Capítulo I. El progresismo como sistema de gobierno
Cómo se construye y se sostiene un modelo basado en la propaganda, la opacidad y la negación de la realidad
El progresismo contemporáneo en España no es, en su versión dominante de los últimos años, un programa de reformas medibles ni una ideología coherente orientada a la mejora material de las condiciones de vida. Es, ante todo, un sistema de gobierno. Un dispositivo de poder que se sostiene sobre tres pilares interdependientes: la propaganda continua, la opacidad institucional y la negación sistemática de la realidad cuando esta contradice el relato. Estos tres elementos no son accidentes de gestión ni fallos puntuales; constituyen el modo de operar de un modelo que prioriza la permanencia en el poder por encima de la eficacia, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
El término “progresista” ha dejado de funcionar como descripción de políticas concretas y se ha convertido en un significante vacío de contenido programático y cargado de legitimidad moral. Cualquier decisión —desde la concesión de una amnistía hasta la gestión de una infraestructura crítica— se justifica por su pertenencia al campo del “progreso”. Lo que no encaja en ese marco se etiqueta automáticamente como reacción, ultraderecha o “máquina de fango”. Este mecanismo permite que el gobierno se presente siempre como el único actor legítimo y convierta la crítica en una amenaza existencial para la democracia, no como un ejercicio normal de control democrático.
La construcción del modelo
El modelo no surge de la noche a la mañana. Tiene raíces en la Transición y en las sucesivas etapas del PSOE, pero alcanza su forma más depurada a partir de 2018. La moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia se presentó como una operación de regeneración. Ocho años después, el patrón es el contrario: la captura progresiva de instituciones, el uso intensivo del decreto-ley para sortear el Parlamento y la construcción de mayorías parlamentarias basadas en pactos con fuerzas independentistas cuya agenda es incompatible con la unidad del Estado y con la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
La necesidad de sostener esa mayoría frágil obliga a convertir cada decisión en un ejercicio de cálculo político más que de gestión pública. Se priorizan las concesiones que aseguran votos (amnistía, traspasos, financiación singular) sobre las inversiones y el mantenimiento de sistemas que afectan a millones de personas. El resultado es un gobierno que gobierna cada vez menos mediante la ley ordinaria y cada vez más mediante decretos ómnibus, acuerdos opacos y la ocupación de puestos clave en empresas públicas y organismos reguladores. El mérito y la capacidad quedan subordinados a la lealtad.
Este proceso de construcción se acompaña de un crecimiento del gasto público y del número de cargos de confianza que no se traduce en mejoras proporcionales en los servicios que los ciudadanos perciben como esenciales. La propaganda se encarga de presentar el aumento del gasto como “avance social”, mientras los indicadores de calidad de los servicios (listas de espera, estado de las infraestructuras, tiempos de respuesta ante emergencias) se deterioran o se ocultan.
La propaganda como cemento del sistema
La propaganda no es un accesorio; es el cemento que mantiene unida la estructura. El gobierno ha desarrollado una maquinaria de comunicación que opera en varios niveles simultáneos. En primer lugar, la repetición constante del mantra “gobierno progresista”. Toda medida, por controvertida o ineficaz que sea, se defiende bajo ese paraguas. El término funciona como barrera: si algo es progresista, no puede ser malo por definición. Las críticas se redirigen automáticamente hacia el adversario, que queda reducido a un enemigo único y homogéneo (la “ultraderecha” o la “máquina de fango”).
En segundo lugar, se utilizan los medios públicos y la publicidad institucional a gran escala. Se destinan cientos de millones a campañas que no informan tanto como refuerzan el relato oficial. Se crean o se financian de forma preferente medios y canales digitales alineados, mientras se señala y se intenta limitar la financiación pública de aquellos que ejercen una crítica sostenida. El resultado es un ecosistema informativo en el que el ciudadano recibe de forma masiva mensajes de autobombo y de descalificación del oponente, y tiene que realizar un esfuerzo adicional para encontrar datos contradictorios.
La segmentación digital permite dirigir mensajes distintos a audiencias distintas. Se identifican perfiles de votantes y se les bombardea con contenidos adaptados, mientras se desmoviliza a los contrarios. Al mismo tiempo, se construyen “pseudomedios” o perfiles que aparentan independencia pero difunden el mensaje del partido. La frontera entre comunicación institucional, publicidad electoral y propaganda partidista se diluye deliberadamente.
Este aparato tiene una función esencial: evitar que la realidad penetre en el debate público de forma estructurada. Cuando los hechos son demasiado graves (un accidente ferroviario con decenas de muertos, un apagón masivo, una inundación con respuesta deficiente), la primera reacción no es la transparencia inmediata, sino la gestión del relato. Se enfatiza el dolor, se apela a la unidad, se señala a factores externos o humanos aislados y se pospone cualquier asunción de responsabilidad política hasta que el ciclo informativo se haya desplazado.
La opacidad como herramienta de poder
La opacidad no es un defecto residual; es una herramienta activa. Los datos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno muestran un aumento sostenido de las reclamaciones de los ciudadanos por falta de respuesta o por denegaciones. El silencio administrativo se convierte en práctica habitual. Se invocan razones de seguridad nacional o de “vulnerabilidades explotables” para negar información sobre mantenimiento de infraestructuras, costes de protección de cargos, horas de vuelo de aviones oficiales o contratos de cierta envergadura.
Esta opacidad protege dos cosas: las redes de nombramientos y los fallos de gestión. Cuando una empresa pública o un organismo regulador está ocupado por personas cuya principal cualificación es la afinidad política, cualquier fallo puede atribuirse a “error humano” o a “circunstancias excepcionales” sin que se pueda rastrear fácilmente la cadena de decisiones previas. La falta de datos impide el análisis independiente y permite que el gobierno controle el tempo de la información.
El patrón se repite en distintos ámbitos. Tras el accidente de Adamuz, la información técnica se diluyó en sentimentalismo y confusión. Tras el gran apagón, las explicaciones oficiales fueron parciales y tardías. Tras la DANA de Valencia, la ausencia de respuesta rápida se gestionó con un relato que minimizaba la responsabilidad política. En Urda, la reacción inicial sigue el mismo esquema: el ministro señala una decisión “inexplicable” del centro de control, el presidente promete que “si ha habido negligencias se sabrá”, y se evita cualquier reconocimiento de que las condiciones del sistema (mantenimiento, formación, liberalización sin las salvaguardas técnicas suficientes, presión por la competencia) son resultado de decisiones políticas previas.
La opacidad también protege el clientelismo. Los contratos sin concurrencia plena, los informes ideológicos de escasa utilidad práctica y la colonización de puestos en empresas públicas generan redes de lealtad que, a su vez, reproducen el relato. Quien depende del sistema tiene incentivos para no cuestionarlo.
La negación de la realidad
El tercer pilar es la negación. No se trata de ignorancia, sino de una negativa activa a aceptar que ciertos problemas son estructurales y tienen responsables políticos. El gobierno presenta España como un país que “avanza” de forma sostenida. Cualquier indicador negativo se atribuye a la oposición, a factores externos, al cambio climático o a “errores humanos” desconectados de la cadena de mando.
Esta negación tiene consecuencias prácticas. Si el relato oficial sostiene que el sistema ferroviario es seguro y fiable, no se prioriza el mantenimiento ni la compatibilidad plena de los sistemas de seguridad entre operadores. Si se afirma que la liberalización es un éxito sin matices, no se corrigen las incompatibilidades técnicas entre líneas y material rodante. Si se presenta la gestión de emergencias como ejemplar, no se revisan los protocolos ni se asumen responsabilidades cuando fallan.
El caso de Urda ilustra el mecanismo con crudeza. Un tren detenido por un fallo del sistema de seguridad, una orden de “marcha normal” en lugar de la marcha a la vista, diecisiete minutos de ventana de corrección y una colisión que produce decenas de muertos. La explicación técnica inmediata señala fallos en la cadena de control. La explicación política que el modelo progresista permite es más limitada: se trata de un error humano o de un fallo puntual, no del resultado de años de decisiones sobre inversión, mantenimiento, liberalización y nombramientos. Cualquier intento de conectar el accidente con el modelo de gobierno se denuncia como politización de una tragedia.
Esta negación se sostiene porque la propaganda ha conseguido que una parte significativa de la opinión pública acepte el marco: el gobierno es el único actor progresista legítimo y cualquier crítica fuerte es, por definición, reaccionaria. Quienes cuestionan el relato quedan fuera del perímetro de lo aceptable. El debate se reduce a la adhesión o al rechazo emocional, no al análisis de datos, auditorías y cadenas de responsabilidad.
Cómo se sostiene el sistema
El modelo se sostiene porque los tres pilares se refuerzan mutuamente. La propaganda genera el consenso moral necesario para que la opacidad no se perciba como escándalo permanente. La opacidad impide que la realidad contradiga el relato de forma masiva y documentada. La negación de la realidad permite que los fallos no generen crisis de legitimidad inmediata. El ciclo se cierra con la captura de instituciones y la dependencia clientelar, que aseguran que haya suficientes actores interesados en que el sistema continúe.
El coste no es solo económico. Es un coste en seguridad, en calidad de los servicios públicos y en confianza institucional. Cuando las infraestructuras críticas (ferroviarias, eléctricas, de protección civil) se gestionan bajo un modelo que prioriza el relato y la lealtad sobre la competencia técnica y la rendición de cuentas, los fallos no son anomalías. Son el resultado previsible de un sistema que ha convertido la gestión pública en un instrumento de poder.
Urda no es, en este marco, un accidente aislado. Es el corolario visible de un modelo que lleva años operando con los mismos mecanismos. Los capítulos siguientes examinarán cómo esos mecanismos se materializan en la liberalización ferroviaria, en los sistemas de seguridad, en los accidentes previos y en la cadena de decisiones que condujo al 28 de octubre de 2026. Este primer capítulo ha establecido el marco: un sistema de gobierno que se construye y se mantiene mediante propaganda, opacidad y negación de la realidad. El resto del libro analizará las consecuencias concretas de ese sistema.
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