Capítulo XIV. La corrupción progresista como causa

Capítulo XIV. La corrupción progresista como causa
Del dinero mal gastado y las prioridades ideológicas a las consecuencias reales en vidas humanas

La corrupción progresista no se reduce al cobro de comisiones o al desvío directo de fondos públicos hacia cuentas privadas. Se manifiesta también en la asignación sistemática de recursos y de atención política a objetivos ideológicos y de relato, mientras se postergan las inversiones y las decisiones técnicas que habrían reducido riesgos conocidos en infraestructuras críticas. Ese desvío no aparece en los sumarios como un delito de malversación clásica. Aparece en los calendarios incumplidos, en los protocolos que no se modifican, en el mantenimiento que no crece al ritmo del uso y en las explicaciones que atribuyen las catástrofes a factores externos. Sus consecuencias, sin embargo, se miden en vidas humanas.

Este capítulo examina esa forma de corrupción. Analiza cómo las prioridades del modelo de gobierno descrito en los capítulos anteriores —la proyección de modernidad, la descarbonización acelerada y la estabilidad de la coalición— han condicionado el gasto y las decisiones en ferrocarriles, energía y protección civil, hasta convertir defectos documentados en accidentes con decenas de muertos.

El dinero y las prioridades

Entre 2018 y 2026, los presupuestos y los convenios destinados a infraestructuras crecieron en términos nominales. Se anunciaron planes de modernización ferroviaria, inversiones en renovables y fondos para adaptación al cambio climático. El problema no fue la ausencia de partidas. Fue la distribución efectiva de esas partidas y el orden de las decisiones. En el ferrocarril, se priorizó la apertura de capacidad a nuevos operadores y el aumento de frecuencias. La finalización de la sustitución del LZB por ERTMS en el corredor Madrid-Sevilla, adjudicada en 2021, siguió retrasada. El gasto de mantenimiento por unidad de tráfico no acompañó el crecimiento de viajeros. Los defectos de vía documentados, como el de la soldadura de Adamuz, no recibieron intervención en los plazos internos de Adif.

En energía, se destinaron recursos importantes a nueva capacidad eólica y fotovoltaica. La remuneración de la disponibilidad de generación firme y el mantenimiento de inercia en el sistema recibieron menos atención relativa. El calendario de cierre de centrales convencionales se mantuvo. El 28 de abril de 2025, el sistema operaba con una penetración de renovables intermitentes superior al 70 % y con reserva rodante insuficiente. El colapso se produjo.

En la Comunidad Valenciana, existían estudios de inundabilidad y fondos teóricamente disponibles para obras de drenaje y laminación. La ocupación de zonas de riesgo continuó. Cuando llegó la DANA del 29 de octubre de 2024, los avisos meteorológicos no se tradujeron en alertas tempranas eficaces a la población. Más de 220 personas murieron.

En los tres casos, el dinero existía o se podía haber reasignado. La prioridad política no fue cerrar las brechas técnicas conocidas antes de que produjeran víctimas.

La ideología como criterio de asignación

La corrupción progresista opera mediante la elevación de objetivos ideológicos a criterio principal de decisión. En el ferrocarril, la liberalización se presentó como modernización europea y beneficio para el ciudadano. Esa presentación justificó mantener e incrementar el tráfico en una línea cuyo sistema de señalización principal estaba reconocido como obsoleto. En energía, la descarbonización acelerada se convirtió en el eje del relato. Las advertencias sobre estabilidad del sistema quedaron subordinadas al anuncio de récords de generación renovable. En la gestión del territorio y de las emergencias, la atribución predominante al cambio climático sirvió para explicar la magnitud de la DANA sin detenerse en la misma medida en los retrasos de alerta y en la planificación urbanística.

Este criterio no elimina el gasto. Lo orienta. Se financian proyectos visibles y alineados con el relato —nuevas frecuencias, nueva potencia renovable, declaraciones de emergencia climática— mientras se difieren las actuaciones menos visibles pero decisivas para la seguridad: la sustitución completa de un sistema de señalización, el mantenimiento de reserva rodante, la restricción efectiva en zonas inundables o la activación temprana de alertas. El resultado es un desequilibrio entre lo que se anuncia y lo que protege.

De la prioridad ideológica a la cadena de fallos

La conexión entre esas prioridades y las muertes no es abstracta. En Adamuz, el defecto de nivelación estaba registrado. La normativa de Adif exigía intervención. El tráfico había aumentado. La rotura del carril mató a 46 personas. En Urda, el comportamiento del LZB ante fallos estaba documentado desde 2022. Los protocolos permitían autorizar marcha normal. El centro de control lo hizo. Transcurrieron diecisiete minutos. Murieron 69 personas. En el apagón del 28 de abril de 2025, la baja inercia era una condición conocida. El sistema colapsó. En Valencia, los avisos de AEMET existían. La alerta a la población llegó tarde.

En ninguno de estos casos faltó información técnica previa. Faltó la decisión de anteponer la corrección del riesgo a la continuidad del relato y de la actividad. Esa decisión es política. Corresponde al Gobierno que fija las prioridades del ministerio, de Adif y de la política energética. Cuando esas prioridades colocan la imagen de liberalización exitosa o de liderazgo climático por encima de la finalización de las migraciones técnicas y del refuerzo de los márgenes de seguridad, el dinero se gasta, pero no se gasta primero en lo que evita las muertes.

La opacidad como complemento

La corrupción progresista se completa con la gestión de la información. Tras los accidentes, la primera reacción ha sido anunciar investigaciones y limitar la difusión de los elementos que permiten reconstruir la secuencia —los audios de Urda, los registros de inercia del sistema eléctrico, los tiempos exactos de activación de alertas en Valencia—. Esa opacidad no oculta un desvío de fondos en sentido clásico. Oculta, temporalmente, la relación entre las prioridades políticas y los fallos concretos. Permite mantener el relato de que se trata de incidentes técnicos o de fenómenos extremos mientras se anuncian medidas futuras. El coste de esa opacidad se paga en la dificultad de exigir correcciones antes de la siguiente catástrofe.

Conclusión

La corrupción progresista, entendida como la subordinación sistemática de las decisiones técnicas de seguridad a prioridades ideológicas y de relato, es una causa directa de las consecuencias en vidas humanas analizadas en este libro. No porque alguien haya desviado una partida concreta hacia un bolsillo privado en cada accidente, sino porque el modelo de gobierno ha orientado el dinero, la atención y los calendarios hacia lo que sostiene la imagen de modernidad progresista, mientras dejaba abiertas las brechas que Adif, los gestores eléctricos y los servicios de emergencia ya habían identificado.

Adamuz, Urda, el Gran Apagón y la DANA de Valencia no son sucesos inconexos. Son manifestaciones de un mismo criterio de asignación: primero el relato, después la corrección de los riesgos conocidos. Ese criterio ha tenido un coste medible en muertos. Este capítulo ha descrito esa causa. El capítulo final examinará si es posible interrumpirla.