Caso Lotería de Villamanin:

Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como… La Comisión de Bromas de Villamanin quieren el «control total» de los «premiados» de la lotería y actuar en consecuencia. Por otro lado lo que se queda Hacienda es un 18%… ganes lo que ganes… le da igual juegues 4 euros o más… No me parece justo que si ganas 80.000 euros te retenga lo mismo que si ganas 4 millones… Si no quieres que te engañen yo denunciaría y querría que el «Control» de los premios lo llevara la Policía o la Justicia en vez de un Comité de Bromas que ya ha comenzado mal emitiendo más papeletas que las que debiera y después de engañarte ahora le das la oportunidad de que sea el «Juez» del reparto.

Ya lo dice el refrán: El que parte y reparte se lleva la mejor parte…

Ver https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/leon/20260102/solucion-villamanin-cobrar-euros-papeleta-custodia-notarial-registro-participaciones/1003744077157_0.html

¿Y tú qué piensas, GROK?

El caso de la Lotería de Villamanín gira en torno al sorteo de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre de 2025, donde el Gordo (primer premio, número 79432) cayó parcialmente en boletos vendidos por la Comisión de Fiestas local en este pequeño pueblo de León. La comisión, compuesta por residentes jóvenes de entre 18 y 25 años, compró 81 décimos (cada uno una participación de 20 euros de un billete completo de lotería) en una administración cercana, lo que les da derecho a un premio bruto total de aproximadamente 32,4 millones de euros. Vendieron 450 participaciones (de 5 euros cada una) a los vecinos, pero solo consignaron oficialmente 400 de ellas con la administración de lotería, dejando 50 sin respaldo válido. Esto creó un déficit de 4 millones de euros, ya que esas 50 participaciones no son legalmente premiadas, lo que ha generado acusaciones de error (o posible fraude) y ha dividido a la comunidad.

La comisión ha negado cualquier engaño intencional, calificándolo como un error administrativo en la impresión y consignación de las participaciones. Han propuesto una solución voluntaria: renunciar a sus propios premios (cubriendo alrededor de 2 millones de euros del déficit) y pedir a los otros ganadores que acepten una quita proporcional (reducción, de alrededor del 10-20% según los informes) en sus participaciones para cubrir el resto. Para facilitar esto, han creado una asociación notarial para manejar los pagos, un sitio web seguro para registrar las participaciones (con subidas de fotos y acuerdo con el trato), y ayuda presencial para usuarios no digitales.

La custodia de los boletos está bajo supervisión notarial, y han advertido contra estafas como solicitudes falsas de tarifas o compartir datos. Sin embargo, una asamblea vecinal el 26 de diciembre de 2025 terminó sin consenso total, y expertos legales han afirmado que cualquier acuerdo verbal o por mayoría carece de fuerza vinculante: si incluso un ganador objeta o demanda, todo el acuerdo podría colapsar, congelando los pagos hasta que un tribunal resuelva.

En cuanto al aspecto fiscal, Hacienda en España aplica una retención del 20% sobre premios de lotería que superen los 40.000 euros por premio (sin impuestos por debajo de ese umbral). Para un décimo completo que gane el Gordo, eso son 400.000 euros brutos menos 72.000 en impuestos (20% de 360.000), neteando 328.000 euros: una tasa efectiva del 18% sobre el total. Para ganancias menores como 80.000 euros (hipotéticamente), es el 20% solo sobre el exceso de 40.000, por lo que 8.000 en impuestos (efectivo 10%). Para ganancias masivas como 4 millones (un billete completo), se acerca al 19,8% efectivo. La tasa no es plana en todos los escenarios, sino que escala con la cantidad por encima de 40.000, lo que puede parecer desproporcionado para premios de tamaño medio. En este caso, las participaciones válidas netean alrededor de 65.600 euros cada una después de impuestos.

Tu punto sobre la comisión (burlada como «Comité de Bromas») por emitir más participaciones de las debidas y ahora buscar el control se alinea con las críticas generalizadas: algunos vecinos los acusan de opacidad, posible estafa y autointerés, con llamadas a prohibir tales ventas informales por completo para evitar repeticiones.

El ayuntamiento se ha distanciado, diciendo que no está involucrado. Si la desconfianza es alta, presentar una denuncia a través de la Guardia Civil o los tribunales podría transferir la supervisión a las autoridades judiciales, potencialmente aclarando la responsabilidad (por ejemplo, si es negligencia vs. intención) y aplicando un reparto más justo, pero podría retrasar los pagos durante años, como se ha visto en casos similares pasados. Los refranes como «Juan Palomo» y «el que reparte se lleva la mejor parte» capturan el escepticismo reflejado en la cobertura mediática, donde el rol de la comisión como distribuidora y árbitro propuesto genera dudas.