La estrategia Procesal de culpar a la Policía y a los Jueces de lawfare del Progresismo de la superioridad moral

La estrategia Procesal de culpar a la Policía y a los Jueces de lawfare del Progresismo de la superioridad moral

En los laberintos de los grandes casos judiciales contemporáneos, donde la fama, el dinero y el poder se entrecruzan con la muerte y la acusación, ha surgido una táctica procesal recurrente y cada vez más refinada: culpar sistemáticamente a las policías y a los jueces de practicar “lawfare”, es decir, el uso del aparato judicial como arma de guerra política o personal. Esta estrategia no se presenta como una defensa técnica pura, sino envuelta en un halo de superioridad moral que invoca derechos humanos universales, garantías procesales “civilizadas” y un desprecio implícito —o explícito— hacia los sistemas, métodos y tecnologías de las autoridades locales o extranjeras. Se trata de un relato que transforma al acusado en víctima de un aparato opresivo, mientras se deslegitima la investigación desde sus cimientos. Dos casos recientes ilustran con nitidez esta dinámica: el de Daniel Sancho en Tailandia y el de Jonathan Andic en Cataluña, con sus respectivos equipos letrados.

Comencemos por Tailandia, 2023-2025. Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor Rodolfo Sancho, es detenido tras la desaparición y posterior hallazgo de los restos desmembrados del cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla de Koh Phangan. La policía tailandesa actúa con rapidez: reconstruye los hechos, obtiene una confesión detallada en vídeo, localiza cuchillos, sierras y bolsas comprados por Sancho, y presenta un caso que el tribunal de Koh Samui considera premeditado. La sentencia: cadena perpetua.

La defensa española, liderada por el mediático Marcos García-Montes junto a Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás, y ejecutada en el terreno por el abogado local de oficio Aprichat Srinuel, opta desde el primer momento por una línea clara: atacar frontalmente a la Policía Real de Tailandia. No se centra primordialmente en demostrar inocencia absoluta (Sancho había reconocido haber matado a Arrieta, aunque la versión defensiva hablaba de pelea y defensa propia frente a un intento de violación), sino en desmontar el proceso policial como irregular, coercitivo y carente de las mínimas garantías “occidentales”.

En ruedas de prensa en Madrid y declaraciones públicas, los abogados españoles acusan a los agentes tailandeses de engaño: prometieron una deportación rápida a España si colaboraba; no leyeron derechos fundamentales; le obligaron a firmar documentos sin traductor adecuado; realizaron una reconstrucción “cavernícola” sin abogado presente; y, más tarde en el recurso de apelación, incluso sugirieron que la policía hizo “desaparecer” intencionadamente el torso del cadáver para encajar la narrativa de asesinato premeditado. Se critica la “mala praxis”, el “chantaje” y la falta de respeto a los estándares de derechos humanos. Se “españoliza” el proceso: se juzga a la policía tailandesa con los ojos de un tribunal europeo, se invoca la Convención contra la Tortura, se habla de confesiones nulas.

Este enfoque revela un desprecio profundo —no siempre explícito, pero evidente en el tono— hacia Tailandia como país y hacia sus métodos policiales. Tailandia no es vista como una jurisdicción soberana con su propia cultura jurídica (donde el respeto a la autoridad, el pragmatismo y la jerarquía son valores centrales), sino como un sistema atrasado, corrupto o primitivo que no merece el mismo trato que uno “civilizado”. La estrategia busca generar simpatía en la opinión pública española (donde funciona bien en tertulias), pero choca frontalmente con la realidad tailandesa. Los jueces tailandeses valoran el respeto institucional; atacar a la policía equivale a atacar al propio Estado. El resultado: condena firme, recurso que insiste en las mismas líneas, y comentarios de observadores locales y expertos que califican la táctica de “arrogante”, “prepotente” y contraproducente. En lugar de mitigar la pena con arrepentimiento o colaboración genuina, la defensa prefirió el combate cultural y mediático.

Esta no es una defensa aislada. Es un ejemplo paradigmático de la estrategia que da título a este relato: culpar a la policía de lawfare (o de irregularidades equivalentes a lawfare) para deslegitimar toda la instrucción. Se invoca una superioridad moral —la de los estándares europeos de derechos humanos— para descalificar métodos locales. El “progresismo de la superioridad moral” aquí opera como marco narrativo: se presenta al defendido como víctima de un sistema que no respeta las “garantías universales” que Occidente (o la izquierda progresista que se arroga su defensa) defiende. Se ignora o minimiza que Sancho confesó con detalles que solo el autor podía conocer, que las pruebas materiales eran abrumadoras y que el tribunal tailandés, tras valorar todo, optó por la cadena perpetua.

Pasemos ahora a Cataluña, 2024-2026. La muerte de Isak Andic, fundador de Mango, en las cercanías de las cuevas de Salnitre en Collbató (Montserrat). Su hijo mayor, Jonathan Andic, es investigado y finalmente imputado por homicidio. Los Mossos d’Esquadra, a través de su Unitat Central d’Informàtica Forense i Tecnològica (UCIFTEC) y otras unidades, analizan los teléfonos móviles: el del fallecido (Isak) y el de Jonathan. Los datos de localización, movimientos, aplicaciones y, especialmente, la interpretación de la secuencia de la caída (Isak parado 39 segundos, posibles “dos pasos” antes de precipitarse) se convierten en pieza central de la acusación. La Fiscalía y la jueza de Martorell ven indicios de homicidio: contradicciones en declaraciones, móvil económico, mala relación padre-hijo, y datos telefónicos que no encajan con un simple accidente.

La defensa, encabezada por el penalista de prestigio Cristóbal Martell (abogado habitual de la alta burguesía catalana, con experiencia en casos de alto perfil como el de la familia Pujol), adopta una línea técnica pero contundente: cuestionar frontalmente los informes de los Mossos. Se sostiene que los datos del móvil de Isak son “compatibles” con una caída fortuita. Se impugnan las conclusiones de la UCIFTEC, se habla de “graves imprecisiones”, conversaciones sacadas de contexto, falta de fiabilidad en la interpretación de los metadatos. Jonathan entrega un iPhone nuevo (el antiguo, dice, le fue robado en un viaje relámpago a Quito, Ecuador, en marzo de 2025); los Mossos investigan si ese terminal anterior emitió señal alguna en Ecuador. La defensa argumenta que las renovaciones de móviles son habituales por “seguridad” en altos cargos de Mango y que no hay prueba de manipulación.

Aquí aparece el elemento de la tecnología israelí de los móviles. Los Mossos utilizan herramientas forenses digitales estándar en la investigación criminal moderna, entre ellas sistemas como los de Cellebrite (empresa israelí líder mundial en extracción y análisis de datos de teléfonos móviles). En otros contextos catalanes, los Mossos han realizado periciales sobre infecciones con Pegasus (el spyware de la también israelí NSO Group), confirmando rastreos en terminales de figuras independentistas. En el caso Andic, la discusión gira en torno a la fiabilidad de los datos extraídos e interpretados por la policía catalana con estas tecnologías avanzadas. La defensa no ataca directamente “la tecnología israelí” con esa etiqueta, pero sí cuestiona la cadena de custodia, la interpretación y la objetividad de los informes policiales que se basan en ellas. Se presenta a los Mossos como una fuerza que, ya sea por sesgo, por limitaciones técnicas o por alineamiento con una narrativa acusatoria, produce informes que no resisten el escrutinio.

Martell, abogado de reconocido prestigio en los círculos de la alta burguesía catalana, despliega una defensa que combina lo técnico con un tono que, en el contexto más amplio de la política catalana, evoca las acusaciones recurrentes de lawfare. En casos previos (como los relacionados con la familia Pujol), abogados de este perfil han cuestionado la legitimidad de investigaciones policiales, comparándolas implícita o explícitamente con la “Operación Cataluña” —la trama de supuestas cloacas del Estado español contra el independentismo—. Se invoca persecución política, manipulación de pruebas, falta de imparcialidad. En el caso Andic, aunque el núcleo es un presunto homicidio familiar, la estrategia procesal de desacreditar los informes de los Mossos (incluyendo su uso de herramientas forenses avanzadas de origen israelí o similares) sigue el mismo patrón: culpar a la policía de sesgo, imprecisión o lawfare para debilitar la acusación.

El desprecio —sutil pero perceptible— hacia los Mossos y hacia la tecnología que emplean no es un ataque personal grosero, sino una deslegitimación institucional. Se sugiere que los métodos policiales catalanes (o su interpretación de datos extraídos con tecnología extranjera avanzada) no alcanzan el rigor “objetivo” que la defensa exige. Se apela a una superioridad técnica o moral: la de un abogado de élite que puede desmontar con periciales propias lo que la policía “oficial” presenta. Se enmarca, en el ecosistema discursivo catalán, dentro de un relato más amplio de lawfare contra ciertos sectores (aunque aquí el acusado es hijo de un empresario de éxito, no un activista político).

Esta táctica une ambos casos bajo el mismo paraguas conceptual. En Tailandia, se desprecia la policía local por no ajustarse a estándares “occidentales/progresistas” de derechos humanos y se acusa de manipulación para lograr una condena. En Cataluña, se cuestiona a los Mossos y sus herramientas forenses (incluida la tecnología israelí de extracción e interpretación de móviles) como fuente de informes sesgados o insuficientemente fiables. En ambos, el objetivo procesal es el mismo: desplazar el foco de la evidencia incriminatoria hacia la supuesta ilegitimidad o incompetencia de quienes la recabaron. Se invoca lawfare —o irregularidades equivalentes— para sugerir que la policía y, por extensión, los jueces que admiten sus pruebas, actúan con motivaciones espurias, políticas o simplemente “inferiores”.

El “progresismo de la superioridad moral” actúa como barniz narrativo. Se presenta la defensa como guardiana de valores universales (derechos humanos, garantías procesales, objetividad científica) frente a sistemas o fuerzas policiales que, por ser “locales”, “extranjeros” o “estatales”, son inherentemente sospechosos de abuso. En Tailandia, esto choca con la realidad cultural y jurídica del país receptor. En Cataluña, se inscribe en un debate político más amplio donde la acusación de lawfare es moneda corriente desde ambos lados del espectro independentista/no independentista.

¿Funciona esta estrategia? En el caso Sancho, hasta ahora no: la condena se mantiene y los ataques a la policía tailandesa han sido criticados incluso por analistas españoles como contraproducentes. En el caso Andic, el proceso sigue abierto; la disputa técnica sobre los datos móviles es legítima en un juicio adversarial, pero si deriva en una deslegitimación general de los Mossos, corre el riesgo de percibirse como elitista o como continuación de un relato político más que como defensa pura.

En el fondo, esta estrategia procesal revela una tensión profunda de nuestra época: la globalización de los estándares de derechos humanos choca con la soberanía jurisdiccional; la confianza en las instituciones policiales y judiciales se erosiona cuando se las acusa sistemáticamente de lawfare; y el lenguaje de la superioridad moral (ya sea progresista, liberal o de élite) se convierte en arma para desplazar responsabilidades. Culpar a la policía y a los jueces no es nuevo —es parte del derecho de defensa—, pero cuando se convierte en el eje central, cuando se desprecia al país, a sus métodos o a su tecnología forense, y cuando se envuelve en un relato de lawfare moralmente superior, deja de ser mera táctica procesal y se transforma en una forma de erosionar la propia legitimidad del sistema que se pretende utilizar.

El relato de Daniel Sancho y Jonathan Andic no son excepciones aisladas. Son síntomas de una tendencia más amplia: la judicialización extrema de la vida pública, donde la estrategia de desacreditar a quien investiga sustituye a menudo a la confrontación directa con los hechos. En Tailandia, el precio fue una condena firme en un sistema que no tolera el desprecio. En Cataluña, el desenlace aún está por escribirse, pero el patrón —desprestigio de los Mossos, cuestionamiento de sus herramientas tecnológicas, apelación a un marco de lawfare— ya está trazado.

La superioridad moral que se invoca como escudo puede convertirse, paradójicamente, en el talón de Aquiles cuando la evidencia material y las reglas del foro local hablan más alto que cualquier relato mediático o procesal. Esa es, quizás, la lección más dura que estos casos dejan para quienes eligen esta vía.