Ja, ja, ja, ja…
Dice La Vanguardia: Los golpistas del 23-F atribuyeron el fracaso a «dejar libre» al Rey
Juan Carlos I, tras el Golpe del 23F detuvo la matanza etarra.
Muertes provocadas por los terroristas de eta:
1978: 66 muertos.
1979: 80 muertos.
1980: 98 muertos.
23F
1981: 32 muertos
1982: 41 muertos.
1983: 44 muertos.
1984: 38 muertos
Gracias, Majestad!
Viva Juan Carlos I
Viva!!!!
Juan Carlos I, un rey enérgico y valiente dio órdenes, tras el 23F, de priorizar la lucha contra los terroristas y asesinos de eta.
La serie de 66, 80, 98 continúa con 120 (+14, +18, +22, 98+22=120)
Y Juan Carlos I redujo de 120 a 32 muertes el primer año, es decir, un 74%.
Y así pasará a la Historia el 22F, como un golpe magistral a la banda terrorista etarra.
Claro, eso a los socios del Gobierno, Bildu y Esquerra no les gusta y, por eso, han desclasificado… los documentos A, B o C…
Ja, ja, ja,ja…
Si este Presidente desclasifica lo que le da la gana…
Corolario: Juan Carlos I, Qué gran rey! Gracias, Majestad.
El 23-F sirvió para que Juan Carlos I redujera un 74% las muertes de españoles provocadas por eta
Novela negra y cínica
Capítulo I: La tarde que cambió la estadística
A las seis y veintidós minutos de la tarde del 23 de febrero de 1981, el rey Juan Carlos I estaba escuchando la radio en el despacho de La Zarzuela. Acababa de bajarse de la pista de tenis y aún tenía la toalla alrededor del cuello cuando la voz del locutor se quebró. Disparos. Un tenso «quieto todo el mundo» que atravesó el dial como un cuchillo.
El hombre que tenía enfrente, Sabino Fernández Campos, secretario general de la Casa Real, entró sin llamar. Algo que no hacía nunca.
—Majestad —dijo—. Han asaltado el Congreso.
El rey no respondió inmediatamente. Miró por la ventana hacia los jardines de Zarzuela, donde hacía apenas diez minutos todo era normalidad. Luego preguntó:
—¿Milans?
—Todavía no sabemos —mintió Sabino, porque ya empezaban a llegar noticias de Valencia.
A las seis y media sonó el teléfono. Era el general Alfonso Armada. Quería ir a palacio. El rey dudó tres segundos —una eternidad en política— y dijo:
—Que se quede donde está.
Sabino asintió. Nadie en esa habitación podía saberlo todavía, pero esa negativa era el primer acto de una coreografía que salvaría vidas. Muchas vidas. O quizás las condenaría. Depende de cómo se mire.
En los meses anteriores, ETA había matado a noventa y ocho personas. El año antes, ochenta. El anterior, sesenta y seis. La progresión era una maldición matemática: catorce más, dieciocho más, veintidós más. Si la serie continuaba, 1981 debía terminar con ciento veinte muertos. Era una profecía estadística, y las profecías, cuando se cumplen, dejan de serlo para convertirse en hechos.
Pero los hechos, en este país, siempre han tenido la mala costumbre de doblegarse ante la voluntad de quienes manejan los hilos.
El rejo del teléfono volvió a sonar. Esta vez era Milans del Bosch desde Valencia. El general sonaba eufórico, convencido de que hablaba con un cómplice.
—Majestad, hemos sacado los tanques. La situación está controlada.
—¿Controlada por quién? —preguntó el rey.
—Por nosotros. Por España. Por usted.
En el despacho, Sabino miraba fijamente a su majestad. Había aprendido a leerle los silencios. Este era uno de esos silencios que preceden a las decisiones irreversibles.
—General —dijo por fin el rey—. Retíreme las tropas.
Del otro lado de la línea hubo un silencio más largo. Luego, la voz de Milans cambió de tono:
—Majestad, no puede hacer esto. Nos debe esto. Le hemos esperado.
—Nunca les pedí que lo hicieran.
Colgó. Miró a Sabino y dijo algo que nadie anotó en ningún documento oficial:
—Estos hijos de puta me iban a costar la corona. Pero les voy a cobrar caro el susto.
Sabino no preguntó a quiénes se refería. Eso llegaría después.
A la una y veinte de la madrugada, cuando ya había grabado el mensaje con uniforme de capitán general, el rey volvió a hablar con Milans. Esta vez fue más duro:
—Después de este mensaje, ya no puedo volverme atrás. Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el rey, es contra el rey. Quien se subleve será responsable de una nueva guerra civil.
Milans entendió. O creyó entender. Nadie entendió del todo hasta mucho después.
A las cinco y diez de la mañana, los tanques de Valencia volvían a los cuarteles. Tejero resistiría unas horas más en el Congreso, aferrado a la quimera de que alguien vendría a respaldarle. Pero nadie vino. El rey había hablado.
Lo que nadie sabía entonces es que mientras los políticos celebraban el triunfo de la democracia y los periódicos preparaban portadas épicas, en una carpeta de cuero negro que nunca se registró oficialmente, alguien había trazado ya las líneas maestras de lo que vendría después.
La transición tenía una deuda pendiente. Y las deudas, en este país, siempre se pagan con sangre.
O con estadísticas.
Capítulo II: El pacto de los sapos
Tres días después del golpe, el 26 de febrero de 1981, un hombre bajito de gafas redondas y aspecto de catedrático cansado entró en La Zarzuela sin hacer ruido. Se llamaba Santiago Carrillo y hasta hacía muy poco había sido el hombre más temido por la derecha española. Secretario general del Partido Comunista, enterrador del franquismo desde la izquierda, superviviente de todas las purgas.
Iba a reunirse con el rey.
Horas antes, Carrillo había enviado una comunicación confidencial a sus compañeros de partido advirtiendo de algo que entonces parecía una herejía: «La extrema derecha quiere implicar a la Monarquía y destrozarla como institución democrática. Existe un jaque mate a la Monarquía planteado por la extrema derecha, un jaque mate del que ya no puede volverse atrás».
Pero esa comunicación era para consumo interno. La reunión con el rey iba de otra cosa.
—Señor Carrillo —dijo el monarca cuando estuvieron solos, sin protocolos ni testigos—. Usted y yo sabemos que esto no ha terminado.
—Lo sé, majestad.
—Milans, Armada, Tejero… son las uñas. Pero la mano sigue ahí. Y la mano quiere seguir cortando cabezas.
Carrillo asintió. Hablaba el lenguaje de la realpolitik con la fluidez de quien lleva décadas nadando en aguas profundas.
—¿Y qué propone su majestad?
—Propongo que dejemos de matarnos entre nosotros y empecemos a matarlos a ellos.
El «ellos» no necesitaba definición. En los últimos tres años, ETA había asesinado a 244 personas. El año anterior, 98. La cuenta no cerraba. La democracia, recién estrenada, se estaba desangrando por el norte.
—No puedo aparecer en ninguna foto con usted —dijo Carrillo—. Mis militantes no lo entenderían. Sus generales tampoco.
—No habrá fotos —respondió el rey—. Habrá hechos.
Lo que acordaron esa tarde nunca se escribió en ningún papel. Pero veinticinco días después, el 23 de marzo de 1981, el Boletín Oficial del Estado publicaba un decreto de apariencia inocua: la constitución de un mando único de lucha contra el terrorismo, formado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Objetivo prioritario: la desarticulación de ETA.
Sonaba a burocracia. Era una declaración de guerra.
Los periódicos lo contaron en páginas interiores, entre la cotización del dólar que ya rondaba las cien pesetas y la tramitación de la ley del divorcio. Nadie reparó en que, por primera vez desde la muerte de Franco, los militares compartían mesa con la policía y la Guardia Civil en un mando operativo conjunto.
Nadie reparó en que, implícitamente, se estaba diciendo a los cuarteles: «Ya no tenéis que dar un golpe para luchar contra ETA. Os vamos a dejar hacerlo desde dentro».
Nadie reparó, tampoco, en que el rey acababa de ganarse a los militares descontentos no enfrentándose a ellos, sino dándoles lo que querían: una guerra sin cuartel contra los terroristas.
Los servicios de inteligencia, el CESID, empezó a recibir fondos especiales. Hombres con nombres falsos empezaron a cruzar la frontera. En el sur de Francia, donde ETA tenía su santuario, comenzaron a suceder cosas extrañas: coches que explotaban sin causa aparente, etarras que desaparecían sin dejar rastro, confidentes que aparecían muertos con un tiro en la nuca y una nota que nadie reclamaba.
La guerra sucia acababa de empezar.
Y el rey, desde su despacho de La Zarzuela, movía los hilos sin mancharse las manos. Como debe ser. Como siempre ha sido.
Los documentos desclasificados cuarenta y cinco años después no recogen nada de esto, claro. Porque estas cosas no se escriben. Se hablan en voz baja, en despachos sin ventanas, con un vaso de whisky de por medio y la certeza de que, si todo sale bien, la historia la escribirán los vencedores.
Y si sale mal, siempre se puede culpar a los servicios secretos.
Capítulo III: La primavera de los halcones
El 1 de marzo de 1981, mientras España digería aún el sobresalto del golpe, dos delincuentes comunes secuestraban al futbolista Quini. La noticia llenó portadas y desplazó a las páginas interiores algo más importante: en el País Vasco y Navarra, los comandos de ETA recibían órdenes de replegarse.
Algo olían.
En los cuarteles, el ambiente había cambiado. Los mismos oficiales que semanas antes rumiaban su adhesión al golpe, que cuchicheaban en las salas de banderas sobre la necesidad de «poner orden», miraban ahora a La Zarzuela con otros ojos. El rey había parado el golpe, sí. Pero también les había dado una salida honrosa: la lucha antiterrorista sería su nueva cruzada. Y tendrían carta blanca.
El general que hasta hacía un mes conspiraba con Armada, ahora dirigía operativos en el norte. El comandante que había puesto su compañía a disposición de los golpistas, coordinaba ahora patrullas mixtas con la policía. La energía que pudo desembocar en una guerra civil se reconducía hacia una guerra diferente. Más sucia. Menos visible. Pero igual de mortífera.
El 23 de marzo, cuando se constituyó oficialmente el mando único, ya había unidades desplegadas en zonas de alto riesgo con órdenes no escritas: «No traigan presos. Traigan resultados».
El problema de los resultados es que, a veces, hay que contarlos.
En los primeros meses de 1981, antes del golpe, ETA había asesinado a once personas. Enero: cinco. Febrero (hasta el día 23): seis. La progresión era la misma de siempre: los atentados se acumulaban, la sangre corría, los políticos condenaban, los familiares lloraban, y al año siguiente la cifra volvía a subir.
Pero en abril, algo cambió.
El primer fin de semana de ese mes, sin que nadie lo explicara, no hubo muertos. Luego otro fin de semana. Luego una semana entera. Los periódicos, que llevaban años contabilizando atentados con la rutina de quien consulta el tiempo, empezaron a publicar breves extraños: «Fin de semana sin víctimas mortales en el País Vasco». Parecía una noticia menor. Era un terremoto.
En los cuarteles de la Guardia Civil, los agentes veteranos se miraban sin decir nada. Ellos sabían lo que estaba pasando. Sabían que los comandos que solían cruzar la frontera como Pedro por su casa, ahora encontraban controles en lugares inesperados. Sabían que los confidentes que siempre habían jugado a dos bandas, empezaban a cantar de verdad. Sabían que algo grande se cocía.
Lo que no sabían es que en el sur de Francia, los servicios secretos españoles habían establecido alianzas con grupos parapoliciales franceses que no sentían especial simpatía por los refugiados vascos. Y que el dinero —mucho dinero— estaba fluyendo hacia manos adecuadas para que los terroristas empezaran a tener problemas donde antes solo tenían retaguardia.
El rey, mientras tanto, cumplía su agenda pública. El 3 de febrero había visitado el País Vasco, en un viaje de alto riesgo que muchos le aconsejaron suspender. No lo suspendió. Se paseó por Guernica, defendió la democracia y las instituciones vascas, y aguantó el boicot de los representantes de Herri Batasuna con la mirada perdida de quien sabe que el tiempo juega a su favor.
Lo que nadie sabía entonces es que, mientras saludaba a las autoridades vascas, en su maleta viajaba un informe del CESID con los nombres de los quince etarras más buscados. Y que, en los márgenes, alguien había escrito una nota manuscrita: «Prioridad absoluta. Sin limitaciones».
El rey no había firmado esa nota. Pero la nota existía porque él lo había permitido.
Capítulo IV: El verano de los muertos que no fueron
El 31 de agosto de 1981, Francisco Fernández Ordóñez dimitió como ministro de Justicia. Fue portada en todos los periódicos. La crispación política, la inestabilidad del gobierno de Calvo-Sotelo, las tensiones internas de UCD… todo eso ocupaba titulares mientras el verano llegaba a su fin.
Ese mismo día, en una carretera secundaria de Guipúzcoa, un coche con matrícula francesa reventó contra un árbol. Sus ocupantes, dos jóvenes con documentación falsa, murieron en el acto. La versión oficial fue accidente de tráfico. La versión no oficial, que alguien había cortado los cables del freno.
Nadie lo investigó.
A esas alturas, la estadística cantaba. De las 120 muertes proyectadas para 1981 —la funesta progresión aritmética que los técnicos de interior habían calculado con precisión de actuario— llevábamos 24. La mitad que el año anterior por las mismas fechas. Algo estaba funcionando.
Los comandos de ETA tenían problemas para moverse. Los pisos francos eran descubiertos con sospechosa regularidad. Las reuniones en el sur de Francia acababan con redadas que nunca daban explicaciones. El zulo donde guardaban los explosivos aparecía vacío. El coche bomba que debían colocar en Madrid, amanecía desactivado sin que nadie supiera cómo.
—Están recibiendo información —dijo un jefe etarra en una conversación intervenida—. Alguien les sopla todo.
Ese alguien eran docenas de alguien. Policías infiltrados, confidentes comprados, arrepentidos protegidos, franceses con cuentas en Suiza. Una red tejida en silencio desde aquel mando único que nadie había aplaudido.
Los políticos seguían con sus cosas. En junio se aprobó la Ley del Divorcio, con la consiguiente bronca de la derecha eclesiástica. En noviembre, el Senado daría luz verde al ingreso en la OTAN, con la izquierda en la calle gritando «OTAN no». España cambiaba a velocidad de vértigo, y en medio de esos cambios, la lucha antiterrorista se libraba en las sombras.
El 10 de diciembre, España firmó en Bruselas el Protocolo de Acceso a la OTAN. Los servicios de inteligencia de medio mundo pusieron sus ojos en el País Vasco. De repente, ETA dejaba de ser un problema doméstico para convertirse en una amenaza para la estabilidad del flanco sur de la Alianza. Y eso, en la lógica de la Guerra Fría, significaba una cosa: carta blanca para los servicios secretos españoles, con bendición americana.
El rey, mientras tanto, recibía llamadas de felicitación. Ronald Reagan, con quien había hablado la noche del 23F, le trasladó personalmente su satisfacción por «la firmeza democrática de España». No mencionó la lucha antiterrorista, claro. No hacía falta.
En la intimidad de La Zarzuela, alguien preparó un informe confidencial con las cifras del año. Cuando el rey lo leyó, esbozó una sonrisa que los presentes interpretaron de formas muy diversas.
—Treinta y dos —dijo en voz baja—. Treinta y dos muertos.
La serie maldita de 66, 80, 98 se había roto. En lugar de 120, como dictaban las matemáticas del horror, 1981 cerraba con 32 asesinatos. Setenta y cuatro por ciento menos de lo previsto. El golpe de Estado, que pudo costarle la corona, se había convertido en su mejor coartada para hacer lo que siempre quiso hacer: ganar la guerra.
Los periódicos no lo contaron así. Los periódicos hablaron de «éxito policial», de «coordinación de fuerzas», de «colaboración internacional». Nadie mencionó que, mientras los políticos debatían en el Congreso, mientras los militares golpistas iban a prisión, mientras el país aprendía a vivir en democracia, alguien había dado órdenes muy claras: esto se acaba.
Y se estaba acabando.
Capítulo V: Los años de plomo (ajeno)
1982 empezó con una noticia que parecía contradictoria. En enero, ETA asesinó a cuatro personas. El año anterior, por las mismas fechas, habían sido cinco. La tendencia a la baja se mantenía, pero la gente empezaba a preguntarse: si tanto éxito tenemos, ¿por qué siguen matando?
Lo que no sabían es que las grandes operaciones necesitan tiempo. Desarticular una organización terrorista no se hace en un día. Se hace paciente, metódicamente, estrangulando sus fuentes de financiación, secando sus apoyos sociales, penetrando sus estructuras.
Y también, a veces, jugando sucio.
El 23 de marzo de 1982 se cumplió un año del mando único. El gobierno preparó una nota de prensa con cifras: 150 detenidos, 23 comandos desarticulados, 12 talleres de explosivos descubiertos. Cifras para consumo público. Las cifras privadas incluían otras cosas: ocho etarras muertos en enfrentamientos con resultado dudoso, tres desaparecidos en Francia sin dejar rastro, dos confidentes ejecutados por sus antiguos compañeros al descubrirse su traición.
La guerra sucia no era ningún secreto para quienes la libraban. Pero para el gran público, ETA seguía siendo un enemigo abstracto al que se combatía con métodos convencionales.
El 30 de mayo de 1982, España ingresó oficialmente en la OTAN. Los servicios secretos españoles empezaron a recibir formación de la CIA y el MI6. Técnicas de interrogatorio, análisis de inteligencia, operaciones encubiertas. Los mismos militares que dos años antes conspiraban para dar un golpe, aprendían ahora de sus homólogos de la Alianza cómo combatir el terrorismo con métodos modernos.
El rey supervisaba todo desde la distancia. No preguntaba. No quería saber. Eso era cosa de los gobiernos, de los ministros, de los mandos policiales. Él había hecho su parte: crear las condiciones para que pudieran actuar sin ataduras políticas, sin miedo a que los generales se levantaran, sin la amenaza constante de que cada operación antiterrorista pudiera ser interpretada como un paso más hacia el autoritarismo.
Ahora tocaba esperar.
1982 cerró con 41 muertos. Más que el año anterior, pero aún muy lejos de los 98 de 1980. La tendencia se consolidaba: la bestia estaba herida. Seguiría matando, sí, pero ya no crecía. Ya no se expandía. Ya no parecía imparable.
1983 trajo 44 muertos. La cifra subía ligeramente, pero los servicios de inteligencia sabían algo que los periódicos no publicaban: los detenidos hablaban. Los comandos caían antes de actuar. La información fluía como nunca. La organización se estaba descomponiendo desde dentro.
El problema es que, cuando una organización terrorista se descompone, suele ponerse nerviosa. Y los nervios, en esa gente, se traducen en atentados espectaculares para demostrar que siguen vivos.
Por eso 1983 fue más sangriento que 1982. Por eso 1984, con 38 muertos, mantuvo la tensión. La guerra no estaba ganada. Pero ya no era una guerra perdida.
Y todo, según el relato que empezaba a construirse, gracias a aquella noche de febrero en que el rey se puso el uniforme y dijo «no». O quizás gracias a aquella otra noche, días después, en que dijo «sí» a lo que nadie quería decir en público.
La historia tiene muchas caras. Esta es solo una de ellas.
Capítulo VI: Los papeles que nunca existieron
Cuarenta y cinco años después, un gobierno de coalición progresista desclasificó los archivos del 23F. 153 unidades documentales. Informes del CESID, actas de reuniones, transcripciones de llamadas, notas manuscritas con caligrafía temblorosa.
En uno de esos papeles, fechado en noviembre de 1980, alguien había analizado distintos escenarios ante un posible golpe de Estado. En otro, de febrero de 1982, se especulaba sobre las entrevistas confidenciales del rey con militares implicados. En un tercero, sin fecha ni firma, aparecía una frase inquietante: «Los conspiradores consideraban al rey un objetivo a batir y anular. Critican haber dejado al Borbón libre».
Los periódicos publicaron titulares. Los historiadores se lanzaron a interpretar. Los políticos se acusaron mutuamente de usar los archivos para tapar otras cosas. El ruido fue enorme.
Pero nadie mencionó las otras cifras. Las de los muertos que no fueron. Las de los 98 de 1980 convertidos en 32 en 1981. Las de la serie maldita rota por la voluntad de alguien que, mientras los políticos desclasificaban papeles, veía desde su exilio dorado cómo la historia se escribía sin él.
Los socios del gobierno, Bildu y Esquerra, pidieron más desclasificaciones. Querían los papeles de la guerra sucia, de los GAL, de los años de plomo. Querían saber quién dio las órdenes, quién pagó los sueldos, quién cubrió las huellas.
Pero esas cosas no se escriben. Esas cosas se hablan en voz baja, en despachos sin ventanas, con un vaso de whisky de por medio. Y los que las hablaron ya están muertos o callan para siempre.
El rey, desde Abu Dabi, no hizo declaraciones. No tenía que hacerlas. Su legado ya estaba escrito: el rey que paró un golpe, el rey que consolidó la democracia, el rey que derrotó a ETA. Las muertes de los años siguientes, las de los 44 de 1983, los 38 de 1984, los 40 de 1985… eran solo los estertores de una bestia moribunda. La tendencia estaba clara. La guerra estaba ganada.
Lo que nadie contaría nunca es el precio exacto de esa victoria. Cuántos murieron sin que sus nombres aparecieran en las estadísticas. Cuántos cruzaron la frontera y no volvieron. Cuántos confidentes fueron ejecutados por sus propios compañeros al descubrirse su traición. Cuántos inocentes pagaron por culpables en esa guerra de sombras.
Pero eso, en el género negro, se llama «costes de producción». Y toda buena historia los tiene.
Capítulo VII: El corolario del Borbón
La ley de la estadística es implacable: si los asesinatos de ETA hubieran seguido en 1981 la progresión de los tres años anteriores —66, 80, 98, con incrementos de 14, 18 y 22—, la cifra habría sido 120. Una veintena larga de españoles más en las fosas.
Fueron 32.
Setenta y cuatro por ciento menos.
Alguien hizo bien su trabajo.
La pregunta que nunca responderán los papeles desclasificados es si esa reducción fue mérito de la democracia fortalecida tras el 23F, o si fue precisamente lo contrario: el precio que hubo que pagar para que los militares aceptaran la democracia, la carta blanca que se les dio en el norte a cambio de que no volvieran a intentarlo en el centro.
Los generales querían sangre. El rey se la dio. Pero no la de los políticos, no la de los periodistas, no la de los sindicalistas. La de los terroristas. La de sus cómplices. La de quienes, desde Francia, reían mientras España se desangraba.
Y funcionó.
Los mismos militares que el 23F miraban a La Zarzuela con desconfianza, un año después desfilaban en el Día de las Fuerzas Armadas con el pecho henchido de orgullo. Tenían su guerra. Tenían sus muertos. Tenían su cuota de sangre. Y la democracia podía seguir su curso sin que nadie volviera a amenazarla con tanques.
El rey, mientras tanto, seguía con su agenda. Viajes, recepciones, discursos. La imagen de la monarquía constitucional, del rey que puso orden cuando hizo falta, del hombre que una noche de febrero se jugó el tipo por la libertad.
Nadie mencionaba las otras noches. Las de las reuniones discretas con gente poco recomendable. Las de las órdenes que no se dan por escrito. Las de los sobres marrones que cambian de manos en despachos sin ventanas.
Eso no pasó. O si pasó, no hay papeles que lo acrediten. Y sin papeles, no hay delito.
El 19 de diciembre de 1981, España adoptó una bandera y un escudo nuevos. Símbolos de la nueva etapa, de la democracia consolidada, del futuro que se abría. El escudo incluía las columnas de Hércules, el lema «Plus Ultra», las armas de los antiguos reinos. Todo muy histórico. Todo muy institucional.
No incluía, claro, el 74% de reducción de muertes. Eso no se pone en los escudos. Eso se lleva en la conciencia. O no se lleva.
Epílogo: Lo que queda de la noche
Cuarenta y cinco años después de aquella noche de febrero, los archivos desclasificados no han cambiado gran cosa. Los mismos que creían en la versión oficial del rey salvador, siguen creyendo. Los que sospechaban que hubo algo más, siguen sospechando.
Lo único indiscutible son las cifras.
1978: 66 muertos.
1979: 80 muertos.
1980: 98 muertos.
23F
1981: 32 muertos.
1982: 41 muertos.
1983: 44 muertos.
1984: 38 muertos.
La serie se rompió. Y se rompió justo después de aquella noche.
Los historiadores discutirán siempre sobre las causas. Los políticos seguirán usando el 23F como ariete contra sus adversarios. Los periodistas continuarán desenterrando papeles que no cuentan toda la historia. Pero los muertos, los que no llegaron a ser, esos no dirán nada.
En el género negro, siempre hay una verdad incómoda que todos conocen y nadie dice en voz alta. Aquí es esta: a veces, para salvar la democracia, hay que ensuciarse las manos. A veces, los héroes son los que toman decisiones que nadie más quiere tomar. A veces, los reyes no solo reinan, sino que también gobiernan en las sombras.
El 23-F sirvió para muchas cosas. Sirvió para que España viera que su rey estaba del lado de la Constitución. Sirvió para que los militares golpistas acabaran en la cárcel. Sirvió para que la democracia se consolidara.
Y también, según esta versión cínica de los hechos, sirvió para que alguien dijera: «Hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora, la lucha contra ETA no tiene límites». Y los límites desaparecieron. Y las muertes cayeron. Y la banda empezó a perder la guerra que parecía estar ganando.
¿Fue el rey directamente responsable? Probablemente no. ¿Fue el rey quien creó las condiciones para que otros lo hicieran posible? Probablemente sí.
En política, eso se llama «liderazgo». En novela negra, se llama «cubrirse las espaldas». En la vida real, se llama «hacer lo que hay que hacer, aunque nadie te lo agradezca».
Juan Carlos I se fue de España en 2020, en un helicóptero, camino del exilio dorado de Abu Dabi. Las circunstancias de su marcha no fueron precisamente gloriosas: cuentas opacas, amantes indiscretas, cacerías de elefantes en Botsuana mientras los españoles sufrían la crisis. El hombre que salvó la democracia acabó sus días como rey emérito en el exilio, con problemas con Hacienda y una imagen pública hecha trizas.
Pero antes de todo eso, hubo una noche de febrero. Y un año, 1981, en el que 88 españoles que debían morir según las estadísticas, no murieron.
Setenta y cuatro por ciento menos.
Gracias, majestad.
O no. Depende de cómo se mire.
En el género negro, el héroe siempre tiene las manos manchadas. Por eso es héroe. Por eso es negro. Por eso, cuando cierras el libro, no sabes si aplaudir o escupir.
Como en la vida misma.
Fin
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