Marlaska está obligado a dimitir o que lo cesen

Los artículos 15 y 21 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial establecen un régimen de reserva y dependencia funcional directa respecto al juez instructor. En el caso del informe del CENIF entregado a la jueza María Tardón sobre la entrada masiva en Ceuta (30-31 de julio de 2026) y la posible implicación de autoridades marroquíes, estos preceptos explican por qué la Policía no tenía obligación legal de informar al ministro Fernando Grande-Marlaska.

Qué dicen exactamente los artículos

Artículo 15
Los funcionarios de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial deben guardar rigurosa reserva sobre la evolución y el resultado de las investigaciones concretas que les hayan encomendado, así como de toda la información que obtengan a través de ellas.
El incumplimiento puede dar lugar a sanción disciplinaria (y, en su caso, a otras responsabilidades).
El intercambio interno de información dentro de la propia unidad está permitido, salvo prohibición expresa del juez o fiscal competente.
Artículo 21
Una vez iniciado el procedimiento penal, el juez (o el fiscal) se entiende directamente con el jefe de la unidad policial correspondiente, sin necesidad de acudir a instancias administrativas superiores.
El jefe policial debe poner a disposición los funcionarios necesarios y la autoridad judicial puede citarlos cuantas veces quiera para dar instrucciones, marcar líneas de actuación y controlar la evolución de la investigación.
Estos preceptos se complementan con los artículos 10, 11 y 12 del mismo Real Decreto:

• Dependencia funcional de los jueces y fiscales (no de la cadena de mando administrativa del Ministerio del Interior).
• Las órdenes judiciales prevalecen sobre las instrucciones de los superiores policiales.
• Los agentes deben informar a la autoridad judicial “en los términos y forma que la misma haya dispuesto”.

Aplicación al informe sobre Ceuta y Marruecos

La jueza Tardón (Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional) pidió el informe al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Según las informaciones publicadas, la magistrada ordenó expresamente que el contenido se comunicara únicamente a ella (“sólo se podía informar a su señoría”) y no a otros organismos ni a superiores, para evitar injerencias políticas.
Esa instrucción judicial activa la excepción del artículo 15: existe prohibición expresa de compartir la información. Por tanto, los investigadores que actuaban como Policía Judicial no podían trasladar el contenido del informe al director general de la Policía ni al ministro del Interior sin autorización de la jueza.
El propio director general, Francisco Pardo, ha respondido a Marlaska que no conoció el documento previamente precisamente porque la jueza había dado esa orden. Este mismo 2 de septiembre de 2026 la magistrada autorizó finalmente que los superiores accedieran al informe.

Qué implica esto respecto a Marlaska

1. No había obligación legal de informarle sobre el contenido de este informe concreto, porque no era un documento interno de inteligencia operativa destinado al Ministerio, sino un informe elaborado a requerimiento judicial y bajo dirección de la jueza.
2. La carta que Marlaska envió al director general pidiendo explicaciones sobre “desde cuándo disponía la Policía de esa información” entra en tensión con el régimen de reserva que establece el Real Decreto. Los agentes estaban sujetos a la autoridad judicial, no a la cadena administrativa del Interior.
3. Existe un precedente personal: cuando Grande-Marlaska era juez (caso Faisán, 2006), él mismo ordenó por escrito a los investigadores policiales que se abstuvieran “en todo caso de informar a sus superiores” y que informaran solo al juzgado. Es decir, aplicó entonces el mismo principio que ahora se invoca frente a él.
   En resumen, los artículos 15 y 21 configuran un sistema en el que, una vez que una unidad policial actúa como Policía Judicial bajo mandato expreso de un juez, la información queda sujeta a reserva judicial. Si el juez prohíbe expresamente compartirla con superiores administrativos, ni el director general ni el ministro pueden exigirla por la vía orgánica habitual. Eso no impide que el Gobierno reciba otros informes de inteligencia o alertas operativas (como las previas a la avalancha), pero sí delimita claramente el estatuto de este documento concreto entregado a la Audiencia Nacional.