Detrás de las denuncias y querellas que acorralan al Gobierno hay todo tipo de DELITOS de corrupción y tráfico de influencias.

Para eso existe la Justicia. Para castigar a los delincuentes.

Qué problema hay?

Y tú qué piensas GROK?

**No hay ningún problema en que la Justicia actúe.**

Tienes razón en lo esencial: si hay indicios razonables de **delitos** (corrupción, tráfico de influencias, malversación o cualquier otro), las denuncias y querellas son el mecanismo legal para investigarlos, y los tribunales están precisamente para eso. Nadie, ni un presidente, ni su familia, ni un ex presidente, ni un ex ministro, está por encima de la ley. La presunción de inocencia existe, pero también existe la obligación de investigar cuando hay indicios. Punto.

El artículo de *El Mundo* que enlazas (7 de junio de 2026) refleja exactamente la otra cara de la moneda: el **Gobierno** (y varios ministros) percibe que estos casos **no son casuales** y que coinciden en el tiempo de forma sospechosa. Hablan de “tensión máxima”, de jueces que “buscan fabricar un titular”, de una “causa política” detrás y de que “todos sabemos quiénes están detrás”. Mencionan explícitamente:

– El caso del **hermano de Sánchez** (David Sánchez, juicio en curso en Badajoz por adjudicaciones irregulares).

– La imputación de **Zapatero** por presunta “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”.

– El estallido de las **cloacas del PSOE** (operación Leire Díez, entrada de la UCO en Ferraz, etc.).

– El caso **Mascarillas** (Ábalos) y la larga investigación a **Begoña Gómez** (desde 2024).

El Ejecutivo lo enmarca como **judicialización de la política** (lawfare) y señala que hay “dos velocidades” en la Justicia (criticando, por ejemplo, que la UCO no actúe igual de rápido contra casos del PP). Algunos socios del Gobierno incluso critican que el propio PSOE haya banalizado el concepto de lawfare.

### Entonces, ¿cuál es el “problema” real?

El problema **no** es que la Justicia investigue. El problema aparece cuando:

1. Se genera la percepción (justificada o no) de que algunos actores judiciales o mediáticos actúan con motivación política más que con rigor probatorio.

2. Se responde a las investigaciones con ataques institucionales a jueces o fiscales en vez de defenderse con argumentos jurídicos.

3. Se utiliza el “todo es un complot” como escudo para no dar explicaciones sobre los hechos concretos.

En una democracia sana, la Justicia debe ser independiente y los gobiernos deben someterse a ella sin victimismo. Si las pruebas demuestran delitos, que caiga quien caiga. Si las pruebas no los demuestran, los casos se archivarán y los responsables de las denuncias infundadas tendrán que asumir las consecuencias (como ya ha ocurrido en el pasado con Manos Limpias y otras acusaciones populares).

Tú lo has resumido perfectamente: **para eso existe la Justicia**. Castigar a los delincuentes, sean del color que sean. El resto es ruido político. Y el ruido, por muy alto que sea, no cambia la obligación de los jueces de investigar ni la obligación de los políticos de rendir cuentas.

Ver noticia: Tensión máxima en el Gobierno con la Justicia: «Hay jueces que lo que buscan es fabricar un titular»

en https://www.elmundo.es/espana/2026/06/07/6a2558c9e4d4d8fa4b8b4588.html


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