismo material según la comunidad y según el concurso. Algunos hospitales compraban a través de centrales autonómicas; otros lo hacían de forma individual. La cuarta medida establecía un sistema de compras centralizado por internet que optimizara la eficiencia y garantizara la transparencia, junto con un análisis de la suficiencia de medios y dotaciones. Antonio vio pantallas con pedidos duplicados y con caducidades próximas porque cada centro gestionaba su stock. Una plataforma única permitiría agregar demanda, negociar precios por volumen y publicar las adjudicaciones. El análisis de suficiencia revisaría si los hospitales tenían las plantillas y los equipos que figuraban en los planes o si existían desequilibrios crónicos entre centros. El jefe de suministros señaló que la centralización no impedía compras de urgencia locales; impedía que el mismo producto se pagara un 30 % más caro a pocos kilómetros de distancia por falta de coordinación.

La quinta medida —eliminación del acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales y copago para los residentes legales que no llevaran un mínimo de diez años, cubriendo solo urgencias en ambos casos— surgió en urgencias de un hospital de la periferia. Antonio esperaba el resultado de una prueba de su madre cuando vio llegar a varias personas sin documentación que fueron atendidas y dadas de alta con citas posteriores. Un médico de guardia le explicó, fuera de la consulta, que la atención se prestaba y que después la facturación a terceros países o la recuperación del coste era residual. La medida restringía la gratuidad completa a quienes tuvieran situación regular y una permanencia prolongada, y limitaba a los demás a la urgencia vital. El copago para residentes recientes buscaba que la contribución fuera progresiva con el tiempo de estancia y de cotización. Antonio preguntó por los riesgos de salud pública. El médico respondió que las urgencias seguirían cubiertas y que las enfermedades transmisibles graves podían tener protocolos específicos, pero que el acceso ilimitado y gratuito sin contraprestación generaba un uso que desplazaba recursos de la población que financiaba el sistema. También le contó que en algunos turnos la proporción de pacientes sin tarjeta o con tarjetas de otras comunidades complicaba la gestión de camas.

Durante las semanas siguientes Antonio recogió más observaciones. En un ambulatorio de otra provincia vio cómo una familia tenía que repetir pruebas porque el informe no se había transferido. En una farmacia escuchó a una madre calcular si podía pagar la vacuna no financiada de un calendario autonómico distinto. En el almacén del hospital comparó precios de guantes y de contrastes. En urgencias contó el tiempo que se dedicaba a identificar a pacientes sin documentación y a explicarles que la cita de especialista no estaba cubierta. Habló con profesionales que defendían la universalidad absoluta y con otros que pedían priorizar a quien cotizaba y llevaba años en el país. Las cinco medidas no formaban un sistema sanitario completo. Formaban un conjunto de unificaciones y de límites: una tarjeta y una cartera que viajaran con el ciudadano, una definición más estricta de lo que la sanidad pública financiaba como salud, la inclusión de la odontología pediátrica preventiva, la compra agregada para reducir costes y la vinculación del acceso gratuito pleno a la residencia legal prolongada y a la contribución.

Lucía, que había acompañado a su abuela a varias citas, le planteó las objeciones que había leído. Que unificar la cartera podía reducir prestaciones en las comunidades que habían ampliado más. Que excluir ciertas intervenciones del sistema público obligaba a quien las deseara a pagarlas íntegramente. Que la odontología pediátrica tenía un coste que habría que financiar. Que la compra centralizada podía ser lenta si no se diseñaba bien. Que limitar el acceso a inmigrantes irregulares y poner copago a residentes recientes podía retrasar diagnósticos y generar costes mayores después, además de plantear problemas de salud pública. Antonio anotó las objeciones. Respondió con lo que había visto: historiales que no se compartían, listas que no se gestionaban en común, precios distintos para el mismo producto, y urgencias que atendían sin que existiera un mecanismo efectivo de recuperación del gasto. No afirmó que las medidas fueran de aplicación inmediata ni que carecieran de efectos secundarios. Afirmó que la fragmentación actual producía inequidades de acceso y de coste, que la cartera incluía procedimientos cuya relación con la recuperación de la salud era discutida por parte de los profesionales, y que el acceso sin requisitos de permanencia o contribución tenía un uso medible en determinados centros.

En el ambulatorio, la siguiente cita de su madre llegó con solo quince minutos de retraso porque el sistema había empezado a mostrar, en fase piloto, la disponibilidad de otras comunidades. Antonio no sabía si las cinco medidas se aprobarían. Sabía que cada una respondía a una fricción concreta que había observado: la imposibilidad de moverse con el historial, la discusión sobre qué debía financiar el sistema público, la ausencia de prevención dental infantil, la dispersión de las compras y la atención completa a quien no tenía aún vínculo estable con el país. Su redacción exigiría definir con precisión la cartera única, los supuestos de urgencia, los plazos de permanencia y los mecanismos de compra. Su aplicación requeriría sistemas de información que realmente interoperaran y una administración capaz de gestionar listas a escala nacional. Mientras tanto, en la sala de espera seguían apareciendo pacientes de distintas comunidades y de distintas situaciones administrativas, y los profesionales seguían atendiendo con las herramientas y las normas que tenían. Antonio guardó el volante. El sistema sanitario continuaría funcionando con sus diecisiete gestiones y sus criterios diversos hasta que se decidiera si la unidad de tarjeta, de cartera y de listas, y los límites de acceso y de prestaciones, formaban parte de la próxima configuración.